De cómo la tasa de la telefonía móvil acabó en un auto

Un apunte al Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2014

Dra. Montserrat Ballarín Espuña
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra
(montserrat.ballarin@upf.edu)

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local impuesta a las operadoras de telefonía móvil (en adelante, tasa de la telefonía móvil), ha suscitado, en la última década, importantes controversias jurídicas en nuestro país, llegando incluso a originar dos pronunciamientos del Tribunal Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE). El último de ellos ha sido el Auto del TJUE de 30 de enero de 2014, que resolvió dos cuestiones prejudiciales planteadas por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo en las que solicitaba precisar algunos aspectos de la STJUE de 12 de julio de 2012. Dicha sentencia, que constituyó el primer pronunciamiento del TJUE sobre el tema, había resuelto otras cuestiones prejudiciales del Tribunal Supremo (TS) declarando incompatibles con el Derecho de la Unión aspectos fundamentales de dicha tasa tal como había sido regulada por la mayoría de ayuntamientos españoles. Continue reading

Aplicación de la LRSAL en las Illes Balears y en Canarias

Por Francisco Velasco Caballero

La DA 16ª LRSAL (introducida en el Senado) dispone, de forma críptica, una aplicación singular de la nueva ley en las dos comunidades insulares. Se establece que la LRSAL se aplicará a los cabildos insulares canarios y a los consejos insulares baleares “en los términos previstos en su legislación específica”. En ambos casos, la DA 16ª LRSAL tiene en cuenta la relevancia constitucional y estatutaria de la isla como entidad local y como “institución autonómica” en los dos archipiélagos. Esta singularidad jurídica de la isla supone, en ambos casos, importantes modulaciones para el nuevo régimen de competencias municipales y controles que resulta de la LRSAL. Y aunque los dos párrafos de la DA 16ª LRSAL tienen prácticamente el mismo tenor para los dos comunidades autónomas insulares, lo cierto es que su aplicación es diferenciada en cada uno de los dos archipiélagos. Por razones de sistemática expositiva conviene empezar con la Comunidad de Illes Balears, y luego pasar a las Islas Canarias.

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¿Presupuestos locales aprobados por Junta de Gobierno y no por el Pleno?

Por Begoña Sesma Sánchez

Históricamente, Monarcas, primero, y Gobiernos más tarde, han buscado el consentimiento y la aceptación de sus ciudadanos para imponerles exacciones y contribuciones con las que financiar gastos de interés general, públicos, de los que daban cuenta antes y después. Ésta es la esencia de la institución presupuestaria, íntimamente democrática: que los ciudadanos o sus representantes participen y autoricen el destino del dinero público obtenido, en parte, a través de su obligada contribución. También ésta es la esencia de muchos de los principios jurídico financieros constitucionalizados hoy en día (reserva de Ley tributaria, reserva de Ley presupuestaria, autorización legal para contraer deuda…). Es más, presupuesto y participación ciudadana, y no sólo consentimiento ciudadano de los gastos que elige el poder ejecutivo, es la filosofía que inspira los llamados “presupuestos participativos”, especialmente reivindicados en el ámbito local, en los que se postula y promueve la participación directa de los ciudadanos en la elección de los gastos (inversiones, actividades…) que más preocupan o interesan a los vecinos de una ciudad.

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Las Corporaciones Locales cumplen (y son las únicas)

Por César Martínez Sánchez

En las últimas semanas se han publicado las cifras oficiales relativas al endeudamiento y al déficit de las distintas Administraciones públicas. Las cifras son bien elocuentes y, en todo caso, colocan a las Entidades Locales en muy buen lugar. Continue reading

Cuando hay contradicción entre la LRSAL y una ley autonómica: ¿qué ley debe aplicar un ayuntamiento?

Francisco Velasco Caballero

La nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) entra en contradicción con numerosas normas legales de las comunidades autónomas. Tanto con leyes autonómicas de régimen local (de desarrollo de la legislación básica estatal) como con leyes sectoriales autonómicas (como las que atribuyen a los ayuntamientos competencias propias en materia de servicios sociales). Aunque pueda parecer sorprendente, nuestro sistema constitucional no contiene un criterio formal claro y determinante sobre cuál debe ser la norma legal aplicable, la estatal o la autonómica. Esto determina que, a la postre, será cada entidad local quien deba adoptar, en cada caso concreto, una opción aplicativa razonable y justificable. Esa opción unas veces consistirá en la aplicación de la ley autonómica, y otras veces pude llevar a la aplicación de la LRSAL. Veamos.

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Aplicación de la LRSAL en Madrid y Barcelona

Por Francisco Velasco Caballero

La LRSAL es de aplicación singular y restringida en las ciudades de Madrid y Barcelona, por mandato expreso de la DA 5ª LRSAL, que precisamente lleva por título “regímenes especiales de Madrid y Barcelona”. De manera que, sin perjuicio de las precisiones que siguen más adelante, en Madrid rige, frente a la LRSAL, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (LCREM). Y en Barcelona se aplica, antes de la LRSAL, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (LREB) y la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. A esta conclusión se podría haber llegado directamente, sin necesidad de una disposición adicional específica en la LRSAL, de dos formas. Primero, mediante, la aplicación de los criterios nomodinámicos tradicionales. Y segundo, induciendo criterios de preferencia aplicativa de la Constitución y los Estatutos de Autonomía de Madrid y Cataluña. Ahora bien, como ya ha sostenido mi colega Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona, estas vías hermenéuticas, aunque posibles, son inciertas e  incompletas: no aseguran la aplicación preferente de todas las normas especiales de Madrid y Barcelona. Estas insuficiencias, a las que ahora me referiré con más detalle, han sido superadas mediante la DA 5ª LRSAL.

