El IIVTNU resulta inexigible en Navarra (Diego Marín-Barnuevo)

El IIVTNU resulta inexigible en Navarra

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Hace unos meses escribíamos una entrada en este blog en la que poníamos de manifiesto que el IIVTNU resulta inexigible en Madrid, basándonos en la interpretación mantenida por el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia de 19 de julio y en otras ulteriores. Ahora nos toca comentar una sentencia del TSJ de Navarra, que determina la inexigibilidad del IIVTNU en esa comunidad autónoma.

Plusvalía municipal

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Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal… (César Martínez)

Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal…

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Esta norma es fruto de la negociación con las entidades locales, que desde comienzos de año venían reclamando, entre otras cuestiones, la habilitación legal necesaria para destinar el superávit de 2017 a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

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El nuevo modelo de control interno del Ayuntamiento de Madrid (Francisco Javier Sánchez Rubio)

El nuevo modelo de control interno del Ayuntamiento de Madrid

Francisco Javier Sánchez Rubio

Director de la Oficina de Contabilidad y Control Financiero del Ayuntamiento de Madrid

El próximo uno de julio entra en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. La Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, aprovechando su necesaria adaptación, se ha fijado el objetivo de diseñar un modelo de control interno ajustado no solo a la nueva normativa sino también a las exigencias que se demandan en la actualidad a los órganos de control interno.

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ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES LOCALES Y SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS LOCALES: ¿ES POSIBLE, TRAS EL SEC–2010, QUE NO CONSOLIDEN A EFECTOS DEL CONTROL DEL DÉFICIT Y LA DEUDA PÚBLICOS? (Ester Marco)

Entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles públicas locales: ¿es posible, tras el SEC–2010, que no consoliden a efectos del control del déficit y la deuda públicos?

Ester Marco Peñas

Instituto de Derecho Local-UAM

 

Tras el endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (a través de los paquetes normativos conocidos como Six Pack -2011- y Two Pack -2013-), las reformas que el legislador nacional ha llevado a cabo para adaptar el ordenamiento jurídico interno a los mandatos europeos han sido muy restrictivas, especialmente para las corporaciones locales. La obligación de “mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”, establecida en el art. 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o el cumplimiento de la severa regla de gasto, regulada en el art. 12 de la citada ley orgánica, marcan en muchas ocasiones la hoja de ruta en materia de inversiones de las corporaciones locales.

 SEC 2010

En este contexto, frente a la necesidad de llevar a cabo una obra pública o prestar un servicio público, el ente local inevitablemente se plantea qué instrumento jurídico le permitirá acometer la obra o prestar el servicio e incidirá en menor medida en sus niveles de déficit, deuda y gasto públicos.

En este punto, la delimitación del sector Administraciones públicas local en términos de Sistema Europeo de Cuentas (en adelante, SEC) y, en particular, si en el contorno de consolidación fiscal se incluirán las entidades públicas empresariales locales (en adelante, EPEL) y las sociedades mercantiles públicas (en adelante, SMP) es un elemento clave. Si un entidad se clasifica en el sector Administraciones públicas en términos de SEC sus niveles de déficit y deuda públicos se incluirán en el balance público.

El SEC es la metodología que deben seguir los Estados (y, por ende, los diferentes niveles de gobierno) para elaborar y presentar frente a las instituciones europeas los datos estadísticos relativos a sus niveles de déficit y deuda públicos. El actual Sistema Europeo de Cuentas es el SEC-2010, aprobado por el Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 (en adelante, SEC-2010). Uno de los principales cambios introducidos por el SEC-2010, respecto a su predecesor el SEC-95, ha sido, precisamente, el endurecimiento de los criterios para determinar si una entidad se encuentra clasificada fuera del sector Administración públicas.

Para clasificar una entidad dentro o fuera del sector Administraciones públicas en términos de SEC se tiene que responder secuencialmente a las tres preguntas siguientes, que constituyen los tres criterios del “test de clasificación de entes”:

(1) ¿La entidad es una unidad institucional?

