Cuando hay contradicción entre la LRSAL y una ley autonómica: ¿qué ley debe aplicar un ayuntamiento?

Francisco Velasco Caballero

La nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) entra en contradicción con numerosas normas legales de las comunidades autónomas. Tanto con leyes autonómicas de régimen local (de desarrollo de la legislación básica estatal) como con leyes sectoriales autonómicas (como las que atribuyen a los ayuntamientos competencias propias en materia de servicios sociales). Aunque pueda parecer sorprendente, nuestro sistema constitucional no contiene un criterio formal claro y determinante sobre cuál debe ser la norma legal aplicable, la estatal o la autonómica. Esto determina que, a la postre, será cada entidad local quien deba adoptar, en cada caso concreto, una opción aplicativa razonable y justificable. Esa opción unas veces consistirá en la aplicación de la ley autonómica, y otras veces pude llevar a la aplicación de la LRSAL. Veamos.

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Aplicación de la LRSAL en Madrid y Barcelona

Por Francisco Velasco Caballero

La LRSAL es de aplicación singular y restringida en las ciudades de Madrid y Barcelona, por mandato expreso de la DA 5ª LRSAL, que precisamente lleva por título “regímenes especiales de Madrid y Barcelona”. De manera que, sin perjuicio de las precisiones que siguen más adelante, en Madrid rige, frente a la LRSAL, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (LCREM). Y en Barcelona se aplica, antes de la LRSAL, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (LREB) y la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. A esta conclusión se podría haber llegado directamente, sin necesidad de una disposición adicional específica en la LRSAL, de dos formas. Primero, mediante, la aplicación de los criterios nomodinámicos tradicionales. Y segundo, induciendo criterios de preferencia aplicativa de la Constitución y los Estatutos de Autonomía de Madrid y Cataluña. Ahora bien, como ya ha sostenido mi colega Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona, estas vías hermenéuticas, aunque posibles, son inciertas e  incompletas: no aseguran la aplicación preferente de todas las normas especiales de Madrid y Barcelona. Estas insuficiencias, a las que ahora me referiré con más detalle, han sido superadas mediante la DA 5ª LRSAL.

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¿5.000 euros por presentar un recurso? El perenne problema de la cuantificación de las tasas

Por  César Martínez Sánchez

Hace unos días, una compañera –notablemente indignada– me comunicaba que se había creado una nueva tasa relativa al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se obligaba a los recurrentes a abonar una cuota que oscilaba entre un mínimo de 750 y un máximo de 5.000 euros (aquí está enlazada la ley de creación). La cuantía de la tasa depende directamente del valor estimado del contrato que es objeto de recurso, reclamación o cuestión de nulidad, de suerte que cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será la cuota tributaria a satisfacer.

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Mercado interior y gobiernos locales en Francia

Por Fernando Pastor Merchante

El viernes pasado recibimos la visita de Gilles Guglielmi, Catedrático de Derecho Público en la Universidad Panthéon-Assass de París. Le pedimos que nos hablara acerca del impacto que ha tenido el Derecho europeo sobre las entidades locales en Francia –un tema con el que clausuramos el ciclo de seminarios sobre gobiernos locales y mercado interior europeo que hemos organizado desde el IDL, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid–. Las ponencias anteriores están disponibles aquí, aquí y aquí y la del viernes pasado aquí.

Una de las cuestiones que más interés suscitó entre la audiencia fue el de la Directiva europea de servicios. Gilles Guglielmi explicó que los efectos de la Directiva apenas se han dejado sentir en el ámbito de la entidades locales francesas.  Esto se debe a que los gobiernos locales no han desempeñado ningún papel en su transposición, toda vez que carecen de competencias normativas en cualquier materia que no sea su propia organización. Y a que los servicios públicos locales ya estaban  plenamente sometidos al Derecho de la competencia, por lo que no ha sido necesaria una labor específica de adaptación. La única excepción a este respecto eran los servicios sociales de interés general, pero éstos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Continue reading