Creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA)

En la entrada de hoy queremos dar a conocer un nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado algunos miembros del Instituto de Derecho Local. Se trata del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA), una plataforma pensada para llevar a cabo proyectos de investigación y de transferencia del conocimiento en temas relacionados con las técnicas de dirección y control de las Administraciones públicas. El enfoque de este nuevo centro no es específicamente local, aunque ya estamos preparando varios proyectos de colaboración entre el CIJA y el IDL de los que esperamos daros cuenta muy pronto.

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Déficit y gasto público local

Diego Marín-Barnuevo Fabo y Francisco Velasco Caballero

La obligación de reducir el déficit del Estado ha implicado que todas las Administraciones Públicas tuvieran que asumir significativas restricciones en su política de gasto y, con ello, en su capacidad de prestación de servicios públicos. Estas restricciones han sido especialmente severas para las Entidades Locales, que primero sufrieron la prohibición absoluta de incurrir en déficit como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución (a diferencia de la Administración Estatal y la Autonómica), y después han visto cómo la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) han establecido nuevos límites a su capacidad de disposición presupuestaria incluso en caso de tener superávit.

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Nuevo Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local

Hoy tenemos la satisfacción de presentar el Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local que organiza el Instituto de Derecho Local (IDL) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y que comenzará en septiembre de 2014. El plazo de preinscripción y de solicitud de becas finaliza el 15 de junio.
Se trata de un nuevo título propio impartido por el IDL que tiene por objeto el estudio de una materia esencial como es la actividad financiera de las entidades locales, cuya relevancia ha crecido significativamente en los últimos tiempos como consecuencia de la aprobación de numerosas medidas orientadas a garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.  Continue reading

De cómo la tasa de la telefonía móvil acabó en un auto

Un apunte al Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2014

Dra. Montserrat Ballarín Espuña
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra
(montserrat.ballarin@upf.edu)

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local impuesta a las operadoras de telefonía móvil (en adelante, tasa de la telefonía móvil), ha suscitado, en la última década, importantes controversias jurídicas en nuestro país, llegando incluso a originar dos pronunciamientos del Tribunal Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE). El último de ellos ha sido el Auto del TJUE de 30 de enero de 2014, que resolvió dos cuestiones prejudiciales planteadas por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo en las que solicitaba precisar algunos aspectos de la STJUE de 12 de julio de 2012. Dicha sentencia, que constituyó el primer pronunciamiento del TJUE sobre el tema, había resuelto otras cuestiones prejudiciales del Tribunal Supremo (TS) declarando incompatibles con el Derecho de la Unión aspectos fundamentales de dicha tasa tal como había sido regulada por la mayoría de ayuntamientos españoles. Continue reading

Aplicación de la LRSAL en las Illes Balears y en Canarias

Por Francisco Velasco Caballero

La DA 16ª LRSAL (introducida en el Senado) dispone, de forma críptica, una aplicación singular de la nueva ley en las dos comunidades insulares. Se establece que la LRSAL se aplicará a los cabildos insulares canarios y a los consejos insulares baleares “en los términos previstos en su legislación específica”. En ambos casos, la DA 16ª LRSAL tiene en cuenta la relevancia constitucional y estatutaria de la isla como entidad local y como “institución autonómica” en los dos archipiélagos. Esta singularidad jurídica de la isla supone, en ambos casos, importantes modulaciones para el nuevo régimen de competencias municipales y controles que resulta de la LRSAL. Y aunque los dos párrafos de la DA 16ª LRSAL tienen prácticamente el mismo tenor para los dos comunidades autónomas insulares, lo cierto es que su aplicación es diferenciada en cada uno de los dos archipiélagos. Por razones de sistemática expositiva conviene empezar con la Comunidad de Illes Balears, y luego pasar a las Islas Canarias.

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¿Presupuestos locales aprobados por Junta de Gobierno y no por el Pleno?

Por Begoña Sesma Sánchez

Históricamente, Monarcas, primero, y Gobiernos más tarde, han buscado el consentimiento y la aceptación de sus ciudadanos para imponerles exacciones y contribuciones con las que financiar gastos de interés general, públicos, de los que daban cuenta antes y después. Ésta es la esencia de la institución presupuestaria, íntimamente democrática: que los ciudadanos o sus representantes participen y autoricen el destino del dinero público obtenido, en parte, a través de su obligada contribución. También ésta es la esencia de muchos de los principios jurídico financieros constitucionalizados hoy en día (reserva de Ley tributaria, reserva de Ley presupuestaria, autorización legal para contraer deuda…). Es más, presupuesto y participación ciudadana, y no sólo consentimiento ciudadano de los gastos que elige el poder ejecutivo, es la filosofía que inspira los llamados “presupuestos participativos”, especialmente reivindicados en el ámbito local, en los que se postula y promueve la participación directa de los ciudadanos en la elección de los gastos (inversiones, actividades…) que más preocupan o interesan a los vecinos de una ciudad.

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Las Corporaciones Locales cumplen (y son las únicas)

Por César Martínez Sánchez

En las últimas semanas se han publicado las cifras oficiales relativas al endeudamiento y al déficit de las distintas Administraciones públicas. Las cifras son bien elocuentes y, en todo caso, colocan a las Entidades Locales en muy buen lugar. Continue reading

Cuando hay contradicción entre la LRSAL y una ley autonómica: ¿qué ley debe aplicar un ayuntamiento?

Francisco Velasco Caballero

La nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) entra en contradicción con numerosas normas legales de las comunidades autónomas. Tanto con leyes autonómicas de régimen local (de desarrollo de la legislación básica estatal) como con leyes sectoriales autonómicas (como las que atribuyen a los ayuntamientos competencias propias en materia de servicios sociales). Aunque pueda parecer sorprendente, nuestro sistema constitucional no contiene un criterio formal claro y determinante sobre cuál debe ser la norma legal aplicable, la estatal o la autonómica. Esto determina que, a la postre, será cada entidad local quien deba adoptar, en cada caso concreto, una opción aplicativa razonable y justificable. Esa opción unas veces consistirá en la aplicación de la ley autonómica, y otras veces pude llevar a la aplicación de la LRSAL. Veamos.

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Aplicación de la LRSAL en Madrid y Barcelona

Por Francisco Velasco Caballero

La LRSAL es de aplicación singular y restringida en las ciudades de Madrid y Barcelona, por mandato expreso de la DA 5ª LRSAL, que precisamente lleva por título “regímenes especiales de Madrid y Barcelona”. De manera que, sin perjuicio de las precisiones que siguen más adelante, en Madrid rige, frente a la LRSAL, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (LCREM). Y en Barcelona se aplica, antes de la LRSAL, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (LREB) y la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. A esta conclusión se podría haber llegado directamente, sin necesidad de una disposición adicional específica en la LRSAL, de dos formas. Primero, mediante, la aplicación de los criterios nomodinámicos tradicionales. Y segundo, induciendo criterios de preferencia aplicativa de la Constitución y los Estatutos de Autonomía de Madrid y Cataluña. Ahora bien, como ya ha sostenido mi colega Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona, estas vías hermenéuticas, aunque posibles, son inciertas e  incompletas: no aseguran la aplicación preferente de todas las normas especiales de Madrid y Barcelona. Estas insuficiencias, a las que ahora me referiré con más detalle, han sido superadas mediante la DA 5ª LRSAL.

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