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Seminario Internacional: “De los Business Improvement Districts a las Áreas Comerciales Urbanas”

Seminario Internacional: “De los Business Improvement Districts a las Áreas Comerciales Urbanas”

Sofía Simou

Instituto de Derecho Local-UAM

El pasado 13 de marzo, el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid, el INCYDE y el Fondo Social Europeo organizaron en Madrid el Seminario Internacional “De los Business Improvement Districts a las Áreas Comerciales Urbanas”. El seminario se centró en analizar, en primer lugar, la experiencia jurídico-política de la implantación de los BID en EE.UU. y Reino Unido. Posteriormente, se formularon distintas propuestas con el fin de dar forma jurídica a una figura similar a los Business Improvement Districts (BID), las Áreas Comerciales Urbanas (ACU), que se quiere implantar en España. Las distintas ponencias estuvieron a cargo de varios expertos del ámbito académico y profesional de EE.UU., Reino Unido y España.


En la primera parte del Seminario, el Profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, Richard Biffault, y la Profesora de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Laurie Reynolds, trasladaron su valiosa experiencia en la materia y explicaron la estructura legal y el papel político de esta figura en EE.UU. Asimismo, el Director Ejecutivo del BID “Destination Bristol”, John Hirst, expuso un ejemplo real de funcionamiento de un BID en la homónima ciudad británica.
El Prof. Biffault analizó desde una perspectiva jurídica varias cuestiones en relación con los BID: qué es un BID; cómo se constituye y se financia; cómo se gobierna; qué servicios presta a la comunidad local; y qué elementos de estas creaciones han suscitado más interés hasta el momento desde un punto de vista judicial y doctrinal. En su ponencia densa y con múltiples datos, se puso de manifiesto que los BID norteamericanos presentan, en la mayoría de sus elementos, naturaleza híbrida (público-privada). No obstante, la iniciativa para su creación, su gestión (a través de sociedades sin ánimo de lucro) y el suministro de servicios son más bien de carácter privado. Su financiación se hace, normalmente, mediante un recargo sobre un impuesto existente que se recauda por las entidades locales -aunque existen también otras fórmulas de financiación (bonos públicos; fondos procedentes de instalaciones gestionadas por el BID, como parkings; ayudas procedentes del gobierno o financiación de sociedades sin ánimo de lucro)-. Dependiendo del tamaño del BID que se trate, los servicios de carácter complementario que presta esta figura pueden ser de: limpieza; seguridad; promoción empresarial y turística; mejoras de las infraestructuras y entorno público; asistencia jurídica, programas sociales y otras actividades. Finalmente, parece que una de las cuestiones más problemáticas que ha surgido en relación con los BID en EE.UU. es la relativa a su forma de gobernanza. ¿Cómo se eligen los representantes que van a forma parte de su Consejo Directivo? ¿Se aplican los requisitos de la Constitución para seleccionar a sus miembros? Importantes resoluciones judiciales han equiparado, según el Prof. Biffault, los Consejos Directivos de los BID a los entes públicos, pero consideran que no se aplica la doctrina “una persona, un voto”.
La Profesora Reynolds se centró en los múltiples elementos de naturaleza jurídica, económica, ideológica y política que subyacen a los BID y trasladó una sensación generalmente favorable en relación con la trayectoria de los BID en los últimos 25 años en EE.UU. Después de explicar el concepto de los BID, su origen, su evolución, y sus funciones, se centró en analizar las ventajas y desventajas que presentan estas entidades. Enfatizó que la figura de los BID es primariamente un instrumento político impregnado, por lo tanto, de valores ideológicos. Eso hace que su diseño jurídico dependa, en gran medida y en primer lugar, de qué objetivos políticos y modelo estratégico se quieran implantar en cada zona de la ciudad. Así, su formulación jurídica está estrechamente ligada a su función política. En este sentido, y dependiendo de los distintos puntos de vista ideológicos, las ventajas del funcionamiento de los BID pueden ser: la consecución de un mayor grado de eficiencia en la gestión del espacio público; la mayor auto-determinación en la promoción de los intereses locales; la prestación de servicios complementarios; el beneficio por la adquisición de más voz para los propietarios de una zona de la ciudad; y el aumento del valor de la propiedad y/o de los ingresos locales. En las desventajas podrían encuadrarse: la privatización; la falta de responsabilidad política y transparencia; y la desigualdad entre las distintas zonas de la ciudad. En todo caso, la Profesora Reynolds puso el foco de atención en cuatro cuestiones que deben examinarse y perfilarse detenidamente: el equilibrio entre lo público y lo privado; la cuota de desigualdad que puede resultar aceptable; el efecto de evitar impuestos; y la disminución de la importancia de los gobiernos municipales.
Por su parte, el director ejecutivo de uno de los cinco BID, que se han implementado en Bristol (Reino Unido), John Hirst, presentó los elementos fundamentales de su funcionamiento. Dio datos específicos sobre la financiación inicial y el tiempo requeridos para la constitución de los BID; los objetivos que persiguen; los servicios que prestan; el procedimiento de su creación; y las posibles alternativas a los mismos. Desde un enfoque más práctico y trasladando su propia experiencia, destacó el éxito de esta figura en términos económicos y sociales.
La segunda parte del seminario consistió en la constitución de una mesa redonda en la que participaron el Francisco Velasco Caballero, Catedrático de Derecho Administrativo de la UAM; Pedro González Torroba, Director General de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid; y Guillermo González Jiménez, Director General de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid. La mesa redonda planteó un intenso debate sobre las posibilidades y límites actuales de la figura de las “Áreas Comerciales Urbanas” en España. Guillermo González trasladó su experiencia en la materia con ejemplos prácticos desde el punto de vista empresarial madrileño. Pedro Torroba se centró en la búsqueda de una solución eminentemente jurídica para esta figura a partir de las instituciones jurídicas existentes en Derecho Tributario, Derecho urbanístico y en el marco de Ordenanza de dinamización de la actividad comercial del Ayuntamiento de Madrid. Propuso una posible implantación de este tipo de áreas a través de las ya conocidas entidades urbanísticas de conservación; o mediante la constitución de una asociación administrativa de contribuyentes para la mejora de obras o servicios. El Profesor Francisco Velasco puso el acento en la posible materialización de esta figura a través de su previsión en el planeamiento urbanístico municipal. Partiendo de esta perspectiva subrayó varias cuestiones. En primer lugar, puso de manifiesto la importancia que tiene garantizar la presencia de los residentes de la zona comprendida por las ACU en los órganos de gobierno de la ACU. En segundo lugar, destacó los dos límites constitucionales a los que se puede enfrentar la constitución de las ACU: la reserva de ley en materia tributaria y el derecho de asociación en su vertiente negativa. Finalmente, en el debate se formularon varias propuestas sobre la forma de financiación de estas áreas. Las dos corrientes principales proponen su financiación imponiendo un recargo sobre el IBI o estableciendo una contribución especial.

 

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