La evolución del empleo público local en los últimos 40 años

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Más de 665.000 personas prestan sus servicios en la Administración local según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre del 2019. Personas con diferente vínculo y relación jurídica que hacen posible la materialización de las políticas y el cumplimiento de los fines de las Entidades locales. Este colectivo ha experimentado una gran evolución y transformación en los últimos 40 años.

Evolución de la estructura del empleo público local

Según la EPA y tal como muestra la figura 1, el empleo público local presentó su nivel histórico más elevado en 2011, alcanzando casi 672.000 personas prestando servicios para la Administración local. Después de la reducción producida por la crisis económica y presupuestaria de los últimos años, en el año 2019 se ha recuperado casi la totalidad de puestos. Desde el año 1987 hasta la actualidad se ha duplicado el número de personas que prestan servicios en la Administración local.

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Servicios y políticas locales. Externalización y reinternalización: un camino de ida y vuelta.

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Un repaso a los últimos 40 años permite advertir cómo la gestión de los servicios públicos, en general y los locales, en particular, han pasado de las manos de los particulares, al sector público, volviendo después, otra vez, a las manos de los particulares. Esto es, en este ámbito, como ha dicho Hellmutt Wollmann, asistimos a una lógica pendular, que oscila desde la transferencia del servicio público a un proveedor externo, del sector privado (por outsourcing, contratación), a favorecer el proceso inverso: el “retorno” a la gestión pública, tanto en el caso de que la “propiedad” vuelva a ser pública como en el caso de que la gestión vuelva a las manos del sector público, mediante un proceso igual y opuesto al de outsourcing, llamado insourcing (reinternalización).

Durante bastante tiempo (con especial intensidad a partir de años ochenta del siglo pasado, hasta ya iniciado el presente) se fueron ampliando los servicios públicos y se impuso su gestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, imponiéndose la lógica conforme a la cual las Administraciones Públicas debían actuar como responsables de la garantía de la prestación de los servicios públicos en condiciones de calidad, igualdad y continuidad, pero descargándose de las tareas de prestación de tales servicios, que deberían ser encomendados a sujetos privados, que estarían en mejores condiciones de llevarlos a cabo. Desde hace ya unos años, sobre todo coincidiendo con la crisis económica que comenzó en torno a 2008, el péndulo parece haber vuelto a oscilar. La organización, o mejor, la reorganización y racionalización de todo el sector público han ocupado una posición central en el debate social, político y jurídico tanto español, como en países de nuestro entorno, así como entre las medidas a adoptar para recortar el gasto público.

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La STC ¿definitiva? sobre la responsabilidad objetiva de la Administración

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Desde la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 el sistema español de responsabilidad de las Administraciones Públicas se ha descrito como un sistema de carácter objetivo. Esto implica que, para apreciar que la Administración es responsable, no es necesario que concurra o se acredite la existencia de dolo o culpa por su parte (elemento subjetivo). El anclaje normativo actual de la responsabilidad administrativa se encuentra en el art. 106.2 CE y en los arts. 32 y siguientes LRJSP.

Esta configuración se ha considerado tradicionalmente un gran avance en las garantías del ciudadano frente a la Administración, pues acreditar que la Administración (o sus agentes) han actuado dolosa o culposamente puede ser muy gravoso, cuando no imposible, para el particular reclamante.

No han faltado las críticas a esta objetividad, por entender que amplía desmesuradamente el ámbito por el que la Administración debería responder, de forma que se convierte en una especie de “asegurador universal”. Uno de los argumentos para ello ha sido que el art. 106.2 CE no obliga a que la responsabilidad de las Administraciones sea objetiva, por dos razones: (i) se refiere a “toda lesión” que sea “consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, pero no excluye que deba concurrir culpa; y (ii) se remite a los “términos establecidos por la ley” para la configuración del derecho de los particulares a ser indemnizado.

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Los Gobiernos locales: del municipio constitucional a la ciudad global.

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1. La evolución del marcogeneral.

El art. 140 CE identifica a los municipios con dos cualidades esenciales: la garantía de su autonomía y su organización directamente democrática. Además, el municipio, como las demás entidades locales, se inscribe en el conjunto de la organización territorial del Estado (art. 137 CE), lo que plantea su relación con las CCAA; En fin, la reforma del art. 135 CE al incorporar el principio de estabilidad presupuestaria, ha completado el cuadro con los criterios de eficacia y eficiencia.

Sobre el cuadro normativo básico de la LBRL de 1985, han incidido sucesivamente el denominado “Pacto local“ para mejorar la gobernabilidad (1999), la “modernización” para incorporar el régimen diferenciado para las grandes ciudades (2003),la “simplificación” para eliminar trabas al ejercicio de actividades privadas (2009)  y la “racionalización y sostenibilidad” en el contexto de la crisis económica (2013). Completa el marco normativo básico la LOREG y la legislación de haciendas locales. Además, la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL) ratificada por España en 1988 incorpora un refuerzo de los principios de autonomía y democracia local.

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Las elecciones a las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.

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El 26 de mayo de 2019 se celebrarán las elecciones municipales y europeas, así como las de algunas Comunidades Autónomas, pero también las elecciones forales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.  La elección directa de los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos es una de las principales características de la autonomía vasca y justifica su destacado protagonismo institucional en un sistema complejo de pesos y contrapesos dentro de una estructura interna bastante original.

Efectivamente los Territorios Históricos difieren sustancialmente de las provincias de régimen común al ostentar una potenciada potestad de auto organización, aplicar el sistema de concierto económico tanto en normativa, como en desarrollo y ejecución, y ejercer una serie de importantes competencias exclusivas frente a las Instituciones Comunes, comunes a los Territorios Históricos, es decir, frente al Gobierno y Parlamento Vascos, pero también tienen un sistema electoral directo, a diferencia de las provincias de régimen común, que, como es sabido, disponen de un sistema electoral indirecto, o de segundo grado, lo que originó la reserva en este punto concreto de la Carta Europea de Autonomía Local de 1985 por el Estado Español en su ratificación efectuada en 1988.

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Evolución del modelo de financiación local

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La mayoría de los trabajos dedicados al estudio de la financiación local se refieren a la misma como “un mal endémico”, como si existiera un problema cualitativo y cuantitativo que el legislador no hubiera sido capaz de resolver. En nuestra opinión, esa crítica podría estar justificada hace treinta o cuarenta años, pero los cambios producidos en los últimos años permiten dudar de la veracidad de esta afirmación en el momento actual, sin perjuicio de que existan algunos problemas puntuales que justificarían alguna modificación legislativa.

Como es sabido, la Constitución española de 1978 reconoció expresamente los principios de autonomía local y suficiencia financiera en sus artículos 137 y 142, que han condicionado todas las reformas legales producidas desde 1978 orientadas a establecer el modelo de financiación de las entidades locales.

La primera ley que sentó las bases de un nuevo modelo de financiación local inspirado en dichos principios fue la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que reguló las líneas generales del nuevo modelo de hacienda Local.

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