Políticas de Participación Ciudadana en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

El III Informe de la Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales (una colección de estudios de diagnóstico y análisis de las Foro_de_las_ciudadesactuaciones de los municipios madrileños que venimos desarrollando en el Instituto de Derecho Local desde 2016) aborda cuestiones de participación ciudadana. El documento elaborado por la profesora Carmen Navarro y David Alba se presentará el próximo miércoles 13 de junio en la Feria de Madrid en el marco de la tercera edición del Foro de las Ciudades, cuyo eje principal es la ciudad de los ciudadanos, proactivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que impulsan ciudades verdes, resilientes e innovadoras.

En él se hace balance de las políticas locales de participación ciudadana de los 25 municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, a partir de información recogida en las páginas web de los ayuntamientos, en estadísticas oficiales y en las entrevistas realizadas a los responsables técnicos e institucionales de una quincena de ellos. Se ofrecen resultados sobre la organización y recursos de estas políticas, el desarrollo de los mecanismos participativos, así como sobre el impacto, el nivel de actividad, los beneficios y las limitaciones de su implementación.

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El Tribunal Supremo abre la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo sin agotar la vía administrativa previa

Uno de los más conocidos privilegios de la Administración es su derecho a revisar sus propios actos antes de ser sometidos a control judicial. En virtud de este principio, los administrados deben agotar la vía de impugnación en sede administrativa para interponer recurso contencioso-administrativo.Impuesto Plusvalia

Es cierto que muchas veces ese recurso administrativo es totalmente inútil, porque la Administración carece de competencia para estimar el recurso interpuesto. Así sucede, por ejemplo, cuando el motivo de impugnación es la ilegalidad de un reglamento o la inconstitucionalidad de una ley. En esos casos también se consideraba preceptivo agotar la vía administrativa, porque, como afirmaba el Tribunal de instancia, «los recursos administrativos no son necesarios o no, inútiles o no, sino que son preceptivos o no conforme la regulación legal de la materia.

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