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¿Qué es el Derecho económico local? (Francisco Velasco)

¿Qué es el Derecho económico local?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Dererecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

Hace unos días vio la luz el último estudio del Instituto de Derecho Local, nuestro “Tratado de Derecho Económico Local”. Ese tratado parte de la existencia, ya con un alto nivel de elaboración, del Derecho administrativo económico. Lo propio y característico del Derecho administrativo económico es que regula la presencia y actividad de la Administración en la economía. Esto es, en la oferta de bienes y servicios en el mercado (STJUE de 12 de septiembre de 2000, Pavlov, C.180/98 a C-184/98).

Y bien, una parte de ese Derecho administrativo económico se caracteriza por regular la presencia más o menos relevante de las Administraciones locales en la economía. En consecuencia, lo que da sentido unitario al Derecho económico local no es su directa conexión con la “economía local”, la “economía urbana” o los posibles mercados locales, sino el tipo de organización pública (la local) que incide sobre la economía global. Es cierto que, en ocasiones, las entidades locales configuran u ordenan mercados locales (o la escala local de mercados globales). Pero con mayor frecuencia su actuación trasciende de la escala local de la economía. Así, mediante regulaciones técnicas (ambientales, acústicas, de seguridad y salubridad), fijación de los usos  urbanísticos del suelo o de los inmuebles, o mediante la exigencia de licencias o comunicaciones previas al inicio de una actividad, los municipios condicionan la actuación de todo tipo de empresas en su territorio (no sólo las que actúan en mercados de escala local). Lo relevante, como objeto de este tratado, es la actividad de las Administraciones locales en la economía, no necesariamente en los mercados locales.

Podría considerarse que la incidencia real de la Administración local sobre la economía es escasa. Y ello relativizaría, también, la importancia del Derecho económico local. Es cierto que, en perspectiva europea, diversas actividades económicas locales, como la adjudicación de contratos o el otorgamiento de ayudas, han sido considerados históricamente como supuestos “de minimis”, y con ello externos al Derecho económico europeo. Este planteamiento, con ser inicialmente cierto, requiere de varias consideraciones contemporáneas. En primer lugar, no hay duda de que si la perspectiva económica es la europea, la actividad local ciertamente resulta relativamente secundaria. Pero también es cierto que en el último decenio la Unión Europea considera que la participación e incidencia de los gobiernos locales en la economía es cualitativamente superior a lo inicialmente considerado. Véase en este sentido el informe anual: “The State of the European Cities” (el último: 2016, p. 61). En especial, la Unión Europea ha considerado que el desarrollo del mercado europeo de servicios tiene a los gobiernos locales como protagonistas. De ahí que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, haya incidido de forma muy notoria sobre la actividad de regulación y control municipal de la actividad comercial. De otro lado, hace ya tiempo que en la coordinación europea de la contratación pública se ha superado la imagen de la contratación local como un fenómeno secundario o “de minimis”. Más allá de la perspectiva europea, en la escala nacional o estatal de los mercados, la incidencia de la Administración local en la economía resulta muy relevante.

Según lo expuesto, el Derecho económico local no es propiamente una categoría jurídica con perfiles definidos. Es, más bien, una perspectiva expositiva –la económica- de parte del Derecho local. Esto es así tanto en Derecho español como en Derecho comparado. Por supuesto que el Derecho de otros países dedica atención a la incidencia de los gobiernos locales en la economía. Así, en Alemania es objeto de tratamiento sistemático la actividad económica local (Wirtschaftsbetätigung), que comprende los servicios públicos locales, la iniciativa económica local, la adquisición de bienes y servicios mediante contrato, e incluso las subvenciones, pero deja al margen la actividad local de regulación o intervención. En esta construcción sistemática el criterio jurídico ordenador es la competencia en el mercado (y precisamente por ello queda al margen la actividad de ordenación o intervención, porque en ella las entidades locales no actúan como sujeto económico, sino como poder). De otro lado, también en los Estados Unidos es objeto de estudio tanto la actividad prestacional o empresarial (local operation of utilities) como la regulación y control del comercio (local regulation of trade and business) o la actividad de fomento (local inducements to business). Pero estas no son más que algunas expresiones tipológicas de la actividad local (junta a la actividad urbanística, de asistencia social, de vivienda pública, de seguridad, etc.). Esto es, no son las piezas de un Derecho económico local sistemático o vertebrado, sino sectores no conectados de la actividad local. Quizá el Derecho francés ofrece una estructura más vertebrada de la actividad económica local, comprensiva tanto de la actividad de planificación y regulación como de la prestacional, si bien hay que recordar el muy amplio concepto de lo local en Francia (inclusivo de las regiones, además de los departamentos y los municipios), lo que dificulta la comparación.

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