¿Puede una empresa municipal ejecutar un contrato público para su Ayuntamiento? (Silvia Díez Sastre)

¿Puede una empresa municipal ejecutar un contrato público para su Ayuntamiento?

Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local – UAM

 

Bajo la denominación muy general de municipalización o reinternalización se pueden incluir fenómenos de muy diverso tipo y grado. Uno de ellos, objeto de estas líneas, consiste en que una empresa municipal se subrogue en la posición de concesionario de gestión de servicios públicos que venía desempeñando una empresa privada. Hablo de la posibilidad de que mediante una cesión del contrato, una empresa municipal pase a ser contratista de su propio ayuntamiento. Desde el punto de vista jurídico, esta operación puede plantear varios interrogantes. Algunos de ellos se refieren a la naturaleza de la cesión de modificación contractual regida por las exigencias del Derecho de la Unión Europea o al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa nacional para las cesiones de los contratos públicos. Pero quizás lo más novedoso de este supuesto es que nos obliga a perfilar los límites de la actividad que pueden desempeñar las sociedades mercantiles de titularidad pública en relación con sus entidades matrices. Surge, así, la pregunta en torno a si una empresa municipal puede ejecutar un contrato para su Ayuntamiento.

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¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales? (Silvia Díez)

¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales?
Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local-UAM

Recientemente la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es órgano jurisdiccional a efectos de plantear cuestión prejudicial conforme al artículo 267 TFUE. El Tribunal procede, por tanto, a resolver la cuestión prejudicial que interpuso dicho órgano nacional en el marco de un recurso especial en materia de contratación pública. El litigio enfrentaba al Consorci Sanitari del Maresme y la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Al Tribunal de recursos contractuales catalán le preocupaba determinar, fundamentalmente, si una Administración pública puede considerarse operador económico y, por tanto, si se le puede negar el acceso al sistema de clasificación empresarial. De forma resumida puede decirse que el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera pregunta y de forma negativa a la segunda. Posteriormente, remite al órgano nacional la responsabilidad de resolver el asunto concreto. Pero más allá de esa respuesta, parece trascendente analizar por qué el Tribunal de Justicia entiende que un órgano nacional de recursos contractuales es órgano jurisdiccional a la luz del Derecho de la Unión Europea y puede plantear una cuestión prejudicial. Veamos cuáles son los argumentos que ha utilizado para justificar esta decisión.

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LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA CONTRACTUAL: EL SISTEMA DE RECURSOS Y LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Reflexiones previas al Seminario Internacional sobre Contratación Pública IDL-UAM y Ayuntamiento de Madrid (15 y 16 de diciembre). Jesús Colás Tenas.

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA CONTRACTUAL: EL SISTEMA DE RECURSOS Y LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Reflexiones previas al Seminario Internacional sobre Contratación Pública IDL-UAM y Ayuntamiento de Madrid (15 y 16 de diciembre)

Jesús Colás Tenas

Oficial Mayor de la Diputación de Zaragoza y Director del Máster en Contratación Pública Local IDL-UAM

Las nuevas Directivas de contratación pública (23, 24 y 25 de 2014, de 26 de febrero), obligan a repensar el sistema de justicia administrativa contractual que se implanta con la Ley 34/2010, de 5 de agosto, —de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa— de forma compleja y enrevesada, por su difícil encaje en el sistema general de justicia administrativa de nuestro ordenamiento jurídico.

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Reforma de la regulación del procedimiento negociado en Navarra

Por Javier Vázquez Matilla

Letrado del Ayuntamiento de Pamplona y Vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

El pasado 12 de junio de 2014 el Pleno del Parlamento de Navarra, aprobó la Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos que será publicada en breve en el Boletín Oficial de Navarra entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/BOP/B2014077.pdf

Las novedades fundamentales tienen que ver con el procedimiento negociado y con el recurso especial (reclamación en materia de contratación pública).

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¿5.000 euros por presentar un recurso? El perenne problema de la cuantificación de las tasas

Por  César Martínez Sánchez

Hace unos días, una compañera –notablemente indignada– me comunicaba que se había creado una nueva tasa relativa al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se obligaba a los recurrentes a abonar una cuota que oscilaba entre un mínimo de 750 y un máximo de 5.000 euros (aquí está enlazada la ley de creación). La cuantía de la tasa depende directamente del valor estimado del contrato que es objeto de recurso, reclamación o cuestión de nulidad, de suerte que cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será la cuota tributaria a satisfacer.

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