La renovación urbana en EE.UU. (II) (Sofía Simou)

La renovación urbana en EE.UU. (II)

Sofía Simou

Instituto de Derecho Local-UAM

Habiendo enfatizado en la parte anterior de esta exposición en el carácter público-privado, flexible y negociado de los procesos, a continuación se hará brevemente referencia a los dos grandes bloques de posibilidades que tienen los gobiernos locales en EE.UU. para impulsar rehabilitaciones singulares de edificios o proyectos más ambiciosos e integrales de renovación urbana. El primer bloque contiene técnicas jurídicas extraídas del poder local clásico de zonificación y el segundo, otro tipo de mecanismos de carácter más económico o los que proporcionan apoyo administrativo a los inversores.

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La renovación urbana en EE.UU. (I) (Sofía Simou)

La renovación urbana en EE.UU. (I)

Sofía Simou

Instituto de Derecho Local-UAM

Una exposición sistemática pero a la vez sintética de las técnicas de renovación urbana más empleadas en Estados Unidos debe empezar por un breve comentario sobre las competencias de los gobiernos locales en materia urbanística en general.
En un contexto político y constitucional como el norteamericano, donde conviven tres niveles de gobierno -la Federación, los Estados y los gobiernos locales-, la adopción y aplicación de las normas (law en sentido material) que regulan el uso del suelo recaen, principalmente, sobre los últimos.

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¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales? (Silvia Díez)

¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales?
Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local-UAM

Recientemente la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es órgano jurisdiccional a efectos de plantear cuestión prejudicial conforme al artículo 267 TFUE. El Tribunal procede, por tanto, a resolver la cuestión prejudicial que interpuso dicho órgano nacional en el marco de un recurso especial en materia de contratación pública. El litigio enfrentaba al Consorci Sanitari del Maresme y la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Al Tribunal de recursos contractuales catalán le preocupaba determinar, fundamentalmente, si una Administración pública puede considerarse operador económico y, por tanto, si se le puede negar el acceso al sistema de clasificación empresarial. De forma resumida puede decirse que el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera pregunta y de forma negativa a la segunda. Posteriormente, remite al órgano nacional la responsabilidad de resolver el asunto concreto. Pero más allá de esa respuesta, parece trascendente analizar por qué el Tribunal de Justicia entiende que un órgano nacional de recursos contractuales es órgano jurisdiccional a la luz del Derecho de la Unión Europea y puede plantear una cuestión prejudicial. Veamos cuáles son los argumentos que ha utilizado para justificar esta decisión.

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