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Bizkaia también reforma su IIVTNU (María José Cano)

Bizkaia también reforma su IIVTNU

María José Cano Cueli

Tesorera en el Ayuntamiento de Getxo/Getxoko Udala

 

 

Con la aprobación del Decreto Foral Normativo 3/2017, de 20 de junio, por el que modifica la Norma Foral del Territorio Histórico de Bizkaia del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se completa el círculo de las medidas de urgencia iniciadas por las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa para adecuar la normativa de este impuesto a las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional que anulan diversos preceptos de sus respectivas Normas Forales en tanto que someten a tributación situaciones en las que se no se produce un incremento de valor del terreno.

La adopción de medidas normativas de urgencia en los Territorios Históricos de Araba y Gipuzkoa resultaba acuciante a la vista de las Sentencias del Tribunal Constitucional 26/2007, de 16 de febrero, 37/2017, de 1 de marzo, y 48/2017, de 27 de abril, que resuelven las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas contra las normas forales alavesa y guipuzcoana. De igual forma, el legislador estatal deberá promover las medidas oportunas para adaptar la Ley de Haciendas Locales aplicable en territorio común a la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, que reproduce los mismos argumentos que las anteriores para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos 107.1 y 107.2.a) del citado texto legal.

A pesar de que Bizkaia contaba con una mejor posición de partida para acometer una reforma sosegada del impuesto dado que la inconstitucionalidad de la norma vizcaína no había sido directamente enjuiciada, la inseguridad jurídica en la que se encontraban los ayuntamientos de este Territorio Histórico a la hora de liquidar del impuesto con una norma herida de muerte ha motivado esta modificación normativa, idéntica a la llevada a cabo por Araba, a través del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, de 28 de marzo, y Gipuzkoa, por medio del Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo.

Los decretos forales señalados resuelven en idénticos términos la inconstitucionalidad que plantea la redacción actual de la norma a la hora de determinar la base imponible del impuesto en los supuestos en los que no se observa la existencia un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Así, y teniendo en cuenta que las Sentencias del Tribunal Constitucional no atacan en sí misma la forma de cálculo de la base imponible del impuesto, sino el hecho de someter a gravamen una capacidad económica inexistente o ficticia, las modificaciones introducidas tienen por objeto determinar dos aspectos fundamentales. El primero, que para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria principal del impuesto se hace preciso que exista incremento de valor de los terrenos; el segundo, que la determinación de la existencia o inexistencia de dicho incremento se realizará, de forma sintética, mediante la comparación del valor de adquisición y del valor de transmisión.

Si de la verificación anterior se deduce la no existencia de incremento, no se habrá producido el nacimiento de la obligación tributaria principal y, por tanto, no hay sometimiento a gravamen por este impuesto. Ahora bien, en los casos en los que se determine la existencia de incremento de valor, la base imponible, y la cuota tributaria se calcularán conforme a lo dispuesto por la Norma, esto es teniendo en cuenta el valor catastral en el momento del devengo.

Con ello, si bien parece quedar resuelta la vulneración del principio de capacidad económica que provoca el sometimiento a gravamen de los supuestos en los que no se observa la existencia de incremento de valor de los terrenos, podría plantearse la duda de si se mantiene la coherencia con este principio y con el de no confiscatoriedad en aquellos supuestos en los que, existiendo incremento pero de escasa entidad en relación con el valor catastral en el momento del devengo, la base imponible se calcula tomando en cuenta dicho valor catastral y no, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y transmisión o, incluso, la diferencia entre los valores catastrales en el momento de la adquisición y el de la transmisión.

Por su parte, la determinación de que para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria principal es precisa la existencia de incremento de valor llevaría a concluir que, en los casos en que no existe tal incremento, no se produce el devengo del impuesto, encontrándose la transmisión no sujeta. Sin embargo, de la lectura de los decretos normativos señalados se desprende que, en estos casos, a efectos de futuras transmisiones, se tomarán en consideración los valores de adquisición y transmisión del futuro transmitente, asimilando la transmisión inicial a una operación exenta.

Finalmente, respecto de los efectos de las adaptaciones normativas descritas sobre las liquidaciones, los decretos convienen en señalar que tales modificaciones no resultan de aplicación a liquidaciones correspondientes a devengos anteriores a la entrada en vigor de los citados decretos y que, en dicha fecha, hubieran ya adquirido firmeza. Por el contrario, sí resultan aplicables respecto de las liquidaciones dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de los mismos pero que se correspondan con devengos anteriores a dicha fecha.

Resulta evidente que la seguridad jurídica pretendida por estas adaptaciones normativas realizadas de una manera atropellada no se logra en la práctica, siendo necesario abordar una reforma integral del impuesto. Sin embargo, esa reforma debería abordarse sin desnaturalizar un impuesto que con el tiempo ha perdido su fundamento urbanístico original, pasando a ser el hermano pequeño de los impuestos sobre la renta y patrimonio.

Nota del editor: por error, esta entrada fue inicialmente editada como si correspondiera a Diego Marín-Barnuevo, cuando en realidad la autora es María José Cano. Rogamos que disculpen la confusión.

 

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