La inseguridad jurídica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre también después de la STC de 16 de febrero de 2017 (Diego Marín-Barnuevo)

La inseguridad jurídica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre también después de la STC de 16 de febrero de 2017

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Nota previa: Este comentario fue escrito antes de que se conociera la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que declara inconstitucionales y nulos determinados artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Dicha sentencia merece un estudio específico que será publicado en breve, pero resulta oportuno destacar que todas las afirmaciones del presente comentario siguen siendo válidas, porque la STC sólo anula la norma foral de Guipúzcoa y, por tanto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se ve directamente afectada por dicha sentencia.

La regulación del IIVTNU ha sido muy criticada en los últimos años, porque la crisis económica ha determinado una pérdida de valor en los inmuebles que no tiene su correspondiente reflejo en la cuantificación de la obligación tributaria. Ello es debido a que las reglas de determinación de la base imponible cuantifican en un 3% anual el incremento de valor de los terrenos, en todo caso, con independencia de que durante ese tiempo se haya producido un incremento o un decremento de ese valor.

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La prestación local de los servicios ambientales (Carmen Navarro y David Alba)

La prestación local de los servicios ambientales

Carmen Navarro y David Alba

Universidad Autónoma de Madrid

Dentro de unos días se presentará el II Informe de Políticas Públicas Locales en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid -continuación del realizado el pasado año- elaborado en el Instituto de Derecho Local en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Surgido con el afán de recopilar y analizar información sistemática sobre la planificación y el desarrollo de determinados sectores de gestión local a lo largo del tiempo, la presente edición del Informe presta especial atención a la política de medio ambiente en sentido amplio, que incluye no solo el cuidado de parques y jardines o la educación ambiental, sino también la gestión de residuos, la limpieza viaria o la movilidad. Así considerada, la política ambiental es una de las acciones nucleares de la gestión local, no solo por su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos sino también por su relevancia en los presupuestos municipales.

El estudio analiza diferentes aspectos de las políticas ambientales en trece municipios de mayor población de la Comunidad de Madrid, desde la priorización de los distintos temas ambientales en sus agendas, hasta la estructura organizativa, pasando por el estudio de las estrategias y acciones municipales específicas o las distintas formas de gestión con las que los ayuntamientos prestan los principales servicios en este sector.

Precisamente referido a este último aspecto, los ayuntamientos presentan una interesante diversidad. En la siguiente gráfica se muestran las formas de prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines, distinguiendo entre el desarrollo mediante un contrato con empresa privada, con personal propio o por medio de una empresa pública municipal. Se añade una categoría “mixta” dado que en algunos casos la prestación se lleva a cabo en distintas modalidades para diferentes zonas del municipio o para distintos aspectos del servicio.

Gráfico 1: Prestación de servicios públicos nucleares de la política municipal de medio ambiente.

Presentación3

Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario aplicado a responsables municipales de las políticas de medio ambiente.

 A modo general, hay que destacar el predominio de la gestión externalizada en las tres áreas presentadas, siendo minoritarios los casos de gestión enteramente municipal por medio de personal propio o empresa pública municipal.

En relación a la limpieza viaria se muestra cómo se encuentra altamente externalizada: en siete de los trece municipios estudiados se gestiona por empresa privada, en otros tres por parte de una empresa pública municipal y en los restantes tres municipios parte del servicio se presta con personal propio y parte es gestionado por empresa privada o pública municipal. El mantenimiento de parques y jardines refleja una mayor diversidad de formas de gestión ya que en ocho ocasiones es mixto, entre personal propio y empresa privada. En este sector se ha detectado una tendencia a la externalización del servicio, siendo cada vez mayor el porcentaje de área de zona verde gestionado por empresas externas que el mantenido por personal propio del Ayuntamiento. En general, en los municipios estudiados con gestión con personal propio, ésta supone menos del 25% de la superficie total de parques y jardines, excepto en un solo caso, en el que todas las zonas verdes son gestionadas por personal propio municipal. Por otro lado, tres ayuntamientos gestionan la totalidad de las zonas verdes con empresa privada y otro lo hace por medio de una empresa pública municipal.  La situación sobre la recogida de residuos es parecida a la de la limpieza viaria, pues en ocasiones forman parte del mismo servicio subcontratado. Así, es poco frecuente la prestación del servicio con medios propios: solo dos con personal del ayuntamiento y tres con empresas municipales. En dos casos la recogida es mixta entre personal propio y empresas externas. Los restantes seis municipios la realizan con empresas externas. Hasta aquí el mapa de situación.

