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¿Qué es lo que realmente se ha declarado inconstitucional del impuesto sobre la plusvalía municipal? (César Martínez)

¿Qué es lo que realmente se ha declarado inconstitucional del impuesto sobre la plusvalía municipal?

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El revuelo mediático que ha acompañado a las tres sentencias del Tribunal Constitucional referidas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (comúnmente conocido como plusvalía) dificulta, por la imprecisión de los términos utilizados, la comprensión exacta de lo que realmente se ha declarado inconstitucional. Como se trata de tres sentencias muy similares, voy a referirme exclusivamente a la última que se ha dictado y que se refería al TRLHL.

Quizás lo más elemental, y a la vez muy importante, sea aclarar desde el principio que el impuesto sigue plenamente vigente, con la salvedad de que es inconstitucional «únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión» [FJ 5 a)]. Es cierto que el texto de la sentencia puede generar cierta confusión al proclamar, apenas unas líneas después, que «se ha expulsado del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL» [FJ 5 b)]. Sin embargo, ha de interpretarse que dicha expulsión solo se refiere a aquellos supuestos en los que no ha existido incremento, lo que es tanto como decir que los preceptos impugnados son constitucionales y permanecen plenamente vigentes (también ex origine) en el resto de casos.

Como ya ha apuntado la doctrina (por todos, vid. Diego Marín-Barnuevo), estamos ante un pronunciamiento muy peculiar porque no se trata de una habitual declaración de inconstitucionalidad, en la que se expulsa del ordenamiento jurídico un precepto a todos los efectos, sino que se asemeja más a una sentencia en la que, ante varias interpretaciones plausibles, el Tribunal Constitucional dictamina cuál es la única interpretación conforme con la Constitución (técnica utilizada habitualmente desde la temprana STC 5/1981). Esto es, quizás habría resultado más comprensible un fallo en el que se hubiera dicho que los preceptos mencionados son constitucionales siempre y cuando se entienda que exclusivamente son de aplicación a aquellos casos en los que hubiera existido una plusvalía (tal y como, por cierto, ya habían sostenido algunos tribunales).

Con todo, lo relevante ahora mismo es saber cómo determinar si ha existido o no plusvalía. En la propia sentencia, recordando lo afirmado en las dos anteriores, se sostiene que «la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa» [FJ 5 c)]. Esto es, en realidad el reproche que se hace a la ley se podría resumir en que no se ha previsto expresamente un supuesto de no sujeción para los supuestos en los que, de acuerdo con el sistema de cuantificación legalmente previsto, no se haya producido una plusvalía.

En efecto, lo que se censura en las tres sentencias es que la normativa «carecía de toda justificación razonable, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que correspondía a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, con lo que se estaban sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio garantizado en el art. 31.1 CE» (FJ 3).

Asimismo, y esto no debe pasar desapercibido, se advierte que «es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto». Ahora bien, acto seguido se especifica que «una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal» (FJ 3).

Así pues, a mi juicio, esta sentencia no obliga a una reforma integral del sistema de cuantificación que existe en la actualidad (de hecho expresamente se reconoce la constitucionalidad de un sistema de cuantificación objetiva), sino que simplemente requiere el establecimiento legal de un supuesto de no sujeción para aquellos supuestos en los que no haya existido plusvalía. No en vano, cabe entender que el impuesto ha sido declarado inconstitucional por vulnerar el principio de capacidad económica en su vertiente de fundamento de la imposición, no en su vertiente de medida de la imposición. Por tanto, lo que procede ahora es colmar esta laguna legal de forma que la ley aclare en qué supuestos se ha de entender que no existe incremento de valor, en los cuales –en consecuencia– no habrá de exigirse el impuesto.

 

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