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Informe de impacto de género y planeamiento urbanístico: cuando el TSJ de Madrid crea normas procedimentales

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Desde su sentencia 322/2017, de 19 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el Plan General de Pedrezuela, exige que los planes urbanísticos incluyan, entre su documentación, un informe de impacto de género. La misma doctrina se ha reiterado más recientemente, con resultado anulatorio, en la STSJM 593/2018, de 17 de julio, sobre la modificación del Plan General de Madrid que ordena el suelo del estadio Wanda-Metropolitano.

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Audiencia en la elaboración de las ordenanzas locales: inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley 39/2015

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En su reciente STC 55/2018,  de 24 de mayo, el Tribunal Constitucional enjuició la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (LPAC). Había recurrido, por razones competenciales, la Generalitat de Cataluña.

Entre muchos de los preceptos impugnados estaban los referidos al ejercicio de la potestad reglamentaria por cualesquiera Administraciones públicas. Una de las normas impugnadas (art. 133.2 LPAC) establece que en el procedimiento de elaboración de reglamentos ha de mediar una audiencia a los ciudadanos afectados, al público en general y a las organizaciones más directamente interesadas.

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Nuevo impulso

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Hace ya seis años que escribí la primera entrada en este blog para saludar a todos los amigos del IDL y explicar los motivos por los que creábamos esa nueva sección. Desde entonces, hemos publicado más de cien entradas en el blog sobre distintas materias relacionados con la actualidad del Derecho Local.

En esta ocasión he querido escribir una breve entrada para comentar el cambio de diseño de nuestra página web. No es un cambio radical, como podréis apreciar, sino más bien una actualización del diseño de la web para hacerla más atractiva. Ahora bien, ese pequeño cambio refleja nuestro interés por seguir actualizándonos en todo lo que puede hacer más atractiva nuestra actividad investigadora y de divulgación.

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El Tribunal Supremo determina el alcance de la declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU

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Tribunal_SupremoEl Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 1163/2018, de 9 de julio, en la que resuelve uno de los múltiples recursos de casación admitidos a trámite como consecuencia de las dudas suscitadas en la interpretación del Fallo de la STC 59/2017, que declaraba los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLRHL inconstitucionales y nulos, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

La STS citada, previsible y razonable, rechaza las llamadas tesis maximalistas que entendían que los preceptos declarados inconstitucionales habían sido expulsados ex origine del ordenamiento jurídico y, por tanto, procedía anular todas las liquidaciones del IIVTNU impugnadas. Por el contrario, según el TS, la declaración de inconstitucionalidad es parcial en lo que se refiere al artículo 107 y total en lo que se refiere al artículo 110 TRLRHL.

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La obligación de la Administración de subrogarse en el personal de la empresa contratista

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La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), ha suscitado muchos interrogantes en torno a la figura jurídica de la sucesión de empresas y su aplicación a las Administraciones Públicas en determinados supuestos.MEySS

El objeto de esta entrada es analizar los efectos del art.130.3 LCSP y su posible colisión con otras normas o con la jurisprudencia consolidada sobre la subrogación empresarial en la Administración.

El art. 130.3 LCSP dispone que en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

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