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Juan Antonio Chinchilla Peinado

La ejecución de sentencias que ordenan la demolición de edificaciones ilegales a través de la figura de la mediación intrajudicial. ¿Una burla del contenido del fallo o una vía flexible de verificar el ideal de justicia?

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Como es suficientemente conocido, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la jurisdicción contencioso-administrativa reside en la ejecución del fallo de las sentencias cuando éste impone la demolición de una edificación ilegal. No sólo la credibilidad de la propia jurisdicción contencioso-administrativa, sino el efectivo sometimiento de la Administración al ordenamiento urbanístico lo que está en juego. Todo ello sin desconocer el impacto, social y económico, que la demolición puede provocar en los sujetos afectados, en muchos casos terceros de buena fe (a los que el art. 108.3 LJCA intenta ahora proteger, al menos desde la perspectiva de la tutela de su patrimonio. Sobre este precepto puede verse mi estudio previo).

Es de sobre conocida la configuración del derecho a la ejecución del fallo como una de las facetas del derecho a tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE realizada por el Tribunal Constitucional, en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma. De entre las múltiples precisiones y aristas que establece el Tribunal Constitucional, una merece ser destacada: implica  el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos, requiriéndose  el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas. Esto es, la dimensión objetiva de este derecho fundamental requiere, como fundamento del Estado del Derecho y del valor superior de justicia consagrado por el art. 1.1 de la Constitución, que las sentencias se cumplan en sus propios términos y no en los que decidan las partes según sus intereses personales.

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