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¿5.000 euros por presentar un recurso? El perenne problema de la cuantificación de las tasas

Por  César Martínez Sánchez

Hace unos días, una compañera –notablemente indignada– me comunicaba que se había creado una nueva tasa relativa al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se obligaba a los recurrentes a abonar una cuota que oscilaba entre un mínimo de 750 y un máximo de 5.000 euros (aquí está enlazada la ley de creación). La cuantía de la tasa depende directamente del valor estimado del contrato que es objeto de recurso, reclamación o cuestión de nulidad, de suerte que cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será la cuota tributaria a satisfacer.

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Mercado interior y gobiernos locales en Francia

Por Fernando Pastor Merchante

El viernes pasado recibimos la visita de Gilles Guglielmi, Catedrático de Derecho Público en la Universidad Panthéon-Assass de París. Le pedimos que nos hablara acerca del impacto que ha tenido el Derecho europeo sobre las entidades locales en Francia –un tema con el que clausuramos el ciclo de seminarios sobre gobiernos locales y mercado interior europeo que hemos organizado desde el IDL, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid–. Las ponencias anteriores están disponibles aquí, aquí y aquí y la del viernes pasado aquí.

Una de las cuestiones que más interés suscitó entre la audiencia fue el de la Directiva europea de servicios. Gilles Guglielmi explicó que los efectos de la Directiva apenas se han dejado sentir en el ámbito de la entidades locales francesas.  Esto se debe a que los gobiernos locales no han desempeñado ningún papel en su transposición, toda vez que carecen de competencias normativas en cualquier materia que no sea su propia organización. Y a que los servicios públicos locales ya estaban  plenamente sometidos al Derecho de la competencia, por lo que no ha sido necesaria una labor específica de adaptación. La única excepción a este respecto eran los servicios sociales de interés general, pero éstos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Continue reading

Estrategias políticas de identificación de las competencias municipales propias

 Por Francisco Velasco Caballero

Como es sabido, la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece un régimen de prelación de actividades para los municipios. De tal manera que los municipios deben ejercer, antes de nada, actividades que resultan de competencias propias. Las demás actividades, que para la LRSAL son “impropias” o “distintas de las propias” se pueden ejercer en dos regímenes distintos: o bien por delegación (art. 27 LBRL) o bien previa autorización supramunicipal, por medio de dos informes vinculantes, uno de sostenibilidad financiera y otro de “no duplicidad” de actividades.

A partir de aquí, la clave del nuevo sistema está en determinar qué competencias municipales son propias y cuales “distintas de las propias”. En este punto sorprende la senda marcada por la FEMP y expresada también por algunos grandes ayuntamientos, como el de Zaragoza (véase el informe general de este ayuntamiento en www.idluam.es). Según esta línea interpretativa, sólo son propias las competencias municipales referidas a las materias enunciadas en el art. 25.2 LBRL. Las demás competencias son “distintas de las propias”. Así, el informe del Ayuntamiento de Zaragoza incluye en la lista de actividades impropias una importante parte de la actual realidad municipal (vivienda, consumo, escuelas taller…). Esta línea interpretativa tiene un claro sentido financiero: se pretende que para todas aquellas actividades “impropias” la correspondiente Comunidad Autónoma suscriba un convenio de delegación con los ayuntamientos, convenio en el que, conforme al art. 27 LBRL, necesariamente ha de contenerse la financiación plena de la actividad. De esta manera, los ayuntamientos mantendrían las actividades “impropias” actuales, sólo que ahora en régimen de delegación y con nueva financiación autonómica. Varios son los comentarios que merece esta estrategia municipal:

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Bienvenido al Blog del IDL

 Por Diego Marín-Barnuevo Fabo

“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Esa famosa frase de G.T. de Lampedusa sintetiza perfectamente los motivos por los que hemos iniciado esta nueva aventura en el IDL. Después de más de 10 años realizando diversas actividades relacionadas con la investigación en el ámbito del Derecho Local, hemos considerado conveniente renovar nuestra página web e iniciar una nueva sección de Blog.

Es cierto que en el IDL estamos permanentemente “reinventándonos”, porque los tiempos cambian y las demandas sociales también, sobre todo como consecuencia del desarrollo tecnológico e informático. Por ello desarrollamos una web con información en abierto sobre Derecho local cuando nadie lo había hecho, fuimos pioneros en impartir cursos de máster semipresenciales, y ahora ponemos en marcha este proyecto.

Lo que pretendemos con este nuevo Blog es, básicamente, dinamizar el intercambio de información sobre temas de Derecho y Gobierno Local. Porque este nuevo formato permite comentar de forma especialmente rápida cualquier noticia relacionada con nuestros temas de interés y posibilita el intercambio de información con los lectores, lo que enriquece el debate y el conocimiento de todos los participantes.

Confiamos que vuestra participación sirva para identificar mejor los temas de interés y, especialmente, para mejorar el conocimiento de todos los interesados en estos temas.