El Tribunal Supremo permite la impugnación del valor catastral al recurrir la liquidación del IBI cuando existan circunstancias sobrevenidas

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El Tribunal Supremo, en su Sentencia 196/2019 (Rec. n.º 128/2016), de 19 de febrero, se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar la valoración catastral de un inmueble (no recurrida en su momento y, por tanto, firme) con ocasión de la impugnación de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que es posible dicha impugnación indirecta en determinados supuestos excepcionales (cuando existan circunstancias sobrevenidas) en los que el principio de seguridad jurídica debe ceder ante otros principios (como, por ejemplo, el de justicia tributaria). Ello con la finalidad de que la base imponible del Impuesto se ajuste a la verdadera capacidad económica puesta de manifiesto a través de la titularidad del inmueble (en los términos del art. 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

 

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Procedimiento y plazos para que las EELL se puedan acoger a la sustitución de las retenciones de la participación en tributos del Estado

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Resolución de 3 de abril de 2019 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local por la que se concreta el procedimiento y plazos a través del cual se hará efectiva la modificación de las condiciones financieras de la deuda con el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores

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Ser o no ser infractor del derecho de la competencia: la aplicación de la legislación de defensa de la competencia al Ayuntamiento de Madrid cuando contrata los servicios de pago mediante apps para cobrar el estacionamiento regulado.

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En la Resolución de 28 de febrero de 2019 (Expte. Estacionamiento regulado Ayuntamiento de Madrid) la CNMC ha acordado archivar la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid. Ha resuelto que esta Administración no habría llevado a cabo prácticas restrictivas de la competencia contrarias a la legislación de defensa de la competencia cuando integró en el contrato de concesión del servicio de estacionamiento regulado (SER) la concesión del servicio de pago mediante aplicación de tecnología móvil. La inclusión en el contrato de este segundo servicio suponía automáticamente que tal servicio no podría ser realizado por el mercado, esto es, por cualquier operador económico que quisiera ofertarlo. Implicaba que para prestarlo habría que resultar en todo caso adjudicatario definitivo de cualquiera de los lotes de servicios en los que se habría dividido el contrato del SER en cuestión.

El servicio que se presta por medio de las Apps del móvil es una forma de pago del estacionamiento regulado diferente a otras posibles modalidades de pago como la que se realiza en metálico o con tarjeta de crédito o débito en el propio parquímetro, o incluso mediante tarjeta de prepago.  Este tipo de servicios constituyen en sí un mercado distinto al de los servicios propios del estacionamiento regulado. Esto es claro, no ofrece dudas. Se trata una prestación diferenciada, aunque instrumental al SER. Ello se pone de manifiesto claramente por cuanto el servicio de pago de estacionamiento por app se puede prestar en todo el municipio de Madrid, incluso en un ámbito territorial mayor, y su realización puede, en principio, ofrecerla cualquier operador, mientras que en cada zona de estacionamiento regulado solo presta el servicio el respectivo concesionario del municipio.

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