Prohibición de contratar y conflictos de intereses de los cónyuges y personas en análoga relación de convivencia afectiva de los electos locales

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La legislación básica de contratación pública ha previsto durante décadas la prohibición de contratar del cónyuge o persona en análoga relación de convivencia afectiva de cargos electos cuando presta directamente servicios como operador económico o participa de forma relevante en una empresa que puede ser contratista de la misma Administración (art. 20 e) LCAP; art. 20 e) TRLCAP; art. 49.1 f) LCSP 2007; art. 60.1 f) TRLCSP). Esa prohibición se traducía en la exclusión de la licitación pública y, en caso de incumplirse, conllevaba la nulidad de pleno de Derecho de los actos y del contrato (art. 39.2 a) LCSP). La aplicación de esa prohibición de contratar se producía habitualmente de forma automática constatando simplemente la existencia de un vínculo matrimonial y comprobando que el contrato se financiaba efectivamente por la Administración afectada (art. 178.2 d) LOREG) -sirva como ejemplo el Informe JCCAAragón, 7/2013, de 10 de abril-.

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El Tribunal Constitucional vuelve a declarar la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal (IIVTNU) en una controvertida sentencia

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Esta semana se ha hecho pública la STC de 31 de octubre de 2019, en la que se declara la inconstitucionalidad del artículo 107.4 TRLRHL “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”.

El contenido de la sentencia no puede considerarse sorprendente, porque el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) está siendo sometido a un escrutinio especialmente severo en los últimos años y, además, las SSTC 26/2017, de 16 de febrero y STC 59/2017, de 11 de mayo, ya permitía aventurar un fallo de esta naturaleza, al establecer que (i) el objeto del tributo es “la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión” (FJ 3º STC 26/2017); y que (ii) el principio de no confiscatoriedad “exige que dicho efecto no se produzca «en ningún caso», lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional” (FJ 2º STC 26/2017).

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