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El Tribunal Supremo permite la impugnación del valor catastral al recurrir la liquidación del IBI cuando existan circunstancias sobrevenidas

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El Tribunal Supremo, en su Sentencia 196/2019 (Rec. n.º 128/2016), de 19 de febrero, se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar la valoración catastral de un inmueble (no recurrida en su momento y, por tanto, firme) con ocasión de la impugnación de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que es posible dicha impugnación indirecta en determinados supuestos excepcionales (cuando existan circunstancias sobrevenidas) en los que el principio de seguridad jurídica debe ceder ante otros principios (como, por ejemplo, el de justicia tributaria). Ello con la finalidad de que la base imponible del Impuesto se ajuste a la verdadera capacidad económica puesta de manifiesto a través de la titularidad del inmueble (en los términos del art. 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

 

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Ser o no ser infractor del derecho de la competencia: la aplicación de la legislación de defensa de la competencia al Ayuntamiento de Madrid cuando contrata los servicios de pago mediante apps para cobrar el estacionamiento regulado.

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En la Resolución de 28 de febrero de 2019 (Expte. Estacionamiento regulado Ayuntamiento de Madrid) la CNMC ha acordado archivar la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid. Ha resuelto que esta Administración no habría llevado a cabo prácticas restrictivas de la competencia contrarias a la legislación de defensa de la competencia cuando integró en el contrato de concesión del servicio de estacionamiento regulado (SER) la concesión del servicio de pago mediante aplicación de tecnología móvil. La inclusión en el contrato de este segundo servicio suponía automáticamente que tal servicio no podría ser realizado por el mercado, esto es, por cualquier operador económico que quisiera ofertarlo. Implicaba que para prestarlo habría que resultar en todo caso adjudicatario definitivo de cualquiera de los lotes de servicios en los que se habría dividido el contrato del SER en cuestión.

El servicio que se presta por medio de las Apps del móvil es una forma de pago del estacionamiento regulado diferente a otras posibles modalidades de pago como la que se realiza en metálico o con tarjeta de crédito o débito en el propio parquímetro, o incluso mediante tarjeta de prepago.  Este tipo de servicios constituyen en sí un mercado distinto al de los servicios propios del estacionamiento regulado. Esto es claro, no ofrece dudas. Se trata una prestación diferenciada, aunque instrumental al SER. Ello se pone de manifiesto claramente por cuanto el servicio de pago de estacionamiento por app se puede prestar en todo el municipio de Madrid, incluso en un ámbito territorial mayor, y su realización puede, en principio, ofrecerla cualquier operador, mientras que en cada zona de estacionamiento regulado solo presta el servicio el respectivo concesionario del municipio.

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La extinción de los interinos. La doctrina De Diego-Porras ¿el final es el regreso al inicio?

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La temporalidad es uno de los más graves problemas que sufre nuestro mercado laboral. Los trabajadores que prestan sus servicios en la Administración no son ajenos a esta cuestión. Más del 25% de los trabajadores públicos tienen un contrato temporal, según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa para el último cuatrimestre del año 2018. Una situación que no ha hecho más que aumentar desde el año 2013 y donde las mujeres son las más perjudicadas. En concreto, más del 10% de los trabajadores del sector público tienen un contrato de trabajo temporal que cubre la usencia de otro trabajador que tiene derecho a la reserva de la plaza, contrato de interinidad por sustitución.

Estos datos son preocupantes desde el punto de vista de la protección y estabilidad de estos trabajadores, que durante muchos años ven como su vida laboral transcurre entre una sucesión de contratos temporales que lo único que generan es incertidumbre y precariedad. Ello en los supuestos en los que la contratación temporal se realiza conforme a derecho. Es decir, cuando existe una verdadera causa temporal que respalda la utilización de este tipo de contratación. Pero es muy frecuente que la Administración utilice la contratación temporal de forma fraudulenta, concatenando contratos temporales que exceden el plazo legalmente establecido y para cubrir necesidades permanentes.

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La defensa de la ciudad habitable y accesible para las personas con discapacidad frente al acoso de las terrazas y veladores. El aldabonazo del Tribunal Supremo

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La ubicación geográfica de nuestro país, la estructura de nuestras ciudades y nuestra idiosincrasia como sociedad ha generado en los últimos años una notable transformación del paisaje urbano provocada por la existencia de las terrazas y veladores vinculadas a establecimientos de restauración que se ubican, fundamentalmente, sobre el espacio público (aceras y plazas). Ocupación especial del dominio público regulada por la mayoría de los Ayuntamientos españoles a través de la correspondiente Ordenanza donde se intenta conjugar intereses contrapuestos. En este sentido, p.e., resulta expresiva la justificación de la todavía vigente Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2013. La ordenanza contempla la necesidad de armonizar usos e intereses de distinta naturaleza, y viene determinada por tres objetivos prioritarios, dinamizar, simplificar y facilitar. Pretende compaginar el uso de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles. Por ello, aunque se trata de favorecer la instalación de terrazas en la ciudad de Madrid fijando procedimientos y condiciones técnicas claras y sencillas, se vela por el interés general con carácter primordial, porque el paisaje urbano de la ciudad mantenga equilibrio y armonía, respetando los derechos de los viandantes, los consumidores y la seguridad de las instalaciones.

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La Agenda Urbana Española, ¿oportunidad u oportunismo?

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En su libro “El triunfo de las ciudades”, Edward Glaeser, experto en economía urbana de la Universidad de Harvard, afirmaba que “es más probable que la solución de los problemas urbanos proceda de la iniciativa local que de la política federal” (2011: 127). Sin embargo, llama la atención que en los últimos años estemos asistiendo a una proliferación de marcos de política para la solución de problemas urbanos promovidos, precisamente, por entes supralocales. En concreto, nos referimos a los procesos de “agenda urbana”.

