¿Presupuestos locales aprobados por Junta de Gobierno y no por el Pleno?

Por Begoña Sesma Sánchez

Históricamente, Monarcas, primero, y Gobiernos más tarde, han buscado el consentimiento y la aceptación de sus ciudadanos para imponerles exacciones y contribuciones con las que financiar gastos de interés general, públicos, de los que daban cuenta antes y después. Ésta es la esencia de la institución presupuestaria, íntimamente democrática: que los ciudadanos o sus representantes participen y autoricen el destino del dinero público obtenido, en parte, a través de su obligada contribución. También ésta es la esencia de muchos de los principios jurídico financieros constitucionalizados hoy en día (reserva de Ley tributaria, reserva de Ley presupuestaria, autorización legal para contraer deuda…). Es más, presupuesto y participación ciudadana, y no sólo consentimiento ciudadano de los gastos que elige el poder ejecutivo, es la filosofía que inspira los llamados “presupuestos participativos”, especialmente reivindicados en el ámbito local, en los que se postula y promueve la participación directa de los ciudadanos en la elección de los gastos (inversiones, actividades…) que más preocupan o interesan a los vecinos de una ciudad.

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