Presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2017

 

Presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2017

La presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2017 tendrá lugar el próximo martes 11 de julio, a las 19.00 h, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Plaza de la Marina Española 9, Madrid).

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Bizkaia también reforma su IIVTNU (María José Cano)

Bizkaia también reforma su IIVTNU

María José Cano Cueli

Tesorera en el Ayuntamiento de Getxo/Getxoko Udala

 

 

Con la aprobación del Decreto Foral Normativo 3/2017, de 20 de junio, por el que modifica la Norma Foral del Territorio Histórico de Bizkaia del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se completa el círculo de las medidas de urgencia iniciadas por las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa para adecuar la normativa de este impuesto a las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional que anulan diversos preceptos de sus respectivas Normas Forales en tanto que someten a tributación situaciones en las que se no se produce un incremento de valor del terreno.

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La regulación de la actividad comercial por los municipios: oportunidades y límites (Sofía Simou)

La regulación de la actividad comercial por los municipios: oportunidades y límites

Sofía Simou

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

            En el marco de la obra colectiva “Tratado de Derecho económico local” (Dir. Francisco Velasco Caballero, Marcial Pons, 2017), que se publicó el mes pasado por varios miembros del grupo de investigación del Instituto de Derecho local, vio la luz también el capítulo denominado “La regulación local del comercio”. Siendo el objeto general del libro la indagación en la posición de la Administración local en la economía, este estudio sectorial ha prestado su foco de atención a la determinación de la posición de la Administración local en la ordenación, control y promoción de la actividad comercial en las ciudades.

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El futuro de los “taxis” alternativos: sobre Uber y los que vengan (Francisco Velasco)

El futuro de los “taxis” alternativos: sobre Uber  y los que vengan

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Llevamos ya varios años dándole vueltas al transporte urbano prestado por particulares que no cuentan con licencias municipales de taxi y que actúan por medio de plataformas electrónicas de intermediación (Uber, Cabify). Esta es una de las actividades que se ha calificado como  “economía colaborativa”. Se trata de la prestación de servicios convencionales por sujetos económicamente atípicos (ni empresarios, ni asalariados) gracias a plataformas electrónicas que conectan directamente al cliente con el proveedor ocasional –no profesional del servicio (DOMÉNECH, 2015). Lo cierto es que los nuevos servicios de transporte urbano compiten con un sector empresarial contingentado y regulado: el del taxi.

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¿Qué es lo que realmente se ha declarado inconstitucional del impuesto sobre la plusvalía municipal? (César Martínez)

¿Qué es lo que realmente se ha declarado inconstitucional del impuesto sobre la plusvalía municipal?

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El revuelo mediático que ha acompañado a las tres sentencias del Tribunal Constitucional referidas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (comúnmente conocido como plusvalía) dificulta, por la imprecisión de los términos utilizados, la comprensión exacta de lo que realmente se ha declarado inconstitucional. Como se trata de tres sentencias muy similares, voy a referirme exclusivamente a la última que se ha dictado y que se refería al TRLHL.

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¿Qué es el Derecho económico local? (Francisco Velasco)

¿Qué es el Derecho económico local?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Dererecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

Hace unos días vio la luz el último estudio del Instituto de Derecho Local, nuestro “Tratado de Derecho Económico Local”. Ese tratado parte de la existencia, ya con un alto nivel de elaboración, del Derecho administrativo económico. Lo propio y característico del Derecho administrativo económico es que regula la presencia y actividad de la Administración en la economía. Esto es, en la oferta de bienes y servicios en el mercado (STJUE de 12 de septiembre de 2000, Pavlov, C.180/98 a C-184/98).

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¿Se pueden exigir tasas por los servicios locales de vigilancia pública? (César Martínez)

¿Se pueden exigir tasas por los servicios locales de vigilancia pública?

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-UAM

Siguiendo una tradición arraigada en la legislación relativa a la Hacienda local, que apenas ha variado a pesar de los años, el art. 21.1 TRLHL recoge un listado de servicios públicos en virtud de los cuales no cabe la exigencia de una tasa, en particular por los siguientes: «a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. b) Alumbrado de vías públicas. c) Vigilancia pública en general. d) Protección civil. e) Limpieza de la vía pública. f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria».

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Nueva Sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, referida ahora a la Norma Foral de Álava (Diego Marín-Barnuevo)

Nueva Sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, referida ahora a la Norma Foral de Álava

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, ha causado un tremendo revuelo en el ámbito municipal al declarar inconstitucionales y nulos determinados artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Como tuvimos ocasión de afirmar en la anterior entrada de este Blog, resulta difícil de explicar que el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado simultáneamente sobre todas las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto del IIVTNU, en sus regulaciones forales y estatales. Sobre todo porque la regulación es similar en todos los casos y ello permite “razonablemente entender” que el juicio de constitucionalidad debería ser el mismo, aunque la falta de pronunciamiento expreso determina que los Ayuntamientos sigan obligados a liquidar el impuesto con una regulación que ya ha sido declarada inconstitucional en Guipúzcoa y, correlativamente, provoca que los contribuyentes se vean obligados a impugnar unas liquidaciones dictadas en aplicación de dichas normas.

Hoy se ha conocido la Sentencia 37/2017, de 1 de marzo, referida a la regulación del IIVTNU en la Norma Foral de Álava, que contiene una declaración muy similar a la precedente dictada sobre las NFG.

