Juntas Consultivas y contratos menores (Silvia Díez Sastre)

JUNTAS CONSULTIVAS Y CONTRATOS MENORES

 Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local de la UAM

En los últimos días hemos asistido a la publicación sucesiva de informes de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa del Estado (JCCAE) y de Aragón (JCCAAr). Algunos de estos pronunciamientos se centran en el alcance del artículo 118.3 LCSP, relativo a la imposibilidad de adjudicar varios contratos, que individual o conjuntamente superen los umbrales fijados para los contratos menores (Informes JCCAE 41/2017, 42/2017 y 5/2018 y JCCAAr 3/2018). El resultado es que, antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya existen criterios interpretativos contradictorios sobre el alcance de algunos de sus preceptos más importantes en la práctica. A continuación, se da cuenta de los mismos y se formulan algunas apreciaciones críticas.

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¿Qué es una licencia de edificación? (Francisco Velasco)

¿Qué es una licencia de edificación?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

El Tribunal Constitucional acaba de declarar, en la STC 143/2017, FJ 23, que el Estado, en la medida en que es competente para regular la edificación, también es competente para establecer el silencio administrativo negativo en relación con las licencias municipales de edificación de nueva planta. Pero, aunque parezca un juego de palabras, lo cierto es que la edificación y el control municipal sobre la edificación no forman parte de una única materia, ni un de un único título competencial.

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ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES LOCALES Y SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS LOCALES: ¿ES POSIBLE, TRAS EL SEC–2010, QUE NO CONSOLIDEN A EFECTOS DEL CONTROL DEL DÉFICIT Y LA DEUDA PÚBLICOS? (Ester Marco)

Entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles públicas locales: ¿es posible, tras el SEC–2010, que no consoliden a efectos del control del déficit y la deuda públicos?

Ester Marco Peñas

Instituto de Derecho Local-UAM

 

Tras el endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (a través de los paquetes normativos conocidos como Six Pack -2011- y Two Pack -2013-), las reformas que el legislador nacional ha llevado a cabo para adaptar el ordenamiento jurídico interno a los mandatos europeos han sido muy restrictivas, especialmente para las corporaciones locales. La obligación de “mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”, establecida en el art. 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o el cumplimiento de la severa regla de gasto, regulada en el art. 12 de la citada ley orgánica, marcan en muchas ocasiones la hoja de ruta en materia de inversiones de las corporaciones locales.

 SEC 2010

En este contexto, frente a la necesidad de llevar a cabo una obra pública o prestar un servicio público, el ente local inevitablemente se plantea qué instrumento jurídico le permitirá acometer la obra o prestar el servicio e incidirá en menor medida en sus niveles de déficit, deuda y gasto públicos.

En este punto, la delimitación del sector Administraciones públicas local en términos de Sistema Europeo de Cuentas (en adelante, SEC) y, en particular, si en el contorno de consolidación fiscal se incluirán las entidades públicas empresariales locales (en adelante, EPEL) y las sociedades mercantiles públicas (en adelante, SMP) es un elemento clave. Si un entidad se clasifica en el sector Administraciones públicas en términos de SEC sus niveles de déficit y deuda públicos se incluirán en el balance público.

El SEC es la metodología que deben seguir los Estados (y, por ende, los diferentes niveles de gobierno) para elaborar y presentar frente a las instituciones europeas los datos estadísticos relativos a sus niveles de déficit y deuda públicos. El actual Sistema Europeo de Cuentas es el SEC-2010, aprobado por el Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 (en adelante, SEC-2010). Uno de los principales cambios introducidos por el SEC-2010, respecto a su predecesor el SEC-95, ha sido, precisamente, el endurecimiento de los criterios para determinar si una entidad se encuentra clasificada fuera del sector Administración públicas.

Para clasificar una entidad dentro o fuera del sector Administraciones públicas en términos de SEC se tiene que responder secuencialmente a las tres preguntas siguientes, que constituyen los tres criterios del “test de clasificación de entes”:

(1) ¿La entidad es una unidad institucional?

