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¿5.000 euros por presentar un recurso? El perenne problema de la cuantificación de las tasas

Por  César Martínez Sánchez

Hace unos días, una compañera –notablemente indignada– me comunicaba que se había creado una nueva tasa relativa al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se obligaba a los recurrentes a abonar una cuota que oscilaba entre un mínimo de 750 y un máximo de 5.000 euros (aquí está enlazada la ley de creación). La cuantía de la tasa depende directamente del valor estimado del contrato que es objeto de recurso, reclamación o cuestión de nulidad, de suerte que cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será la cuota tributaria a satisfacer.


Se podría sostener que esta cuantificación responde al principio de capacidad económica (art. 31.1 CE) en tanto que la obligación tributaria aumenta al tiempo que crece la riqueza manifestada (“se debe en función de que se tiene”). Sin embargo, el índice utilizado para medir la capacidad contributiva del sujeto pasivo –en este caso, el valor del contrato objeto del litigio– resulta técnicamente defectuoso, toda vez que la base imponible solo indirectamente manifiesta la riqueza del contribuyente. Esto es, un contrato voluminoso no tiene que reportar necesariamente un gran beneficio al contratista (v.gr. Sacyr y el Canal de Panamá) y, al contrario, contratos de poca cuantía pueden resultar ciertamente lucrativos para los adjudicatarios.

En realidad, no se trata de un problema de esta tasa en particular sino que este tipo de tributo, por su propia naturaleza, responde a una lógica retributiva (quid pro quo) distinta de la estructura contributiva de los impuestos, en los que se encarna el principio de capacidad económica. En efecto, el análisis de las tasas resulta más certero si lo llevamos a cabo a partir del principio de equivalencia de coste, tal y como realizaré a continuación.

Así, si se busca una correspondencia entre el tributo satisfecho y el coste en que ha incurrido la Administración para la provisión de un determinado servicio público, habrá que explicitar qué costes paga cada sujeto pasivo. Así, el legislador puede optar por dos modelos: la equivalencia de coste grupal o la individual. Este último enfoque supondría tratar de lograr un equilibrio entre los costes ocasionados por el sujeto pasivo, individualmente considerado, y su correspondiente cuota tributaria. Es un modelo que entronca a la perfección con la lógica y los fines propios de las tasas, si bien desafortunadamente no ha sido acogido en nuestro país ni por la legislación, ni por la jurisprudencia. Por el contrario, la normativa española ha preferido el límite de la equivalencia grupal: el total de los ingresos obtenidos por las tasas no puede superar al del coste del servicio en su conjunto. Ahora bien, no se puede olvidar que la adopción de este enfoque desnaturaliza los fines y la lógica propios de las tasas. De manera señalada, la equivalencia grupal rompe la estrecha relación que se quiere conseguir entre los tributos satisfechos por el contribuyente y la actividad pública de la que se beneficia. En consecuencia, una consideración grupal diluye el conocimiento de las preferencias de los ciudadanos que se busca con el establecimiento de este tipo de tributos, así como reduce la motivación del contribuyente, que habitualmente suele asociarse a la adopción de este principio.

En efecto, si se quiere racionalizar el uso del sistema de recursos (que es quizás lo que se persigue con la creación de estas tasas) habrá de adecuarse la cuota tributaria al coste que efectivamente se está causando. Sin embargo, toda vez que no se ha presentado (o al menos yo no lo conozco) un análisis de costes que ponga en relación la actividad del sujeto pasivo con la cantidad efectivamente satisfecha por él, la capacidad de estos tributos causales para racionalizar el uso de los servicios públicos se ve notablemente diluida.

La ausencia de un informe técnico que cuantifique los costes que va a cubrir una determinada tasa supondría la nulidad de pleno derecho de la misma si nos encontrásemos ante tributos aprobados por una norma de rango infralegal. Sin embargo, toda vez que estas tasas han sido creadas en virtud de una ley, solo el Tribunal Constitucional podría dictaminar su invalidez por la vulneración de un precepto constitucional, cuestión que es ciertamente complicada (en otro post hablaré sobre el posible rango constitucional del principio de equivalencia).

Con todo, la ausencia de un informe técnico-económico en el establecimiento de estas tasas, sin perjuicio de que en su caso pudiera acarrear la inconstitucionalidad de las mismas, ha de ser vehementemente criticada, toda vez que impide juzgar la racionalidad de las cuotas tributarias establecidas, de suerte que el contribuyente no sabe realmente qué está financiando y menos aún cómo se ha calculado el servicio cuyo coste se le está repercutiendo. Este hecho, lejos de promover un uso racional del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, genera en el contribuyente una sensación (por lo demás, bastante razonable) de que se le está imponiendo un gravamen calculado de forma arbitraria.

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