Y es que este término, frecuentemente empleado como sinónimo de “política urbana”, se ha ido extendiendo. En 2016, Naciones Unidas elaboró la Nueva Agenda Urbana, solo unos meses después del lanzamiento de la Agenda urbana para la UE.En la misma línea, países de todo el mundo han puesto en marcha sus propias agendas, que se presentan como una nueva generación de políticas urbanas que adoptan la forma de marcos estratégicos y se basan en el empleo de instrumentos propios de lo que se conoce como “Nueva Gestión Pública”. Además, el despliegue de estas agendas urbanas, dado que no se formulan en clave normativa, exige un fuerte compromiso por parte de los actores concernidos. Los mecanismos que generan esa voluntad de adhesión son muy variados como, por ejemplo, la mera sintonía “ideológica” con los objetivos de la política, la oportunidad de lucirse o “colgarse una medalla”, o la expectativa de tener acceso a los recursos (en gran medida, económicos) asociados a la misma.

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La ejecución de sentencias que ordenan la demolición de edificaciones ilegales a través de la figura de la mediación intrajudicial. ¿Una burla del contenido del fallo o una vía flexible de verificar el ideal de justicia?

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Como es suficientemente conocido, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la jurisdicción contencioso-administrativa reside en la ejecución del fallo de las sentencias cuando éste impone la demolición de una edificación ilegal. No sólo la credibilidad de la propia jurisdicción contencioso-administrativa, sino el efectivo sometimiento de la Administración al ordenamiento urbanístico lo que está en juego. Todo ello sin desconocer el impacto, social y económico, que la demolición puede provocar en los sujetos afectados, en muchos casos terceros de buena fe (a los que el art. 108.3 LJCA intenta ahora proteger, al menos desde la perspectiva de la tutela de su patrimonio. Sobre este precepto puede verse mi estudio previo).

Es de sobre conocida la configuración del derecho a la ejecución del fallo como una de las facetas del derecho a tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE realizada por el Tribunal Constitucional, en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma. De entre las múltiples precisiones y aristas que establece el Tribunal Constitucional, una merece ser destacada: implica  el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos, requiriéndose  el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas. Esto es, la dimensión objetiva de este derecho fundamental requiere, como fundamento del Estado del Derecho y del valor superior de justicia consagrado por el art. 1.1 de la Constitución, que las sentencias se cumplan en sus propios términos y no en los que decidan las partes según sus intereses personales.

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La obligatoriedad de las instrucciones de la OIRESCON

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El pasado 28 de febrero se aprobó la primera instrucción dictada por la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIRESCON). Su contenido se dedica a una de las cuestiones más controvertidas en materia de contratación pública: la interpretación del alcance del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). No interesa ahora, sin embargo, analizar los criterios que ha preferido la Oficina para aplicar el precepto referido -aunque, sin duda, suscitarán numerosos comentarios e interpretaciones-. En este momento el principal interés de la instrucción reside, a mi juicio, en la determinación del alcance de su fuerza vinculante que, a su vez, marca la posición institucional de la OIRESCON en la organización administrativa de la contratación pública.

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Contratación pública y riesgo en términos de Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010)

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La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, toma como elemento determinante de la existencia de un contrato de concesión, de obras o de servicios, que el concesionario asuma el denominado “riesgo operacional”. La toma en consideración de la distribución del riesgo, además de para la calificación del contrato, tiene trascendencia en otros ámbitos como, por ejemplo, su incidencia en los niveles de déficit y deuda públicos (en aplicación del Sistema Europeo de Cuentas, SEC-2010, aprobado por el Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013).

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Es posible colaborar en la gestión del empleo público en el ámbito local

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Los departamentos de recursos humanos de las administraciones locales gestionamos el empleo público, es decir la selección de aquellas personas que se incorporan a la administración con el objeto de prestar a la ciudadanía los servicios, que la Ley de Bases de Régimen Local establece como esenciales y aquellos otros que cada municipio considera necesarios y estratégicos en base a su política municipal.

Los servicios públicos han de ser prestados con criterios de eficacia y eficiencia, a lo que habría que añadir la necesidad de hacerlo con ilusión y  vocación; sin embargo el servicio público no es un valor en alza entre la población en general y entre los jóvenes en particular. Esto pone en cuestión el sistema de valores del servicio público, tema que debe preocuparnos seriamente tanto a los que gestionamos los recursos humanos de las administraciones públicas, como a las instituciones académicas en todos sus niveles, pues son la cantera en la que se forman y capacitan los jóvenes, futuros candidatos y candidatas de los procesos selectivos.

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Las entidades urbanísticas de conservación no son para siempre

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De forma gráfica, aunque algo imprecisa, puede decirse que las entidades urbanísticas de conservación son las hermanas menos conocidas de las juntas de compensación. Como es sabido, las juntas de compensación actúan principalmente en el momento de la ejecución del planeamiento y su tarea básica es llevar a cabo la distribución del suelo y las obras de urbanización en un suelo determinado. Pero, una vez finaliza el proceso de urbanización, en ocasiones se encarga a las entidades de conservación precisamente eso: conservar lo urbanizado.

La regulación de estas entidades hay que buscarla en la legislación urbanística de cada comunidad autónoma. En Madrid se encuentran reguladas en los arts. 136 y 137 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM). También rigen de forma supletoria los artículos 24 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978 (RGU).

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