Una entidad será considerada unidad institucional si tiene autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Para poder afirmar que una entidad tiene autonomía de decisión, esta debe: ser titular de bienes y activos con facultad de disposición sobre ellos; tener capacidad para tomar decisiones económicas; tener capacidad para contraer pasivos en nombre propio y suscribir contratos; y, por último, elaborar un conjunto completo de cuentas (apartado 2.12 SEC-2010)

Si una entidad no posee autonomía de decisión ya no será necesario seguir analizando los otros dos criterios, puesto que directamente deberá clasificarse junto a la entidad que la controla (en nuestro caso el Ayuntamiento, sector Administración pública local). Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea) en sus Decisiones cada vez es más estricto a la hora de verificar si las entidades poseen o no autonomía de decisión. De hecho, la existencia de determinados controles funcionales o autorizaciones por parte de la Administración excluyen la condición de unidad institucional a la entidad, y suponen su reclasificación en el sector Administraciones públicas.

(2) ¿La entidad está controlada por una entidad privada o bien por la Administración pública?

El apartado 1.36 SEC-2010 define el control como la capacidad para determinar la política general o el programa de una unidad institucional”. Sin embargo, como novedad, el SEC-2010 endurece este criterio al introducir en su apartado 20.309 una serie de indicadores cuya presencia denota también la existencia de control por parte de las Administraciones públicas y, en consecuencia, su consideración como unidad institucional pública. Entre estos indicadores encontramos la existencia de control vía acuerdos contractuales o a través de una regulación excesiva.

Llegados a este punto del análisis, pueden existir entidades consideradas unidades institucionales (al tener autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal) y públicas (al estar controladas por las Administraciones públicas) pero estar clasificadas fuera del sector Administraciones públicas a efectos de consolidación, por ser consideradas “de mercado”. Justamente este es el tercer elemento que debe analizarse:

(3) La actividad de la entidad ¿es de mercado o no de mercado?

De nuevo, el SEC-2010 ha reforzado el criterio de mercado, introduciendo la obligación de analizar la existencia de una “verdadera situación de mercado”. Este análisis cualitativo de la posición real que ocupa la entidad, pasa a ser previo y prioritario al análisis cuantitativo.

Finalmente, debe llevarse a cabo el análisis cualitativo, en concreto determinar si la entidad cumple el “test del 50 %” (regulado, entre otros, en los apartados 3.33 y 3.34 SEC–2010). En este test se analiza si la entidad cubre al menos el 50% de sus “costes” de producción con sus “ventas” (ambos conceptos, costes y ventas, definidos en términos de SEC).

A la hora de analizar el test del 50% es fundamental tener en cuenta que los pagos efectuados por las Administraciones públicas a la entidad, si cumplen determinadas condiciones, también serán considerados “ventas” en términos de SEC; y, por tanto, se adicionarán a las otras ventas de la entidad para determinar si esta da cumplimiento a la regla del 50%.

Este último factor hace que todavía sea posible la existencia de entidades (EPELs y SMPs) controladas y financiadas mayoritariamente por las Administraciones públicas pero clasificados fuera del sector Administraciones públicas en términos de consolidación fiscal. No obstante, para que esto último sea posible las EPELs y SMPs deben ser minuciosamente configuradas, tanto en el nivel de control ejercido por el Ayuntamiento como en el modo en que se articula la financiación pública (pagos, subvenciones, etc.). De lo contrario, un potencial análisis, por parte de Eurostat o la Intervención General de la Administración del Estado, puede suponer su reclasificación en el sector Administración local.

 

¿Por qué los Ayuntamientos controlan la venta ambulante? (Francisco Velasco)

¿Por qué los Ayuntamientos controlan la venta ambulante?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

 

Hace unos días, el doctor Antelo Martínez defendió en la Universidad de A Coruña su tesis sobre la venta ambulante. Además de múltiples precisiones sobre el régimen jurídico de este tipo de actividad comercial, la tesis planteaba una duda estructural: ¿cuál es la razón jurídica última que explica que la venta ambulante esté sometida a previa autorización municipal?

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Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario: una polémica novedad en un debate eterno (César Martínez)

Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario: una polémica novedad en un debate eterno

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-UAM

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público contiene, en su disposición final duodécima, una auténtica revolución en el régimen jurídico de las contraprestaciones exigidas por los servicios públicos locales: las denominadas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Como decimos en el título de esta entrada, se trata de una nueva etapa en la ya vexata quæstio relativa a la naturaleza jurídica de las contraprestaciones de los servicios públicos, especialmente controvertida en aquellos supuestos en los que se presta por medio de concesión.