Una entidad será considerada unidad institucional si tiene autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Para poder afirmar que una entidad tiene autonomía de decisión, esta debe: ser titular de bienes y activos con facultad de disposición sobre ellos; tener capacidad para tomar decisiones económicas; tener capacidad para contraer pasivos en nombre propio y suscribir contratos; y, por último, elaborar un conjunto completo de cuentas (apartado 2.12 SEC-2010)

Si una entidad no posee autonomía de decisión ya no será necesario seguir analizando los otros dos criterios, puesto que directamente deberá clasificarse junto a la entidad que la controla (en nuestro caso el Ayuntamiento, sector Administración pública local). Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea) en sus Decisiones cada vez es más estricto a la hora de verificar si las entidades poseen o no autonomía de decisión. De hecho, la existencia de determinados controles funcionales o autorizaciones por parte de la Administración excluyen la condición de unidad institucional a la entidad, y suponen su reclasificación en el sector Administraciones públicas.

(2) ¿La entidad está controlada por una entidad privada o bien por la Administración pública?

El apartado 1.36 SEC-2010 define el control como la capacidad para determinar la política general o el programa de una unidad institucional”. Sin embargo, como novedad, el SEC-2010 endurece este criterio al introducir en su apartado 20.309 una serie de indicadores cuya presencia denota también la existencia de control por parte de las Administraciones públicas y, en consecuencia, su consideración como unidad institucional pública. Entre estos indicadores encontramos la existencia de control vía acuerdos contractuales o a través de una regulación excesiva.

Llegados a este punto del análisis, pueden existir entidades consideradas unidades institucionales (al tener autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal) y públicas (al estar controladas por las Administraciones públicas) pero estar clasificadas fuera del sector Administraciones públicas a efectos de consolidación, por ser consideradas “de mercado”. Justamente este es el tercer elemento que debe analizarse:

(3) La actividad de la entidad ¿es de mercado o no de mercado?

De nuevo, el SEC-2010 ha reforzado el criterio de mercado, introduciendo la obligación de analizar la existencia de una “verdadera situación de mercado”. Este análisis cualitativo de la posición real que ocupa la entidad, pasa a ser previo y prioritario al análisis cuantitativo.

Finalmente, debe llevarse a cabo el análisis cualitativo, en concreto determinar si la entidad cumple el “test del 50 %” (regulado, entre otros, en los apartados 3.33 y 3.34 SEC–2010). En este test se analiza si la entidad cubre al menos el 50% de sus “costes” de producción con sus “ventas” (ambos conceptos, costes y ventas, definidos en términos de SEC).

A la hora de analizar el test del 50% es fundamental tener en cuenta que los pagos efectuados por las Administraciones públicas a la entidad, si cumplen determinadas condiciones, también serán considerados “ventas” en términos de SEC; y, por tanto, se adicionarán a las otras ventas de la entidad para determinar si esta da cumplimiento a la regla del 50%.

Este último factor hace que todavía sea posible la existencia de entidades (EPELs y SMPs) controladas y financiadas mayoritariamente por las Administraciones públicas pero clasificados fuera del sector Administraciones públicas en términos de consolidación fiscal. No obstante, para que esto último sea posible las EPELs y SMPs deben ser minuciosamente configuradas, tanto en el nivel de control ejercido por el Ayuntamiento como en el modo en que se articula la financiación pública (pagos, subvenciones, etc.). De lo contrario, un potencial análisis, por parte de Eurostat o la Intervención General de la Administración del Estado, puede suponer su reclasificación en el sector Administración local.

 

Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario: una polémica novedad en un debate eterno (César Martínez)

Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario: una polémica novedad en un debate eterno

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-UAM

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público contiene, en su disposición final duodécima, una auténtica revolución en el régimen jurídico de las contraprestaciones exigidas por los servicios públicos locales: las denominadas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Como decimos en el título de esta entrada, se trata de una nueva etapa en la ya vexata quæstio relativa a la naturaleza jurídica de las contraprestaciones de los servicios públicos, especialmente controvertida en aquellos supuestos en los que se presta por medio de concesión.

PPP no tributarias

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¿EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEBE SER UN IMPUESTO REAL Y OBJETIVO “QUÍMICAMENTE PURO”? (Miguel Alonso)?

¿El Impuesto sobre Bienes Inmuebles debe ser un impuesto real y objetivo “químicamente puro”?