Además de la fotografía fija que se captura a través del gráfico, hay que dejar constancia de algunas tendencias de cambio detectadas y de sus efectos. La crisis ha provocado transformaciones en la prestación dirigidas a alcanzar una mayor eficiencia intentando no ceder en la calidad. Los ayuntamientos han explorado diversas estrategias para el ahorro, siendo una de ellas la concentración de contratos, bien por zonas geográficas que antes eran gestionadas por separado, bien por la unión de varios servicios en un solo contrato, normalmente limpieza viaria y recogida de residuos. Igualmente se observan cambios en las condiciones de la contratación externa, pasando de centrarse únicamente en parámetros de gestión a hacerlo también en índices de calidad del servicio. Estas transformaciones generan nuevos escenarios que han de ser estudiados. Por ejemplo, si se incide en la fórmula de la medición de calidad se producirá un aumento de exigencia en el desempeño municipal para acometer adecuadamente las tareas de la medición y evaluación de los servicios. Todo ello en un contexto de poca cultura de la evaluación que, al tratarse de servicios ambientales, habrá que orientar no sólo a la dimensión administrativa del servicio, vigilando las condiciones del contrato en el caso de gestión por empresa privada, sino también a los efectos que sobre el medio está teniendo su ejecución. En este sentido, la incipiente utilización de la evaluación de los servicios ecosistémicos en la orientación del diseño de las políticas ambientales ofrece una oportunidad para la mejor implementación de estas políticas.

 

Movilidad local sostenible: oportunidades y límites (Sofía Simou)

Movilidad local sostenible: oportunidades y límites 

Sofía Simou

Instituto de Derecho Local-UAM

 

1. En estos últimos meses nos hemos encontrado frecuentemente con varios artículos en la prensa española que han criticado o alabado las distintas decisiones políticas municipales del Ayuntamiento de Madrid en relación con los incidentes de alta contaminación atmosférica que ha sufrido la capital española y las medidas de restricción al tráfico que ha activado el Consistorio para afrontarlos. En concreto, ante los incidentes, la reacción municipal implicó, el pasado mes de diciembre, la adopción de varias medidas que o bien desincentivaban el uso del vehículo privado como medio de transporte regular de los ciudadanos o directamente prohibían la circulación de los mismos en el distrito central de la ciudad. Entre aquellas pueden citarse: la reducción temporal de la velocidad en la principal carretera de circunvalación de la ciudad y sus principales accesos, el permiso de circulación de los vehículos en la almendra central de la ciudad dependiendo de los números de la matrícula (pares-impares), la prohibición de aparcamiento en el centro de la ciudad en los espacios de estacionamiento regulado, el cierre temporal de la calle principal de la ciudad (la calle Gran Vía) a la circulación de automóviles y, en varios momentos, la prohibición absoluta de circulación de los vehículos privados, que no pertenecieran a residentes, en todo el centro de la ciudad.

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El prorrateo de cuotas en el IBI: la sorprendente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 (Diego Marín-Barnuevo)

El prorrateo de cuotas en el IBI: la sorprendente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-UAM

Como es sabido, el IBI es un impuesto periódico, por lo que el legislador establece períodos impositivos anuales para vincular a cada uno de ellos una cuota tributaria autónoma. Además, el devengo tiene lugar el primer día del período impositivo, porque el legislador ha dispuesto el nacimiento de la obligación tributaria en ese momento (a diferencia de lo que sucede en los impuestos estatales, que se devengan el último día del período impositivo).

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El concepto del expediente administrativo en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común: más allá del ROF (Mónica Domínguez)

El concepto del expediente administrativo en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común: más allá del ROF

Mónica Domínguez Martín

Instituto de Derecho Local-UAM

 

Una de las novedades que incorpora la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) con respecto a su antecesora (la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJPAC) es que añade una definición expresa de lo que se ha de entender por “expediente administrativo”.

No estamos ante una cuestión exenta de trascendencia jurídica, puesto que la configuración en la normativa de qué se entiende por expediente administrativo ayuda a permitir el cumplimiento de la función revisora que realizan los Tribunales (artículo 106.1 de la Constitución) y es fundamental para articular la defensa de los particulares afectados por una actuación administrativa frente a la Administración o ante los tribunales. Así, los documentos integrantes del expediente son aquellos a los que pueden tener acceso los interesados y, además, pueden servir como elementos probatorios para la defensa de las diferentes posiciones procesales.

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¿Puede una empresa municipal ejecutar un contrato público para su Ayuntamiento? (Silvia Díez Sastre)

¿Puede una empresa municipal ejecutar un contrato público para su Ayuntamiento?

Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local – UAM

 

Bajo la denominación muy general de municipalización o reinternalización se pueden incluir fenómenos de muy diverso tipo y grado. Uno de ellos, objeto de estas líneas, consiste en que una empresa municipal se subrogue en la posición de concesionario de gestión de servicios públicos que venía desempeñando una empresa privada. Hablo de la posibilidad de que mediante una cesión del contrato, una empresa municipal pase a ser contratista de su propio ayuntamiento. Desde el punto de vista jurídico, esta operación puede plantear varios interrogantes. Algunos de ellos se refieren a la naturaleza de la cesión de modificación contractual regida por las exigencias del Derecho de la Unión Europea o al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa nacional para las cesiones de los contratos públicos. Pero quizás lo más novedoso de este supuesto es que nos obliga a perfilar los límites de la actividad que pueden desempeñar las sociedades mercantiles de titularidad pública en relación con sus entidades matrices. Surge, así, la pregunta en torno a si una empresa municipal puede ejecutar un contrato para su Ayuntamiento.

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Rehabilitación urbana: ante un nuevo proyecto de Ley del Suelo en Madrid (Francisco Velasco Caballero)

Rehabilitación urbana: ante un nuevo proyecto de Ley del Suelo en Madrid

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

Hace apenas dos semanas, la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la inminente aprobación de un proyecto de nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid. Que nadie se moleste en buscarlo, el anuncio público sigue el modelo de “comunicación-plasma” de otro conocido presidente: se oye, pero no se toca.

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Publicación de “Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario”

Publicación de “Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario”

Diego Marín-Barnuevo y César Martínez

Instituto de Derecho Local-UAM

El presente libro explica de forma esquemática los contenidos de la asignatura “Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario” que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido concebido y escrito con la finalidad de ayudar a los estudiantes a preparar dicha asignatura y, a tal efecto, ha tenido como principal objetivo identificar lo esencial de cada una de las lecciones para facilitar su estudio y repaso. Asimismo, respondiendo a una demanda fácilmente comprensible, el libro incluye algunos casos prácticos resueltos que también pretenden ayudar a preparar la parte práctica de la asignatura.

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Responsabilidad patrimonial de las sociedades municipales en la nueva LRJSP (Francisco Velasco)

Responsabilidad patrimonial de las sociedades municipales en la nueva LRJSP

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

 

A tres meses ya de que entren en vigor las nuevas leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), respectivamente, van surgiendo cuestiones cada vez más complejas y detalladas sobre los cambios introducidos respecto de la aún vigente Ley 30/1992 (LRJ-PAC). En el marco de un grupo de trabajo con el equipo jurídico del Ayuntamiento de Madrid, se ha planteado el significado y alcance del nuevo art. 35 LRJSP (sobre la responsabilidad patrimonial de entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de Administraciones públicas). Se trata de saber ahora, fundamentalmente, si las sociedades mercantiles municipales responden directamente de los daños que causen a terceros o si, siguiendo la pauta de una jurisprudencia preexistente (y dictada al amparo del art. 144 LRJ-PAC), por los daños causados por las sociedades mercantiles instrumentales responden los correspondientes ayuntamientos, como centro final de imputación de las actividad de sus sociedades. Tras la discusión en el grupo de trabajo, y aunque aquí las certezas son mínimas, creo que se puede sostener la interpretación que sigue.

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Informe sobre Políticas Públicas Locales en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (Carmen Navarro y Alfonso Egea)

Informe sobre Políticas Públicas Locales en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

Carmen Navarro y Alfonso Egea

Universidad Autónoma de Madrid

¿Cómo afecta el envejecimiento de la población a la gestión de las políticas públicas locales? ¿Qué impacto tiene el nivel de recursos económicos de las familias en la configuración de las acciones de los ayuntamientos en diferentes sectores? ¿Qué actuaciones concretas llevan a cabo los ayuntamientos en las áreas de actividad pública de las que son responsables? El nivel municipal es una pieza fundamental del sistema de gobierno multinivel y presenta un difícil equilibrio entre el amplio alcance de las demandas ciudadanas y la limitación de sus competencias y recursos. El Informe 2016 sobre políticas públicas locales en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid realiza un estudio comparado de la respuesta de los entes locales a diversas tendencias demográficas, económicas y estructurales. A través del examen de tres políticas (educación, medio ambiente y mayores), el estudio explora una amplia variedad de lógicas, actores y contextos en los procesos de decisión municipal y en la implementación de actuaciones y programas.

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