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¿EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEBE SER UN IMPUESTO REAL Y OBJETIVO “QUÍMICAMENTE PURO”? (Miguel Alonso)?

¿El Impuesto sobre Bienes Inmuebles debe ser un impuesto real y objetivo “químicamente puro”?

Miguel Alonso Gil

Presidente TEAM del Ayto. de Móstoles. Profesor asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M

           

En un sugerente estudio sobre la reforma de la Hacienda municipal del año 2010, el Prof. Calvo Ortega señalaba que la futura reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles debía partir de la desagregación de los bienes en función de uso o destino: vivienda habitual, segunda residencia, vivienda desocupada, inmuebles afectos a actividades económicas e inmuebles de características especiales,  y concluía que es cierto que todos estos inmuebles tienen en común ser una manifestación de capacidad económica, pero sus circunstancias subjetivas y su destino económico exigirían una diferenciación en su gravamen impositivo.

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Sobre el Proyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Francisco Velasco Caballero)

Sobre el Proyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

Está en tramitación parlamentaria, en la Asamblea de Madrid, el proyecto de nueva Ley del Suelo. Fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad, y ahora están forjándose acuerdos en torno a enmiendas al articulado. Es probable, según el estado de cosas actual, que hacia primavera tengamos nueva Ley del Suelo. Con esta perspectiva, en un hilo de entradas que ahora se inicia, voy a ir destacando algunos elementos relevantes del proyecto de ley, y destacando dónde son imprescindibles las correcciones, muchas de ellas ya formuladas en forma de enmiendas al articulado.

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De nuevo sobre el régimen jurídico de los organismos públicos locales (Francisco Velasco Caballero)

De nuevo sobre el régimen jurídico de los organismos públicos locales

 Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

 

Es una duda reiterada en la práctica, desde que se aprobara la Ley 40/2015 (LRJSP), si los ayuntamientos están sometidos al mismo régimen específico de los organismos públicos de la Administración General del Estado (regulados hoy por la LRJSP). La cuestión central es determinar si la actual remisión del art. 85 bis. 1 LBRL a la LOFAGE se puede entender ahora como una remisión a la ley que ha derogado la LOFAGE (la LRJSP). Inicialmente, al poco de aprobarse la LRJSP, ya dije que, en mi opinión, la remisión de la LBRL a la LOFAGE hoy ha sido simplemente derogada. Los argumentos están aquí. Continuar leyendo

El Protocolo marco de actuación de la Comunidad de Madrid para episodios de alta contaminación (Decreto 140/2017, de 21 de noviembre): contenido y obligaciones municipales (Sofía Simou)

El Protocolo marco de actuación de la Comunidad de Madrid para episodios de alta contaminación (Decreto 140/2017, de 21 de noviembre): contenido y obligaciones municipales

 

Sofía Simou

Instituto de Derecho Local-UAM

El pasado 23 de noviembre se publicó en el BOCM el Protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno en la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Consejo de Gobierno. El contenido del protocolo gira en torno a dos ejes. Por una parte, establece una serie de medidas que pondrá en marcha la Comunidad de Madrid, en casos de superación de los distintos tipos de umbrales de concentración del dióxido de nitrógeno en la atmósfera normativamente estipulados. Y, por otra parte, el documento dispone la obligación de todos los Ayuntamientos de la CAM que superen los 75.000 habitantes (Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Coslada, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes) de aprobar, en el plazo de un año desde la publicación del Decreto, sus propios Protocolos de actuación municipal –en la línea del Protocolo vigente en la materia del Ayuntamiento de Madrid-.

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¿El nuevo régimen de los contratos menores se aplica a todos los entes del sector público? (Silvia Díez)

¿El nuevo régimen de los contratos menores se aplica a todos los entes del sector público?

 Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local-UAM

Si se compara con el TRLCSP, la nueva LCSP ha realizado una apuesta por unificar y legalizar el régimen jurídico aplicable a la contratación de los entes del sector público. En esa clave hay que interpretar la imposición de las mismas normas de preparación y adjudicación a todos los contratos armonizados, con independencia de que el poder adjudicador tenga o no el carácter de Administración Pública (art. 317 LCSP); así como la desaparición total de las instrucciones internas en la adjudicación de los contratos no armonizados de poderes adjudicadores no Administración Pública (art. 318 LCSP) y parcial en el caso de los entes del sector público que no son poder adjudicador (art. 321 LCSP).

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