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¿Se pueden exigir tasas por los servicios locales de vigilancia pública? (César Martínez)

¿Se pueden exigir tasas por los servicios locales de vigilancia pública?

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-UAM

Siguiendo una tradición arraigada en la legislación relativa a la Hacienda local, que apenas ha variado a pesar de los años, el art. 21.1 TRLHL recoge un listado de servicios públicos en virtud de los cuales no cabe la exigencia de una tasa, en particular por los siguientes: «a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. b) Alumbrado de vías públicas. c) Vigilancia pública en general. d) Protección civil. e) Limpieza de la vía pública. f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria».

El tercer apartado, referido a la vigilancia pública, ha sido ciertamente más polémico que los demás. De hecho, la actual redacción ha precisado que no se podrá exigir una tasa si se trata de un servicio prestado «en general», permitiendo la exacción de la misma en supuestos como los recogidos en el art. 20.4.f) «vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten» o en el art. 20.4.z) «[r]ealización de actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano, tendentes a facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales de señalización y ordenación del tráfico por la Policía Municipal», dejando igualmente vía libre para el establecimiento de tasas como contraprestación a la tradicional labor prestada por los guardas rurales, en virtud del art. 20.4.d), siempre que se especifique claramente que se trata de labores distintas de las de vigilancia en general (STS de 19 de julio de 2016, rec. 1720/2015).

En este sentido, las entidades locales han intentado individualizar ciertos servicios de vigilancia prestados con ocasión de eventos multitudinarios, de suerte que pudieran cargar los gastos incurridos sobre los organizadores, mediante el pago de una tasa en concepto de servicio de vigilancia especial. A este respecto, el Tribunal Supremo anuló la liquidación de una tasa que se pretendió imponer a un equipo de fútbol como consecuencia del despliegue policial en las inmediaciones de su estadio. Frente a las pretensiones del ayuntamiento que había girado la liquidación, el Alto Tribunal sostuvo que, teniendo en cuenta que el sujeto pasivo no solicitó el servicio, ni el mismo parecía estar dirigido al estadio en particular, sino a «atender a las necesidades generales del tráfico de la zona y a las genéricas de prevención general en situación de intensa concurrencia de personas, por lo que el objeto del mismo y especialmente afectado por él, no fue el Club de Fútbol en particular, sino todos los asistentes al estadio e incluso los que simplemente circulasen por la zona durante las horas de desarrollo del partido», se ha de concluir que la actividad municipal «no puede calificarse como de “vigilancia especial” y resulta en consecuencia improcedente exigir tasa alguna por su prestación» (STS de 14 de abril de 1992, rec. 1932/1989, FD 2º).

Esta misma doctrina fue reiterada con ocasión de la impugnación de unas tasas relativas a los servicios prestados por la policía municipal en las inmediaciones de un coso taurino (STS de 17 de abril de 1996, rec. 1007/1991). Igualmente, con posterioridad fue anulada la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la “prestación del servicio de vigilancia y comprobación de alarmas centralizadas a particulares y establecimientos que lo soliciten”, al entender que «se está ante la presencia de un supuesto que, a pesar de sus matices, entra de lleno en el concepto amplio de la “vigilancia pública en general”» (STS de 27 de noviembre de 2001, rec. 4090/1996, FD 3º)

Con todo, en la actualidad buena parte de las ordenanzas fiscales de los municipios españoles contienen tasas que gravan la prestación de servicios especiales por parte de la policía municipal. Estos servicios, en cualquier caso, han de cumplir con los requisitos jurisprudenciales anteriormente expuestos que se refieren, en síntesis, a que dichas actividades hayan sido, directa o indirectamente, motivadas por el interesado y a que se trate de tareas que excedan de las labores habituales dirigidas a la ciudadanía en general.

Nota: esta entrada es un extracto del siguiente artículo doctrinal: MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C., “La imposibilidad de exigir tasas por determinados servicios públicos locales: un estudio del art. 21 TRLHL”, Tributos Locales, nº 128, 2017, pp. 47-64.

 

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