Miguel Alonso Gil

Presidente TEAM del Ayto. de Móstoles. Profesor asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M

           

En un sugerente estudio sobre la reforma de la Hacienda municipal del año 2010, el Prof. Calvo Ortega señalaba que la futura reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles debía partir de la desagregación de los bienes en función de uso o destino: vivienda habitual, segunda residencia, vivienda desocupada, inmuebles afectos a actividades económicas e inmuebles de características especiales,  y concluía que es cierto que todos estos inmuebles tienen en común ser una manifestación de capacidad económica, pero sus circunstancias subjetivas y su destino económico exigirían una diferenciación en su gravamen impositivo.

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El IIVTNU resulta inexigible en Madrid (Diego Marín-Barnuevo)

El IIVTNU resulta inexigible en Madrid

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Como es sabido, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunos preceptos del IIVTNU, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Ese fallo ha sido criticado por un amplio sector de la doctrina porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no prevé ese tipo de decisiones y, sobre todo, porque lejos de resolver el problema, genera más inseguridad jurídica de la existente antes de su pronunciamiento.

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“Las cuotas de urbanización: problemas para su recaudación” de María José Cano Cueli, nueva publicación del IDL

“Las cuotas de urbanización: problemas para su recaudación” de María José Cano Cueli, nueva publicación del IDL

 Portada Mª José Cano

El libro contiene un riguroso estudio de los principales problemas de la recaudación de las cuotas de urbanización.

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Es momento de repensar la aplicación de la regla de gasto en el ámbito local (César Martínez Sánchez)

Es momento de repensar la aplicación de la regla de gasto en el ámbito local

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Local, en el que han participado expertos de muy diferente procedencia y formación, reconoce unánimemente que la regla de gasto ha contribuido al saneamiento financiero de las entidades locales. Si bien, al mismo tiempo se afirma que la regla de gasto “es mejorable en varios sentidos”.

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“El control interno en las entidades locales: el control financiero”, nueva publicación del IDL (Diego Marín-Barnuevo)

“El control interno en las entidades locales: el control financiero”, nueva publicación del IDL

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-UAM

Control interno

El control interno de la actividad financiera de las entidades locales es una materia poco conocida y sobre la que existen pocos trabajos de investigación. Por ello, el curso pasado organizamos desde el Instituto de Derecho Local de la UAM una serie de seminarios orientados a su estudio.

En esos seminarios participaron muchos interventores locales y, también, jueces, catedráticos, miembros de Tribunales de Cuentas e interventores del Estado. El objetivo principal de dicha actividad era valorar, desde distintas perspectivas, la actividad fiscalizadora del gasto público realizada por los interventores locales.

Lógicamente, el foco principal de las ponencias presentadas era el “control financiero”, porque ya se conocía el proyecto de reglamento que pretendía establecer esa modalidad de control en el ámbito local y, de hecho, algunos ayuntamientos representados en los seminarios (Tarragona, Toledo), ya lo aplican desde hace algunos años.

La publicación en mayo de 2017 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, estableció finalmente la exigencia de implementar el control financiero en el ámbito local a partir de julio de 2018. Ello nos animó a publicar el presente libro, en el que se recogen las principales ponencias sobre control financiero presentadas en los seminarios del IDL-UAM y, además, se realiza un estudio específico sobre el contenido de esa nueva regulación y de los principales cambios que provocará en la actuación de la Administración local.

Los trabajos contenidos en el libro son los siguientes:

  1. Una propuesta de nuevo régimen presupuestario de la administración y su control

Antonio López Díaz, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario USC, Ex Consejero Mayo del Consello de Contas de Galicia.

  1. Hacia un renovado control financiero y de eficacia en las entidades locales: visión desde un órgano de control externo

Roberto Fernández Llera, Jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, acreditado como Prof. Titular de Economía Aplicada.

  1. El control financiero en la AGE y en la Seguridad Social

Manuel Rodríguez Martínez, Interventor General de la Seguridad Social,  y Beatriz Fernández Fernández-Miranda, Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.

  1. El procedimiento electrónico y el compromiso, disposición y control interno del gasto público

Alberto Palomar Olmeda, Magistrado, acreditado como Prof. Titular de Derecho Administrativo.

  1. El nuevo régimen jurídico de control interno de las entidades locales

Diego Marín-Barnuevo Fabo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la UAM, y María José Monzón Mayo, Interventora General del Ayuntamiento de Madrid.

El libro tiene un precio de 15 euros y sólo puede comprarse a través de la plataforma Amazon. Si quieres conocer los detalles, puedes pinchar aquí.