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Francisco Velasco Caballero

Equalizing the income of urban and rural municipalities: a comparison between Spain and Canada (Ontario)

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Over the next four years, in the EU research pro ject LoGov we will compare in several countries, both European and non-European, the different institutional and functional features of urban and rural municipalities. One of the aspects that we will consider is that of municipal financing. In the following, an initial, provisional and elementary comparison is drawn between the financing of Spanish municipalities and those of Canada. I thank Enid Slack of the University of Toronto for her crucial insights that have helped me understand the Canadian local financing system.

With global data, both in Spain and in the different provinces of Canada (since in this country local governments concern each province) revenues from own taxes contribute the majority of municipal revenues. The greatest differences are observed in the typology of taxes from which the income derives and in the other complementary sources of financing (borrowing excluded). Let us start with a simple description of the sources of municipal income in each country.

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The Spanish local financing scheme and the rural-urban interplay: do state transfers produce balancing effects?

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In the framework of the European research project LoGOV, at the Institute of Local Government Law (IDL-UAM) we have begun to analyze the Spanish local financingsystem, with a focus on the possible structural differences between small or medium-sized municipalities and large or very large ones. For a first economic approach to local financing, on April 12, 2019 we invited Professor Alfonso Utrilla de la Hoz, from the Complutense University of Madrid.

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Cuarenta años de democracia local: un breve análisis de resultados

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Francisco Velasco y Carmen Navarro

 

El sistema electoral local es, en su configuración jurídica, relativamente estable desde 1985.  A partir de este sistema normativo relativamente estable se pueden identificar y valorar los rendimientoso resultados políticos reales del sistema electoral. De forma gráfica, la evolución del voto a los distintos partidos ha sido la siguiente:

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Sistema electoral local: Do not fix what is not broken!

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Cuando se habla del sistema electoral español, en general, lo más común en los últimos tiempos es decir que está obsoleto, que necesita una reforma en profundidad. Esto se dice, normalmente, con la mente puesta en las elecciones generales. Pero la afirmación se extiende de forma casi inconsciente también a las elecciones locales. Y sin embargo, los males que se identifican en el sistema electoral nacional no tienen correspondencia en régimen electoral local. Por eso, habría que aquilatar mucho los afanes reformistas en el ámbito electoral local. Aquí, como dice el dicho inglés: Do not fix what is not broken!

Se dice del régimen electoral para el Congreso de los Diputados, regulado en la LOREG de 1985, que es estructuralmente desigual(porque el voto en Teruel vale más que el voto en Madrid); que es desproporcional(porque algunos partidos tienen muchos más votos que escaños) y que premia el bipartidismo, porque los partidos emergentes necesitan un altísimo número de votos para romper el duopolio. Las causas de estos males a veces se imputan –equivocadamente- a la fórmula proporcional D´ Hondt. Otras veces, con mejor criterio, se imputan al tipo y númerod de las circunscripciones electorales (las provincias), a la atribución mínima de dos escaños por provincia y al bajo número de escaños totales en el Congreso. El argumento central sería que el alto número de circunscripciones electorales (50 provincias, más Ceuta y Melilla), sumado a que todas ellas eligen al menos dos diputados, premia la representación de las provincias menos pobladas. Además, como muchas de las provincias eligen pocos diputados (entre 3 y 5), en la práctica se dificulta que los partidos políticos medianos o emergentes entren al reparto de escaños. El mismo efecto tendría la barrera electoral mínima del 5 por 100 de votos válidos en cada circunscripción.

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Estándares urbanísticos y autonomía local

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El planeamiento urbanístico es hoy, cada vez más, un instrumento óptimo para muchas políticas públicas estatales o autonómicas. Pensemos en la política de vivienda, tanto estatal como autonómica; en la lucha contra el cambio climático; en las políticas económicas; o incluso en las políticas sociales de las comunidades autónomas. La manera más sencilla de trasladar esas políticas públicas al planeamiento urbanístico es mediante la fijación por ley de estándares urbanísticos sobre usos del suelo.

Así, hoy las leyes de suelo fijan numerosos estándares sobre uso del suelopara cada sector de suelo urbanizable o cada unidad de ejecución (en suelo urbano no consolidado). Pensemos en las reservas legales de suelo para redes locales de equipamientos, infraestructuras o servicios. Es fuerte la tentación, para el Estado o cada Comunidad Autónoma, de desarrollar una política pública sectorial imponiendo a los planes urbanísticos ciertas reservas de suelo para ciertos fines específicos. Pero esta posibilidad, que ya digo que es tentadora, puede ser disconforme con la garantía constitucional de autonomía local.

