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Ciudades españolas, nuevo ciclo

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Las ciudades y los municipios españoles se preparan para afrontar el undécimo mandato de la democracia reconquistada en abril de 1979. Las urnas ya han orientado. Falta alcanzar acuerdos en aquellos consistorios donde ninguna opción alcanzó mayoría para gobernar en solitario.  Porque, como se sabe, son los grupos corporativos y los concejales quienes elijan a los alcaldes. La cita está prevista para las doce del mediodía del próximo sábado 15 en toda España. En numerosas localidades ha sido necesario poner a funcionar y engrasar la cultura de pactos, muy necesaria en los tiempos que corren, cuando las sociedades, a la hora de ser consultadas, emiten mensajes en el sentido de que sus representantes dialoguen y se entiendan para compartir y colegiar responsabilidades, para tomar determinaciones sólidas y bien sustanciadas con tal de hacerlas viables y duraderas.

En ese escenario, a todos los actores se les asigna un papel con un mandamiento común: algo hay que ceder para gestionar los recursos e intentar que los propósitos, pese a las dificultades o las limitaciones, cristalicen. A las partes, a los pactistas, se les exige también lealtad, base indispensable para los avances sociales y la consecución de los logros. Esa cultura, en fin, solo irá notándose a medida que haya pruebas tangibles de un funcionamiento que anteponga los intereses generales a los partidistas y que favorezca que la población se identifique con proyectos, acciones y actuaciones hasta hacerlas suyas y palpar señales de progreso, antes que palpar el estancamiento y acentuar la desafección hacia la política, aumentando la incredulidad y la pérdida de los valores que hayan podido aglutinar.

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El Tribunal Constitucional y la protección de los datos ideológicos frente a los partidos políticos

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Apenas tres días después de la celebración de las últimas elecciones locales, europeas y para gran parte de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia, de 22 de mayo de 20189, que anula el art. 58.bis.1 de la LOREG, que fue modificado por la Disposición Final 3ª (apartado 2) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). El recurso fue interpuesto por el Defensor del Pueblo.

El reproche que se hacía a este precepto es que podría permitir a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallan el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados de las redes sociales) sin su consentimiento previo.

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El alarmante envejecimiento de los empleados públicos de la Administración local española

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Diferentes crisis económicas han afectado a nuestro país en las últimas décadas. Ello ha provocado que desde el año 1993 las Leyes de Presupuestos Generales del Estado hayan limitado, de una u otra forma, el acceso al empleo público, como fórmula para restringir el gasto público.

Así, por ejemplo, durante los años 90 el legislador suspendió, como regla general, la obligación de que las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente debieran ser incluidas forzosamente en la oferta pública de empleo del año siguiente. Excepcionalmente sí podían ser convocadas plazas en algunos sectores de la Administración que se consideraban estratégicos, como, por ejemplo, las pertenecientes a las carreras judicial y fiscal, el personal de Instituciones Penitenciarias o, entre otros, el personal sanitario. Asimismo, durante estos años también se restringió la contratación de personal temporal, salvo autorización excepcional del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Hacienda.

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Las consultas tributarias vinculantes emitidas por el Estado y los tributos locales

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1) La regulación de los efectos vinculantes de las contestaciones a consultas tributarias escritas en la Ley General Tributaria

Las contestaciones a las consultas tributarias son manifestaciones formales de un criterio administrativo interpretativo a los efectos de aplicación de la norma, efectuadas por el órgano competente, y dirigidas a producir efectos. Dichos efectos, cuando se trata de consultas escritas, se regulan en el art. 89.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT):

“La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.

En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta.

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta”.

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La STC ¿definitiva? sobre la responsabilidad objetiva de la Administración

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Desde la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 el sistema español de responsabilidad de las Administraciones Públicas se ha descrito como un sistema de carácter objetivo. Esto implica que, para apreciar que la Administración es responsable, no es necesario que concurra o se acredite la existencia de dolo o culpa por su parte (elemento subjetivo). El anclaje normativo actual de la responsabilidad administrativa se encuentra en el art. 106.2 CE y en los arts. 32 y siguientes LRJSP.

Esta configuración se ha considerado tradicionalmente un gran avance en las garantías del ciudadano frente a la Administración, pues acreditar que la Administración (o sus agentes) han actuado dolosa o culposamente puede ser muy gravoso, cuando no imposible, para el particular reclamante.

No han faltado las críticas a esta objetividad, por entender que amplía desmesuradamente el ámbito por el que la Administración debería responder, de forma que se convierte en una especie de “asegurador universal”. Uno de los argumentos para ello ha sido que el art. 106.2 CE no obliga a que la responsabilidad de las Administraciones sea objetiva, por dos razones: (i) se refiere a “toda lesión” que sea “consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, pero no excluye que deba concurrir culpa; y (ii) se remite a los “términos establecidos por la ley” para la configuración del derecho de los particulares a ser indemnizado.

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La acción local por el clima

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La presión para incluir en la agenda política estrategias efectivas para el cambio climático es cada vez mayor.  Destacan las iniciativas internacionales que contribuyen a que se hable y se actúe por el clima, como la Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, y abundan los actores de la sociedad civil incorporándose cada vez con más fuerza a esta aspiración. Por su impacto mediático recordamos la intervención de la joven activista sueca Greta Thunbergante el Parlamento Europeo o la huelga de jóvenes convocada a nivel mundial el 15 de marzo de 2019 bajo el movimiento Fridays for Future, cuyas movilizaciones vienen repitiéndose en multitud de ciudades, también españolas.

