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Silvia Díez Sastre

La reestructuración del sector público a partir de la normativa de contratación pública y de disciplina presupuestaria

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Primer Premio del CEF 2019 / Derecho Constitucional y Administrativo

Silvia Díez Sastre y Ester Marco Peñas
Instituto de Derecho Local

Las normas relativas a la organización del sector público, la gestión de servicios públicos y el control del gasto público han experimentado un profundo proceso de europeización, que se ha intensificado con ocasión de la crisis económica. La libertad de los Estados miembros en la configuración y utilización de sus entidades instrumentales y en la selección de las formas de gestión de sus servicios se ha recortado progresivamente de la mano de dos sectores de regulación europea: por un lado, la contratación pública y, por otro lado, la disciplina presupuestaria. Ninguna de estas regulaciones establece mandatos específicos relativos a la auto-organización del sector público; es más, expresamente prevén la libertad de los Estados miembros para elegir el modo en que prestar sus servicios y ejercer sus competencias -sirva de ejemplo, el considerando 5 Directiva 2014/24/UE-. Sin embargo, su impacto en la conducta de las Administraciones territoriales es innegable. De forma indirecta crean incentivos dirigidos a reestructurar y, llegado el caso, reducir el número de entidades instrumentales. Asimismo, crean estímulos para acudir al mercado, en lugar de utilizar los propios medios, para satisfacer las necesidades públicas. La falta de un título competencial europeo en materia de organización administrativa y de gestión de servicios de los Estados miembros se suple, de este modo, a través del ejercicio de competencias relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior y de la economía.

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Del contrato administrativo al contrato público estratégico en cuarenta años

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La evolución de la contratación pública en los últimos cuarenta años es uno de los mejores ejemplos de la profunda europeización que ha experimentado el Derecho administrativo desde la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas. La toma de conciencia de las instituciones europeas de la importancia económica de la contratación pública se ha materializado en una intensa jurisprudencia y un continuo proceso de creación normativa que ha ocasionado un fuerte impacto en el ordenamiento jurídico nacional. Ese impacto puede observarse, al menos, en tres planos: sistemático, conceptual y organizativo.

 

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40 años de Ayuntamientos democráticos

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Silvia Díez y Carmen Navarro

El 3 de abril de 1979, en el marco de la Constitución de 1978, se celebraron las primeras elecciones municipales en España. Cuarenta años después, el próximo 26 de mayo, tendrán lugar las undécimas elecciones locales. Con el fin de conmemorar esta importante efeméride, el Instituto de Derecho Local inicia una serie especial de su blog en la que sus miembros y colaboradores reflexionarán sobre la evolución de los gobiernos locales y del Derecho local en este periodo de vigencia de la Constitución. Durante el mes de mayo se publicarán diversas entradas relativas a temas como las elecciones municipales y sus resultados, las transformaciones del sistema de competencias locales, la prestación de servicios, la financiación, la autonomía local, el urbanismo, el medio ambiente, entre otros muchos.

Desde una perspectiva multidisciplinar, jurídica y politológica, se quiere visibilizar, de este modo, la importancia del nivel local de gobierno en el contexto del Estado autonómico y hacer balance sobre su evolución en las últimas cuatro décadas. Esperamos que esta serie especial del blog del IDL sea de vuestro interés y permita visibilizar tanto la trascendencia de la política, la gestión y el Derecho locales, como la importancia de los resultados de las próximas elecciones, que determinarán a los responsables de nuestros pueblos y ciudades en los próximos cuatro años.

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La obligatoriedad de las instrucciones de la OIRESCON

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El pasado 28 de febrero se aprobó la primera instrucción dictada por la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIRESCON). Su contenido se dedica a una de las cuestiones más controvertidas en materia de contratación pública: la interpretación del alcance del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). No interesa ahora, sin embargo, analizar los criterios que ha preferido la Oficina para aplicar el precepto referido -aunque, sin duda, suscitarán numerosos comentarios e interpretaciones-. En este momento el principal interés de la instrucción reside, a mi juicio, en la determinación del alcance de su fuerza vinculante que, a su vez, marca la posición institucional de la OIRESCON en la organización administrativa de la contratación pública.

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¿Se debe aplicar el artículo 86 LRJSP a los medios propios locales?

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El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece los requisitos que deben reunir los medios propios. Estos requisitos rigen sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios en el ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tal y como señala expresamente el artículo 32.1 LCSP. Por su parte, la D.F. 4.3 LCSP establece que, en lo no previsto en la Ley para los encargos a medios propios personificados, se aplicará lo dispuesto por la LRJSP. Estas referencias a la LRJSP en la regulación que establece la LCSP sobre los medios propios plantean la pregunta sobre la oportunidad de aplicar esta norma a la actividad de los medios propios en el ámbito local. Veamos cómo puede resolverse esta cuestión.

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El IIVTNU resulta inexigible en Navarra (Diego Marín-Barnuevo)

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El IIVTNU resulta inexigible en Navarra

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Hace unos meses escribíamos una entrada en este blog en la que poníamos de manifiesto que el IIVTNU resulta inexigible en Madrid, basándonos en la interpretación mantenida por el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia de 19 de julio y en otras ulteriores. Ahora nos toca comentar una sentencia del TSJ de Navarra, que determina la inexigibilidad del IIVTNU en esa comunidad autónoma.

Plusvalía municipal

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Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal… (César Martínez)

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Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal…

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Esta norma es fruto de la negociación con las entidades locales, que desde comienzos de año venían reclamando, entre otras cuestiones, la habilitación legal necesaria para destinar el superávit de 2017 a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

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Juntas Consultivas y contratos menores (Silvia Díez Sastre)

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JUNTAS CONSULTIVAS Y CONTRATOS MENORES

 Silvia Díez Sastre

Instituto de Derecho Local de la UAM

En los últimos días hemos asistido a la publicación sucesiva de informes de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa del Estado (JCCAE) y de Aragón (JCCAAr). Algunos de estos pronunciamientos se centran en el alcance del artículo 118.3 LCSP, relativo a la imposibilidad de adjudicar varios contratos, que individual o conjuntamente superen los umbrales fijados para los contratos menores (Informes JCCAE 41/2017, 42/2017 y 5/2018 y JCCAAr 3/2018). El resultado es que, antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya existen criterios interpretativos contradictorios sobre el alcance de algunos de sus preceptos más importantes en la práctica. A continuación, se da cuenta de los mismos y se formulan algunas apreciaciones críticas.

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