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La inseguridad jurídica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre también después de la STC de 16 de febrero de 2017 (Diego Marín-Barnuevo)

La inseguridad jurídica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre también después de la STC de 16 de febrero de 2017

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Nota previa: Este comentario fue escrito antes de que se conociera la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que declara inconstitucionales y nulos determinados artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Dicha sentencia merece un estudio específico que será publicado en breve, pero resulta oportuno destacar que todas las afirmaciones del presente comentario siguen siendo válidas, porque la STC sólo anula la norma foral de Guipúzcoa y, por tanto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se ve directamente afectada por dicha sentencia.

La regulación del IIVTNU ha sido muy criticada en los últimos años, porque la crisis económica ha determinado una pérdida de valor en los inmuebles que no tiene su correspondiente reflejo en la cuantificación de la obligación tributaria. Ello es debido a que las reglas de determinación de la base imponible cuantifican en un 3% anual el incremento de valor de los terrenos, en todo caso, con independencia de que durante ese tiempo se haya producido un incremento o un decremento de ese valor.

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La prestación local de los servicios ambientales (Carmen Navarro y David Alba)

La prestación local de los servicios ambientales

Carmen Navarro y David Alba

Universidad Autónoma de Madrid

Dentro de unos días se presentará el II Informe de Políticas Públicas Locales en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid -continuación del realizado el pasado año- elaborado en el Instituto de Derecho Local en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Surgido con el afán de recopilar y analizar información sistemática sobre la planificación y el desarrollo de determinados sectores de gestión local a lo largo del tiempo, la presente edición del Informe presta especial atención a la política de medio ambiente en sentido amplio, que incluye no solo el cuidado de parques y jardines o la educación ambiental, sino también la gestión de residuos, la limpieza viaria o la movilidad. Así considerada, la política ambiental es una de las acciones nucleares de la gestión local, no solo por su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos sino también por su relevancia en los presupuestos municipales.

El estudio analiza diferentes aspectos de las políticas ambientales en trece municipios de mayor población de la Comunidad de Madrid, desde la priorización de los distintos temas ambientales en sus agendas, hasta la estructura organizativa, pasando por el estudio de las estrategias y acciones municipales específicas o las distintas formas de gestión con las que los ayuntamientos prestan los principales servicios en este sector.

Precisamente referido a este último aspecto, los ayuntamientos presentan una interesante diversidad. En la siguiente gráfica se muestran las formas de prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines, distinguiendo entre el desarrollo mediante un contrato con empresa privada, con personal propio o por medio de una empresa pública municipal. Se añade una categoría “mixta” dado que en algunos casos la prestación se lleva a cabo en distintas modalidades para diferentes zonas del municipio o para distintos aspectos del servicio.

Gráfico 1: Prestación de servicios públicos nucleares de la política municipal de medio ambiente.

Presentación3

Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario aplicado a responsables municipales de las políticas de medio ambiente.

 A modo general, hay que destacar el predominio de la gestión externalizada en las tres áreas presentadas, siendo minoritarios los casos de gestión enteramente municipal por medio de personal propio o empresa pública municipal.

En relación a la limpieza viaria se muestra cómo se encuentra altamente externalizada: en siete de los trece municipios estudiados se gestiona por empresa privada, en otros tres por parte de una empresa pública municipal y en los restantes tres municipios parte del servicio se presta con personal propio y parte es gestionado por empresa privada o pública municipal. El mantenimiento de parques y jardines refleja una mayor diversidad de formas de gestión ya que en ocho ocasiones es mixto, entre personal propio y empresa privada. En este sector se ha detectado una tendencia a la externalización del servicio, siendo cada vez mayor el porcentaje de área de zona verde gestionado por empresas externas que el mantenido por personal propio del Ayuntamiento. En general, en los municipios estudiados con gestión con personal propio, ésta supone menos del 25% de la superficie total de parques y jardines, excepto en un solo caso, en el que todas las zonas verdes son gestionadas por personal propio municipal. Por otro lado, tres ayuntamientos gestionan la totalidad de las zonas verdes con empresa privada y otro lo hace por medio de una empresa pública municipal.  La situación sobre la recogida de residuos es parecida a la de la limpieza viaria, pues en ocasiones forman parte del mismo servicio subcontratado. Así, es poco frecuente la prestación del servicio con medios propios: solo dos con personal del ayuntamiento y tres con empresas municipales. En dos casos la recogida es mixta entre personal propio y empresas externas. Los restantes seis municipios la realizan con empresas externas. Hasta aquí el mapa de situación.

Además de la fotografía fija que se captura a través del gráfico, hay que dejar constancia de algunas tendencias de cambio detectadas y de sus efectos. La crisis ha provocado transformaciones en la prestación dirigidas a alcanzar una mayor eficiencia intentando no ceder en la calidad. Los ayuntamientos han explorado diversas estrategias para el ahorro, siendo una de ellas la concentración de contratos, bien por zonas geográficas que antes eran gestionadas por separado, bien por la unión de varios servicios en un solo contrato, normalmente limpieza viaria y recogida de residuos. Igualmente se observan cambios en las condiciones de la contratación externa, pasando de centrarse únicamente en parámetros de gestión a hacerlo también en índices de calidad del servicio. Estas transformaciones generan nuevos escenarios que han de ser estudiados. Por ejemplo, si se incide en la fórmula de la medición de calidad se producirá un aumento de exigencia en el desempeño municipal para acometer adecuadamente las tareas de la medición y evaluación de los servicios. Todo ello en un contexto de poca cultura de la evaluación que, al tratarse de servicios ambientales, habrá que orientar no sólo a la dimensión administrativa del servicio, vigilando las condiciones del contrato en el caso de gestión por empresa privada, sino también a los efectos que sobre el medio está teniendo su ejecución. En este sentido, la incipiente utilización de la evaluación de los servicios ecosistémicos en la orientación del diseño de las políticas ambientales ofrece una oportunidad para la mejor implementación de estas políticas.