“Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, por Julia Ortega Bernardo

Novedad bibliográfica: “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, Julia Ortega Bernardo, Marcial Pons, Madrid, 2014, 359 páginas, con prólogo de José María Rodríguez de Santiago

Los Gobiernos locales aprueban Ordenanzas en las que se decide que determinados derechos fundamentales sean limitados u optimizados en atención a bienes colectivos cuya protección se sitúa en su ámbito competencial. Del análisis crítico del espacio regulativo que ocupa en la praxis el poder de Ordenanza en materia iusfundamental cabría inducir unas pautas generales. A partir de ese análisis esta obra tiene como objetivo formular un canon, no sólo descriptivo sino también prescriptivo, sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión «ponderativa» (incluso «optimizadora »), de «ajuste singular», y reguladora de aspectos «esenciales» en materia de derechos fundamentales. Continue reading

Los “Administrative Law Judges” norteamericanos: imparcialidad administrativa y control judicial

Los “Administrative Law Judges” norteamericanos:

imparcialidad administrativa y control judicial

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local- Universidad Autónoma de Madrid

Hace ahora aproximadamente un año, la Sección Especial para la reforma de la Jurisdicción Contenciosa, creada en la Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia), puso de relieve la alta litigiosidad contenciosa en España. Se apuntaba en el Informe de la Sección Especial que la alta litigiosidad solo en parte se debe al propio funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Más relevante que esa razón es el mal funcionamiento de la Administración pública, que produce demasiadas resoluciones no conformes a Derecho (y buena prueba de ello es el abultado número de anulaciones en vía contenciosa). En el Informe de la Sección Especial se proponían varias reformas sobre el funcionamiento de la Administración. Una de ellas era la sustitución de los actuales recursos de alzada y reposición (muy poco eficaces) por recursos administrativos ante órganos colegiados independientes en el seno de la Administración. Esa propuesta entroncaba con la relevante experiencia británica de tribunals administrativos (sobre todo desde 2007). Siguiendo en la misma línea marcada por la Sección Especial de la CGC, a continuación se da cuenta de una experiencia comparada también interesante (y que también puede tener efectos importantes sobre la litigiosidad contenciosa). Se trata de los “Administrative Law Judges”.

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Los “Business Improvement Districts”: un fenómeno municipal en expansión

 

Francisco Velasco Caballero

University of Illinois, College of Law

 

Hace unos meses el Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Economía, requirió del Gobierno una iniciativa legislativa que haga posible la implantación en España de las denominadas “Áreas Comerciales Urbanas” (ACU). Según parece, el Ministerio de Economía y Competitividad ya ha elaborado un primer borrador de proyecto de ley. Y en relación con esta iniciativa, la FEMP ya ha anunciado una postura inicialmente crítica en cuanto al sistema de financiación de estas nuevas “Áreas Comerciales Urbanas”.

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Elección de alcalde en los Estados Unidos

Por Francisco Velasco y Laurie Reynolds
College of Law. University of Illinois at Urbana-Champaign

Al hilo del reciente debate español sobre la elección de alcalde, y como fuente de reflexión para ese debate, a continuacion se describen algunas notas relevantes sobre la elección de alcalde en los Estados Unidos de America.

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La calificación a efectos catastrales y fiscales del suelo urbanizable sectorizado no ordenado como rústico: Comentario de la STS de 30 de mayo de 2014

Mª Luisa González-Cuéllar Serrano

Universidad Carlos III de Madrid

El Tribunal Supremo ha resuelto la calificación como rústicos a efectos catastrales –y, consecuentemente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles- de los inmuebles urbanizables sectorizados sin instrumento urbanístico de desarrollo. Es decir, sólo pueden calificarse como urbano los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada.
Esta importante doctrina ha sido sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de mayo de 2014, mediante la desestimación de un recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra Sentencia del Tribunal de Justicia de Extremadura de 26 de marzo de 2013.
La disminución del valor catastral que se derivará de la aplicación de esta Resolución va a suponer una rebaja muy importante en la cuota del IBI a estos inmuebles a los que los ayuntamientos llevaban años liquidándoles este tributo local partiendo de su calificación catastral como urbanos. Junto a ello, también tendrá incidencia en otros impuestos, como el IRPF o e IIVTNU.

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¿Elección directa de alcalde o nombramiento  automático como alcalde al candidato de la lista más votada?

 

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local

En los últimos días, el Partido Popular ha abierto un nuevo debate sobre la elección de alcaldes. Tal debate se presenta en un amplio contexto de posibles medidas de regeneración democrática. Entre ellas también se encuentra, según parece, la reducción de los aforamientos.

No es momento ahora de profundizar en la estrategia de regeneración democrática; en si actualmente existe algo parecido a una “degeneración” de la democracia (a la que respondería la “regeneración”)  o si simplemente asistimos a la emergencia de nuevas opciones electorales distintas de las tradicionales. Tampoco es momento de profundizar en si las medidas de “regeneración” han de ser las que reclaman generalmente los ciudadanos (que frecuentemente tienen que ver con el funcionamiento de los partidos políticos)  u otras que, como el sistema de elección de alcaldes, no parecía una prioridad social.

Ahora sólo quiero destacar que bajo la referencia imprecisa a cambios en la elección de alcaldes se está haciendo referencia a dos cuestiones radicalmente distintas.

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Reforma de la regulación del procedimiento negociado en Navarra

Por Javier Vázquez Matilla

Letrado del Ayuntamiento de Pamplona y Vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

El pasado 12 de junio de 2014 el Pleno del Parlamento de Navarra, aprobó la Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos que será publicada en breve en el Boletín Oficial de Navarra entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/BOP/B2014077.pdf

Las novedades fundamentales tienen que ver con el procedimiento negociado y con el recurso especial (reclamación en materia de contratación pública).

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Creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA)

En la entrada de hoy queremos dar a conocer un nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado algunos miembros del Instituto de Derecho Local. Se trata del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA), una plataforma pensada para llevar a cabo proyectos de investigación y de transferencia del conocimiento en temas relacionados con las técnicas de dirección y control de las Administraciones públicas. El enfoque de este nuevo centro no es específicamente local, aunque ya estamos preparando varios proyectos de colaboración entre el CIJA y el IDL de los que esperamos daros cuenta muy pronto.

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Déficit y gasto público local

Diego Marín-Barnuevo Fabo y Francisco Velasco Caballero

La obligación de reducir el déficit del Estado ha implicado que todas las Administraciones Públicas tuvieran que asumir significativas restricciones en su política de gasto y, con ello, en su capacidad de prestación de servicios públicos. Estas restricciones han sido especialmente severas para las Entidades Locales, que primero sufrieron la prohibición absoluta de incurrir en déficit como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución (a diferencia de la Administración Estatal y la Autonómica), y después han visto cómo la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) han establecido nuevos límites a su capacidad de disposición presupuestaria incluso en caso de tener superávit.

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