A pesar de su casi nula aparición en las campañas electorales que estamos viviendo en estas semanas, se trata de un asunto de importancia alta entre los retos que afrontamos como comunidad, algo que nos afecta a todos en nuestras vidas diarias: en España en concreto en forma de los episodios de temperaturas extremas, inundaciones, incendios o escasez de agua que ya desde hace algunos años venimos experimentando.

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Estándares urbanísticos y autonomía local

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El planeamiento urbanístico es hoy, cada vez más, un instrumento óptimo para muchas políticas públicas estatales o autonómicas. Pensemos en la política de vivienda, tanto estatal como autonómica; en la lucha contra el cambio climático; en las políticas económicas; o incluso en las políticas sociales de las comunidades autónomas. La manera más sencilla de trasladar esas políticas públicas al planeamiento urbanístico es mediante la fijación por ley de estándares urbanísticos sobre usos del suelo.

Así, hoy las leyes de suelo fijan numerosos estándares sobre uso del suelopara cada sector de suelo urbanizable o cada unidad de ejecución (en suelo urbano no consolidado). Pensemos en las reservas legales de suelo para redes locales de equipamientos, infraestructuras o servicios. Es fuerte la tentación, para el Estado o cada Comunidad Autónoma, de desarrollar una política pública sectorial imponiendo a los planes urbanísticos ciertas reservas de suelo para ciertos fines específicos. Pero esta posibilidad, que ya digo que es tentadora, puede ser disconforme con la garantía constitucional de autonomía local.

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El Tribunal Supremo permite la impugnación del valor catastral al recurrir la liquidación del IBI cuando existan circunstancias sobrevenidas

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El Tribunal Supremo, en su Sentencia 196/2019 (Rec. n.º 128/2016), de 19 de febrero, se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar la valoración catastral de un inmueble (no recurrida en su momento y, por tanto, firme) con ocasión de la impugnación de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que es posible dicha impugnación indirecta en determinados supuestos excepcionales (cuando existan circunstancias sobrevenidas) en los que el principio de seguridad jurídica debe ceder ante otros principios (como, por ejemplo, el de justicia tributaria). Ello con la finalidad de que la base imponible del Impuesto se ajuste a la verdadera capacidad económica puesta de manifiesto a través de la titularidad del inmueble (en los términos del art. 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

 

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Ser o no ser infractor del derecho de la competencia: la aplicación de la legislación de defensa de la competencia al Ayuntamiento de Madrid cuando contrata los servicios de pago mediante apps para cobrar el estacionamiento regulado.

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En la Resolución de 28 de febrero de 2019 (Expte. Estacionamiento regulado Ayuntamiento de Madrid) la CNMC ha acordado archivar la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid. Ha resuelto que esta Administración no habría llevado a cabo prácticas restrictivas de la competencia contrarias a la legislación de defensa de la competencia cuando integró en el contrato de concesión del servicio de estacionamiento regulado (SER) la concesión del servicio de pago mediante aplicación de tecnología móvil. La inclusión en el contrato de este segundo servicio suponía automáticamente que tal servicio no podría ser realizado por el mercado, esto es, por cualquier operador económico que quisiera ofertarlo. Implicaba que para prestarlo habría que resultar en todo caso adjudicatario definitivo de cualquiera de los lotes de servicios en los que se habría dividido el contrato del SER en cuestión.

El servicio que se presta por medio de las Apps del móvil es una forma de pago del estacionamiento regulado diferente a otras posibles modalidades de pago como la que se realiza en metálico o con tarjeta de crédito o débito en el propio parquímetro, o incluso mediante tarjeta de prepago.  Este tipo de servicios constituyen en sí un mercado distinto al de los servicios propios del estacionamiento regulado. Esto es claro, no ofrece dudas. Se trata una prestación diferenciada, aunque instrumental al SER. Ello se pone de manifiesto claramente por cuanto el servicio de pago de estacionamiento por app se puede prestar en todo el municipio de Madrid, incluso en un ámbito territorial mayor, y su realización puede, en principio, ofrecerla cualquier operador, mientras que en cada zona de estacionamiento regulado solo presta el servicio el respectivo concesionario del municipio.

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La extinción de los interinos. La doctrina De Diego-Porras ¿el final es el regreso al inicio?

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La temporalidad es uno de los más graves problemas que sufre nuestro mercado laboral. Los trabajadores que prestan sus servicios en la Administración no son ajenos a esta cuestión. Más del 25% de los trabajadores públicos tienen un contrato temporal, según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa para el último cuatrimestre del año 2018. Una situación que no ha hecho más que aumentar desde el año 2013 y donde las mujeres son las más perjudicadas. En concreto, más del 10% de los trabajadores del sector público tienen un contrato de trabajo temporal que cubre la usencia de otro trabajador que tiene derecho a la reserva de la plaza, contrato de interinidad por sustitución.

Estos datos son preocupantes desde el punto de vista de la protección y estabilidad de estos trabajadores, que durante muchos años ven como su vida laboral transcurre entre una sucesión de contratos temporales que lo único que generan es incertidumbre y precariedad. Ello en los supuestos en los que la contratación temporal se realiza conforme a derecho. Es decir, cuando existe una verdadera causa temporal que respalda la utilización de este tipo de contratación. Pero es muy frecuente que la Administración utilice la contratación temporal de forma fraudulenta, concatenando contratos temporales que exceden el plazo legalmente establecido y para cubrir necesidades permanentes.

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