Aplicación de la LRSAL en las Illes Balears y en Canarias

Por Francisco Velasco Caballero

La DA 16ª LRSAL (introducida en el Senado) dispone, de forma críptica, una aplicación singular de la nueva ley en las dos comunidades insulares. Se establece que la LRSAL se aplicará a los cabildos insulares canarios y a los consejos insulares baleares “en los términos previstos en su legislación específica”. En ambos casos, la DA 16ª LRSAL tiene en cuenta la relevancia constitucional y estatutaria de la isla como entidad local y como “institución autonómica” en los dos archipiélagos. Esta singularidad jurídica de la isla supone, en ambos casos, importantes modulaciones para el nuevo régimen de competencias municipales y controles que resulta de la LRSAL. Y aunque los dos párrafos de la DA 16ª LRSAL tienen prácticamente el mismo tenor para los dos comunidades autónomas insulares, lo cierto es que su aplicación es diferenciada en cada uno de los dos archipiélagos. Por razones de sistemática expositiva conviene empezar con la Comunidad de Illes Balears, y luego pasar a las Islas Canarias.

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¿Presupuestos locales aprobados por Junta de Gobierno y no por el Pleno?

Por Begoña Sesma Sánchez

Históricamente, Monarcas, primero, y Gobiernos más tarde, han buscado el consentimiento y la aceptación de sus ciudadanos para imponerles exacciones y contribuciones con las que financiar gastos de interés general, públicos, de los que daban cuenta antes y después. Ésta es la esencia de la institución presupuestaria, íntimamente democrática: que los ciudadanos o sus representantes participen y autoricen el destino del dinero público obtenido, en parte, a través de su obligada contribución. También ésta es la esencia de muchos de los principios jurídico financieros constitucionalizados hoy en día (reserva de Ley tributaria, reserva de Ley presupuestaria, autorización legal para contraer deuda…). Es más, presupuesto y participación ciudadana, y no sólo consentimiento ciudadano de los gastos que elige el poder ejecutivo, es la filosofía que inspira los llamados “presupuestos participativos”, especialmente reivindicados en el ámbito local, en los que se postula y promueve la participación directa de los ciudadanos en la elección de los gastos (inversiones, actividades…) que más preocupan o interesan a los vecinos de una ciudad.

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Cuando hay contradicción entre la LRSAL y una ley autonómica: ¿qué ley debe aplicar un ayuntamiento?

Francisco Velasco Caballero

La nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) entra en contradicción con numerosas normas legales de las comunidades autónomas. Tanto con leyes autonómicas de régimen local (de desarrollo de la legislación básica estatal) como con leyes sectoriales autonómicas (como las que atribuyen a los ayuntamientos competencias propias en materia de servicios sociales). Aunque pueda parecer sorprendente, nuestro sistema constitucional no contiene un criterio formal claro y determinante sobre cuál debe ser la norma legal aplicable, la estatal o la autonómica. Esto determina que, a la postre, será cada entidad local quien deba adoptar, en cada caso concreto, una opción aplicativa razonable y justificable. Esa opción unas veces consistirá en la aplicación de la ley autonómica, y otras veces pude llevar a la aplicación de la LRSAL. Veamos.

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Aplicación de la LRSAL en Madrid y Barcelona

Por Francisco Velasco Caballero

La LRSAL es de aplicación singular y restringida en las ciudades de Madrid y Barcelona, por mandato expreso de la DA 5ª LRSAL, que precisamente lleva por título “regímenes especiales de Madrid y Barcelona”. De manera que, sin perjuicio de las precisiones que siguen más adelante, en Madrid rige, frente a la LRSAL, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (LCREM). Y en Barcelona se aplica, antes de la LRSAL, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (LREB) y la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. A esta conclusión se podría haber llegado directamente, sin necesidad de una disposición adicional específica en la LRSAL, de dos formas. Primero, mediante, la aplicación de los criterios nomodinámicos tradicionales. Y segundo, induciendo criterios de preferencia aplicativa de la Constitución y los Estatutos de Autonomía de Madrid y Cataluña. Ahora bien, como ya ha sostenido mi colega Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona, estas vías hermenéuticas, aunque posibles, son inciertas e  incompletas: no aseguran la aplicación preferente de todas las normas especiales de Madrid y Barcelona. Estas insuficiencias, a las que ahora me referiré con más detalle, han sido superadas mediante la DA 5ª LRSAL.

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Estrategias políticas de identificación de las competencias municipales propias

 Por Francisco Velasco Caballero

Como es sabido, la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece un régimen de prelación de actividades para los municipios. De tal manera que los municipios deben ejercer, antes de nada, actividades que resultan de competencias propias. Las demás actividades, que para la LRSAL son “impropias” o “distintas de las propias” se pueden ejercer en dos regímenes distintos: o bien por delegación (art. 27 LBRL) o bien previa autorización supramunicipal, por medio de dos informes vinculantes, uno de sostenibilidad financiera y otro de “no duplicidad” de actividades.

A partir de aquí, la clave del nuevo sistema está en determinar qué competencias municipales son propias y cuales “distintas de las propias”. En este punto sorprende la senda marcada por la FEMP y expresada también por algunos grandes ayuntamientos, como el de Zaragoza (véase el informe general de este ayuntamiento en www.idluam.es). Según esta línea interpretativa, sólo son propias las competencias municipales referidas a las materias enunciadas en el art. 25.2 LBRL. Las demás competencias son “distintas de las propias”. Así, el informe del Ayuntamiento de Zaragoza incluye en la lista de actividades impropias una importante parte de la actual realidad municipal (vivienda, consumo, escuelas taller…). Esta línea interpretativa tiene un claro sentido financiero: se pretende que para todas aquellas actividades “impropias” la correspondiente Comunidad Autónoma suscriba un convenio de delegación con los ayuntamientos, convenio en el que, conforme al art. 27 LBRL, necesariamente ha de contenerse la financiación plena de la actividad. De esta manera, los ayuntamientos mantendrían las actividades “impropias” actuales, sólo que ahora en régimen de delegación y con nueva financiación autonómica. Varios son los comentarios que merece esta estrategia municipal:

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