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La inseguridad jurídica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre también después de la STC de 16 de febrero de 2017 (Diego Marín-Barnuevo)

La inseguridad jurídica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre también después de la STC de 16 de febrero de 2017

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Nota previa: Este comentario fue escrito antes de que se conociera la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que declara inconstitucionales y nulos determinados artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Dicha sentencia merece un estudio específico que será publicado en breve, pero resulta oportuno destacar que todas las afirmaciones del presente comentario siguen siendo válidas, porque la STC sólo anula la norma foral de Guipúzcoa y, por tanto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se ve directamente afectada por dicha sentencia.

La regulación del IIVTNU ha sido muy criticada en los últimos años, porque la crisis económica ha determinado una pérdida de valor en los inmuebles que no tiene su correspondiente reflejo en la cuantificación de la obligación tributaria. Ello es debido a que las reglas de determinación de la base imponible cuantifican en un 3% anual el incremento de valor de los terrenos, en todo caso, con independencia de que durante ese tiempo se haya producido un incremento o un decremento de ese valor.

Es evidente que esa regulación resulta contraria al principio constitucional de capacidad económica y por ello el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Pero ahora no queremos insistir en los motivos de inconstitucionalidad de dicha regulación, ya explicados en otros comentarios, sino destacar la grave inseguridad jurídica existente en relación con este tributo.

En efecto: por imperativo legal, miles de ayuntamientos exigen el impuesto en los términos previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y, como es lógico, muchos contribuyentes impugnan la liquidación que consideran injusta en aquellos casos en los que se consideran que no ha existido incremento de valor de los terrenos. Pero el resultado de esa impugnación se ha convertido en una auténtica lotería, porque el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad planteada y, como consecuencia de esa indeterminación, se pueden producir las siguientes consecuencias:

  1. Es posible que el Juzgado que conoce de la impugnación comparta los motivos de inconstitucionalidad invocados en los Autos de los Juzgados nº 3 de Donosti y nº 1 de Vitoria y opte por presentar una nueva cuestión de inconstitucionalidad, como ha sucedido en el Juzgado número 22 de Madrid y, también, en el Juzgado nº 1 de Jerez de la Frontera.
  2. También es posible que el Juzgado acepté la petición de suspensión hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, como ha sucedido con el Auto del Juzgado nº 32 de Madrid en una decisión que nos parece muy razonable.
  3. Pero también podría suceder que el Juzgado siguiera las tesis mantenidas inicialmente por el TSJ de Cataluña y, a partir de la prueba practicada, considere que no existe incremento de valor y por ello no se ha realizado el hecho imponible (tesis seguida también por alguna sentencia del TSJ de Madrid y de La Rioja) . Esas sentencias son frecuentes en los Juzgados de Cataluña, aunque también se han producido en otros Juzgados, como el nº 1 de Málaga, el nº 1 de Segovia, el nº 6 de Sevilla o el nº 2 de Oviedo.
  4. Incluso no cabe descartar que el Juzgado decidiera seguir el sorprendente criterio mantenido por el Juzgado nº 1 de Cuenca en la sentencia de 21 de septiembre de 2010, en donde se establece un criterio de cuantificación totalmente distinto del contenido en la Ley. Esa sentencia, confirmada por el TSJ de Castilla-La Mancha está pendiente de casación ante el Tribunal Supremo, pero el Pleno decidió suspender la votación y fallo como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, lo que ha posibilitado que otros Juzgados vuelvan a utilizar ese mismo criterio de cuantificación, como el Juzgado nº 15 de Madrid (aunque previsiblemente sea anulada por el TSJ, como sucedió en casos anteriores).
  5. Pero lo más probable es que el Juzgado confirme la liquidación administrativa por ser conforme a lo establecido en la LRHL y el contribuyente quede obligado a soportar una obligación tributaria manifiestamente injusta.

Como se desprende de lo expuesto, los perjudicados por una norma manifiestamente injusta carecen de la mínima certeza sobre las consecuencias de sus actos, pues si aceptan los costes de una impugnación de la liquidación se pueden encontrar con resultados totalmente distintos, en función del Juzgado encargado de resolver.

En este contexto resulta oportuno recordar que el artículo 9.3 de la Constitución reconoce el principio de seguridad jurídica, que según el Tribunal Constitucional “implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (…). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas” (STC 46/1990, de 15 de marzo).

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