Equalizing the income of urban and rural municipalities: a comparison between Spain and Canada (Ontario)

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Over the next four years, in the EU research project LoGovwe will compare in several countries, both European and non-European, the different institutional and functional features of urban and rural municipalities. One of the aspects that we will consider is that of municipal financing. In the following, an initial, provisional and elementary comparison is drawn between the financing of Spanish municipalities and those of Canada. I thank Enid Slack of the University of Toronto for her crucial insights that have helped me understand the Canadian local financing system.

With global data, both in Spain and in the different provinces of Canada (since in this country local governments concern each province) revenues from own taxescontribute the majority of municipal revenues. The greatest differences are observed in the typologyof taxes from which the income derives and in the other complementary sources of financing (borrowing excluded). Let us start with a simple description of the sources of municipal income in each country.

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El nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el ámbito local

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El 22 de julio de 2016 entró en vigor la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Esta modificación de la LJCA supuso también un cambio en el régimen del recurso de casación, pues desapareció este recurso para la modificación de doctrina, así como en interés de la ley, dando lugar al nacimiento del actual recurso de casación.

Anteriormente, la mayoría de los asuntos que entraban en la casación no trataban la materia local, pues sus importes no alcanzaban la cuantía casacional. En pocas ocasiones llegaban asuntos de interés o ámbito local al Tribunal Supremo y, cuando lo hacían, eran mediante el recurso de casación en interés de la ley, tras numerosas discusiones doctrinales y resoluciones contradictorias. Pues bien, esta situación parece haber cambiado a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva casación. A continuación, se muestran los resultados del análisis de los recursos de casación admitidos a trámite en el pasado año (2018) que están relacionados con el ámbito local. Se trata de identificar algunas pautas o patrones comunes en estos recursos.

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¿Vinculan a las Administraciones autonómicas y locales las respuestas a las consultas que emite la Dirección General de Tributos?

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Desde hace años existen notables dudas acerca de la extensión de los efectos vinculantes de las consultas a otras Administraciones diferentes de la que emitió la contestación. En particular, la cuestión se ha centrado habitualmente en el alcance que haya de darse a las contestaciones evacuadas por la Dirección General de Tributos. Esto es, ¿están obligadas las Administraciones tributarias autonómicas y locales a seguir el criterio expresado por el citado órgano?

A mi juicio la respuesta es claramente negativa, si bien no puede obviarse la existencia de algunas opiniones doctrinales abiertamente contrarias a esta conclusión, así como un acatamiento en los hechos, difícilmente cuantificable pero perceptible en la práctica, del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. De hecho, este centro directivo ha manifestado expresamente que sí han de vincular sus contestaciones a las entidades locales (contestación de 27 de julio de 2018, V2258-18). Así pues, cumple argumentar suficientemente mi postura, tal y como haré a continuación.

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Informe sobre la viabilidad jurídica de constituir a La Línea de la Concepción en Ciudad Autónoma.

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El alcalde ha planteado los criterios de segregación previstos en el informe, siendo el más viable que la ciudad siga perteneciendo a la provincia de Cádiz pero no a la comunidad autónoma de Andalucía. En materia de competencias, La Línea de la Concepción disfrutaría de un régimen jurídico especial, no contaría con un Tribunal Superior de Justicia propio y dependería del TSJA, teniendo encaje la aprobación de un régimen económico especial diferenciado.

 

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Texto íntegro del dictamen

Meeting at FEMP

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The past 3 of April of 2019 marked the 40th anniversary of the first local elections in Spain. Sponsored by the Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay project (European Commission 823961 – LoGov), professors Tinashe Chigwata (UWC-Cape Town) and Alfonso Egea (UAM-Madrid)  visited the Spanish Federation of Municipalities and Provinces (FEMP) headquarters in Madrid. We met Mercedes Sánchez, Deputy Director of International Relations, to address the issues on the political agenda of FEMP.

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Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (II Parte)

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Como señalamos en el anterior comentario, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolución recursos de casación en los que se suscitan cuestiones de gran calado en relación con las tasas locales.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos catalanes, y con una evidente finalidad extrafiscal, modificó la Ordenanza Fiscal correspondiente a la Tasa por la prestación de servicios generales, para incluir el gravamen de las actuaciones derivadas de la inspección y el control de las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda en Cataluña.  Su hecho imponible está constituido por la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, de inspección de edificios y viviendas, efectuada a instancia particular o de oficio, que detecte el uso anómalo de las viviendas, así como las órdenes de ejecución que se pudieran derivar.  La tasa se devenga una vez declarada por resolución firme en vía administrativa la situación anómala de la vivienda por mantenerla desocupada más de dos años sin causa justificada.  La Ordenanza Fiscal regula distintos supuestos de exención, y una importante bonificación del 90 por 100 de la cuota aplicable a los sujetos pasivos que acrediten tener un patrimonio neto inferior a 500.000 euros y bienes por valor inferior a 2 millones de euros.

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