El futuro de los “taxis” alternativos: sobre Uber y los que vengan (Francisco Velasco)

El futuro de los “taxis” alternativos: sobre Uber  y los que vengan

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Llevamos ya varios años dándole vueltas al transporte urbano prestado por particulares que no cuentan con licencias municipales de taxi y que actúan por medio de plataformas electrónicas de intermediación (Uber, Cabify). Esta es una de las actividades que se ha calificado como  “economía colaborativa”. Se trata de la prestación de servicios convencionales por sujetos económicamente atípicos (ni empresarios, ni asalariados) gracias a plataformas electrónicas que conectan directamente al cliente con el proveedor ocasional –no profesional del servicio (DOMÉNECH, 2015). Lo cierto es que los nuevos servicios de transporte urbano compiten con un sector empresarial contingentado y regulado: el del taxi.

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¿Puede una empresa municipal ejecutar un contrato público para su Ayuntamiento? (Silvia Díez Sastre)

¿Puede una empresa municipal ejecutar un contrato público para su Ayuntamiento?

Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local – UAM

 

Bajo la denominación muy general de municipalización o reinternalización se pueden incluir fenómenos de muy diverso tipo y grado. Uno de ellos, objeto de estas líneas, consiste en que una empresa municipal se subrogue en la posición de concesionario de gestión de servicios públicos que venía desempeñando una empresa privada. Hablo de la posibilidad de que mediante una cesión del contrato, una empresa municipal pase a ser contratista de su propio ayuntamiento. Desde el punto de vista jurídico, esta operación puede plantear varios interrogantes. Algunos de ellos se refieren a la naturaleza de la cesión de modificación contractual regida por las exigencias del Derecho de la Unión Europea o al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa nacional para las cesiones de los contratos públicos. Pero quizás lo más novedoso de este supuesto es que nos obliga a perfilar los límites de la actividad que pueden desempeñar las sociedades mercantiles de titularidad pública en relación con sus entidades matrices. Surge, así, la pregunta en torno a si una empresa municipal puede ejecutar un contrato para su Ayuntamiento.

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¿Siguen siendo útiles las sociedades municipales? (Francisco Velasco)

¿Siguen siendo útiles las sociedades municipales?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

 

En el marco del proceso de “reinternalización” de actividades municipales, y como camino de vuelta de la generalizada “externalización” de la última década, cada vez más ayuntamientos se plantean la creación de empresas municipales para gestionar directamente [conforme al art. 85.1 A) LBRL] sus servicios municipales. Sin duda que una primera cuestión sería la oportunidad y conveniencia de la propia gestión directa, a lo cual se ha referido recientemente Silvia Díez Sastre en el seminario “Reinternalización de actividades y servicios municipales”, organizado con el Ayuntamiento de Madrid el pasado 4 de marzo. Yo ahora paso al segundo nivel de análisis: si, aceptada la bondad de ciertas “reinternalizaciones”, la sociedad municipal es una forma idónea para el fin. Tengo más elementos de análisis que una conclusión neta (que quizá es inalcanzable).

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¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales? (Silvia Díez)

¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales?
Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local-UAM

Recientemente la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es órgano jurisdiccional a efectos de plantear cuestión prejudicial conforme al artículo 267 TFUE. El Tribunal procede, por tanto, a resolver la cuestión prejudicial que interpuso dicho órgano nacional en el marco de un recurso especial en materia de contratación pública. El litigio enfrentaba al Consorci Sanitari del Maresme y la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Al Tribunal de recursos contractuales catalán le preocupaba determinar, fundamentalmente, si una Administración pública puede considerarse operador económico y, por tanto, si se le puede negar el acceso al sistema de clasificación empresarial. De forma resumida puede decirse que el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera pregunta y de forma negativa a la segunda. Posteriormente, remite al órgano nacional la responsabilidad de resolver el asunto concreto. Pero más allá de esa respuesta, parece trascendente analizar por qué el Tribunal de Justicia entiende que un órgano nacional de recursos contractuales es órgano jurisdiccional a la luz del Derecho de la Unión Europea y puede plantear una cuestión prejudicial. Veamos cuáles son los argumentos que ha utilizado para justificar esta decisión.

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Mercado interior y gobiernos locales en Francia

Por Fernando Pastor Merchante

El viernes pasado recibimos la visita de Gilles Guglielmi, Catedrático de Derecho Público en la Universidad Panthéon-Assass de París. Le pedimos que nos hablara acerca del impacto que ha tenido el Derecho europeo sobre las entidades locales en Francia –un tema con el que clausuramos el ciclo de seminarios sobre gobiernos locales y mercado interior europeo que hemos organizado desde el IDL, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid–. Las ponencias anteriores están disponibles aquí, aquí y aquí y la del viernes pasado aquí.

Una de las cuestiones que más interés suscitó entre la audiencia fue el de la Directiva europea de servicios. Gilles Guglielmi explicó que los efectos de la Directiva apenas se han dejado sentir en el ámbito de la entidades locales francesas.  Esto se debe a que los gobiernos locales no han desempeñado ningún papel en su transposición, toda vez que carecen de competencias normativas en cualquier materia que no sea su propia organización. Y a que los servicios públicos locales ya estaban  plenamente sometidos al Derecho de la competencia, por lo que no ha sido necesaria una labor específica de adaptación. La única excepción a este respecto eran los servicios sociales de interés general, pero éstos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Continue reading