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El “plan anual normativo” de los ayuntamientos

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El art. 132 LPAC impone el deber de programar anualmente la actividad reglamentaria de cada Administración pública. Se trata de un deber propio del “ciclo” reglamentario, y por tanto previo al inicio de un concreto procedimiento normativo. Pero tras la STC 55/2018, este deber del art. 132 LPAC sólo obliga a la Administración General del Estado y no, por tanto, a las entidades locales.

A falta de deber inmediato en la LPAC, la existencia misma y el eventual contenido del  plan anual normativo es una opción legislativa autonómica o, con los límites de la ley autonómica, de cada entidad local, al amparo de sus potestades reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1 a) LBRL) y de programación (art. 4.1 c) LBRL). Dicho esto, se puede valorar positivamente la regulación voluntaria del plan anual normativo por cada entidad local. Por lo que aporta internamente a la organización local (programación y coordinación orgánica) y por lo que traslada hacia el exterior (seguridad jurídica). Cuestión distinta es la forma jurídica de ese deber procedimental, que tanto se puede contener en reglamentos orgánicoslocales como en instruccioneso directrices internas. La regulación del plan anual normativo en reglamentos orgánicos genera efectos vinculantescomo los de cualquier norma jurídica, y por tanto exigibles incluso por terceros ante los tribunales. Ello no obstante, una infracción de la regulación orgánica del PAN, dado su carácter extrínseco al procedimiento normativo stricto sensu, no afecta por sí a la validez de la ordenanza local resultante. La omisión del PAN podrá dar lugar a una declaración judicial de ilicitud de la omisión. Pero ni podrá determinar la invalidez de la ordenanza final, ni podrá dar lugar a una condena de hacer (pues una programación normativa a posterioricarece de todo sentido).

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Informe de impacto de género y planeamiento urbanístico: cuando el TSJ de Madrid crea normas procedimentales

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Desde su sentencia 322/2017, de 19 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el Plan General de Pedrezuela, exige que los planes urbanísticos incluyan, entre su documentación, un informe de impacto de género. La misma doctrina se ha reiterado más recientemente, con resultado anulatorio, en la STSJM 593/2018, de 17 de julio, sobre la modificación del Plan General de Madrid que ordena el suelo del estadio Wanda-Metropolitano.

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Audiencia en la elaboración de las ordenanzas locales: inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley 39/2015

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En su reciente STC 55/2018,  de 24 de mayo, el Tribunal Constitucional enjuició la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (LPAC). Había recurrido, por razones competenciales, la Generalitat de Cataluña.

Entre muchos de los preceptos impugnados estaban los referidos al ejercicio de la potestad reglamentaria por cualesquiera Administraciones públicas. Una de las normas impugnadas (art. 133.2 LPAC) establece que en el procedimiento de elaboración de reglamentos ha de mediar una audiencia a los ciudadanos afectados, al público en general y a las organizaciones más directamente interesadas.

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¿Puede haber residencias privadas de mayores sobre suelo dotacional público?

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SueloDotacionalAereo

Los establecimientos de mayores (residencias, pisos tutelados, centros de día, centros de mayores) serán una necesidad acuciante dentro de unos años. Piénsese solamente en un dato: el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,4 % de la población, pasará a ser del 24,9% dentro de quince años (en 2029) y del 34,6 % dentro de cincuenta años (en 2066).

La fuerte demanda de establecimientos de mayores se cubrirá con oferta pública y con oferta privada (concertada o no). No cabe duda de que los establecimientos públicos se podrán ubicar en el suelo que los planes urbanísticos califican como “dotacional público” para “equipamiento de bienestar social” o similar. Y los establecimientos privados podrán ubicarse en suelo privado que tenga la calificación urbanística de “residencial comunitario” o de “dotacional privado”. Pero aquí surge ya la pregunta: ¿podrán ubicarse establecimientos privados de mayores sobre parcelas municipales con la calificación urbanística de suelo dotacional público?

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¿Cuándo deben abstenerse los concejales?

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¿Cuándo deben abstenerse los concejales?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

En las últimas semanas, los medios de comunicación ofrecen información y opinión sobre el deber de abstención de los concejales, cuando ante sí tienen asuntos en los que hay interés propio o se refieren a familiares. Entre estos casos es de especial notoriedad el de la exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

Con independencia de la solución que pueda corresponder a cada concreto caso, lo cierto es que el deber de abstención de los concejales está hoy en el centro del debate político. Con carácter general, los medios de comunicación están ofreciendo una concepción estricta del deber de abstención, tachando consecuentemente de ilegal toda actuación de un concejal en la que hubiera una conexión de interés o de parentesco con el asunto sometido a su consideración. Sin embargo, en mi opinión el deber de abstención de los concejales no es tan extenso como sugieren la mayoría de los medios de comunicación.

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