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Notificaciones defectuosas y derecho a interponer recurso (a propósito de la STC 112/2019, de 3 de octubre)

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Hace unos días (el 31 de octubre de 2019), el Boletín Oficial del Estado publicaba la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre (ECLI:ES:TC:2019:112), en relación con un recurso de amparo interpuesto por la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.

En el inicial recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la luego recurrente en amparo alegó, entre otras cosas, que la resolución no le había sido notificada correctamente. La recurrente argumenta que no se trató de una verdadera notificación puesto que el acto de comunicación no contenía ni el texto íntegro del acto, ni las exigencias y garantías derivadas de la legislación del procedimiento administrativo común: la indicación de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que contra el mismo procede, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo. Recibido el recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el art. 69.c LJCA, lo inadmitió por considerar que el acto impugnado (del Director General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad y Política Social del Gobierno de la Región de Murcia) no agotaba la vía administrativa, al ser susceptible de recurso de alzada ante el Consejero competente. Contra la sentencia de inadmisión del Tribunal Superior de Justicia se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sala de lo contencioso-administrativo, por falta de interés casacional objetivo. Recurrida esta decisión a través de la interposición de recurso de amparo, en la Sentencia que estamos comentando, el Tribunal Constitucional declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, así como la providencia del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación por falta de interés casacional objetivo.

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Agenda urbana para la UE: gobernanza multinivel en acción

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El título de esta entrada se corresponde con el de un reciente documento de la Comisión Europea (2019) en el que se da cuenta de cómo la Agenda urbana para la UE (2016) ha logrado llevar a la práctica la noción de “gobernanza multinivel” (MLG, por sus siglas en inglés). Y es que la MLG no solo es un término cada vez más presente en el discurso político, sino que tiene una gran importancia para la acción en el mundo local.

El origen del concepto se sitúa en la década de los noventa (Marks, Hooghe y Blank, 1996) y su desarrollo se debió a tres factores principales (Stephenson, 2013; Tortola, 2017). En primer lugar, la reforma de los Fondos Estructurales de la CEE en 1988, que puso un mayor énfasis en los principios de coordinación y partenariado (especialmente en la Política de cohesión). En segundo lugar, la movilización y proliferación de grupos de interés integrados en las redes de política pública en el contexto comunitario y, por último, la institucionalización del principio de subsidiariedad(Tratado de Maastricht, 1992), que consolidó la idea de que la acción política debe desarrollarse en el nivel de gobierno más efectivo y cercano a la ciudadanía.

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Donde dije digo, digo Diego. La contradicción de las sentencias del Tribunal Constitucional 109/2017 y 86/2019 sobre la evaluación ambiental estratégica de los estudios de detalle y su exclusión por ley.

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1. La incomprensible contradicción de las Sentencias del Tribunal Constitucional 109/2017 y 86/2019.

Los Estudios de Detalle aparecen configurados en las diversas normas autonómicas como la última pieza de un sistema de planeamiento, fuertemente jerarquizado, con un campo de actuación muy  limitado, hasta el punto de que es la principal pieza de la que se cuestiona su carácter normativo. Su concreta funcionalidad varía de una a otra Comunidad Autónoma, pero como generalidad puede afirmarse que los Estudios de Detalle  persiguen la ordenación de los volúmenes, ocupaciones y retranqueos y el señalamiento de alineaciones y rasantes  en parcelas concretas, sin que puedan alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento que desarrollan (Plan General, Plan Parcial o Plan Especial). También pueden delimitar espacios libres  y viarios interiores al ámbito de ordenación. Esta es la regulación que, con matices que no tienen mayor relevancia, se establece en el art. 46 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (idéntica regulación se establecía en el art. 46 de la previa Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo) y  en el art. 150 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (el art. 38 del Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, incorporaba una regulación similar).

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¿Es posible el reconocimiento unilateral de la condición de indefinido no fijo por parte de la Administración?

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La figura del indefinido no fijo es probablemente uno de lo vínculos jurídicos entre empleador y trabajador que mayores incertidumbres plantea en la actualidad. El objetivo inicial de esta relación peculiar entre Administración y trabajador es notorio. Trata de conciliar el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo –que impone la relación laboral indefinida ante irregularidades e incumplimientos del empleador– y los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso al empleo público en la Administración. Así, cuando el empleador incumplidor es la Administración, ante la imposibilidad de declarar la relación como fija, se impone la indefinición del trabajador. Es decir, este permanecerá en su puesto hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortización definitiva.

A pesar de que, en un inicio, el reconocimiento del indefinido no fijo estaba reservado a los supuestos de irregularidad en la contratación, en la actualidad corresponde dicha declaración a cualquier situación –irregular o regular– en la que las normas laborales declaren la indefinición de la relación. Ello es importante, como en seguida se apuntará, para la determinación del modo en que las Administraciones pueden o no reconocer la existencia de esta figura.

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Nuevos límites al establecimiento de tasas locales

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Como es sabido, los ayuntamientos pueden establecer tasas por (i) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y, también, por (ii) la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

Dentro de esa segunda categoría, el artículo 20.4 TRLRHL dispone que las entidades locales podrán exigir tasas “por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes”, mencionando seguidamente un total de 27 supuestos distintos que cumplen una función ejemplificativa y no constituyen un listado cerrado.

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Declaraciones municipales de soberanía y control judicial

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El Tribunal Supremo ha dictado recientemente cuatro sentencias anulando varios acuerdos de ayuntamientos catalanes que, entre otras cosas, declaraban sus respectivos municipios “territorios catalanes libres y soberanos”. Resulta interesante analizar brevemente los motivos que han llevado al TS a anular estos acuerdos y poner en relación esta argumentación con el principio de autonomía local y con la jurisprudencia preexistente sobre la materia.

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¿Qué ayuntamientos desarrollan mejores políticas de cambio climático?

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Fotografía de la ciudad de MadridVolvemos a interesarnos en este blog por la respuesta municipal al fenómeno del cambio climático; muestra quizás de que se está conformando como uno de los grandes problemas colectivos que afrontamos en la actualidad. Por si no estábamos del todo convencidos, las olas de calor del verano o los trágicos efectos de la gota fría de septiembre han dado otra vuelta de tuerca en la concienciación ciudadana. La reciente publicación del Real Instituto Elcano “Los Españoles ante el cambio climático” informa de que lo percibimos como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, muy por encima de los conflictos armados, las crisis económicas o el terrorismo internacional.

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El TS cambia (otra vez) su criterio sobre la potestad tarifaria

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Veleta de un tejadoA finales de junio se dictó la STS 909/2019, en la que el Tribunal Supremo revisó de forma explícita su doctrina acerca de la denominada potestad tarifaria.

El recurso de casación lo formuló una empresa concesionaria de la gestión del servicio insular de transferencia y tratamiento de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Muro, a la que, en vez de abonarle las facturas correspondientes, se le compensó de oficio la deuda con otras deudas que el Consell Insular de Mallorca mantenía con el propio Ayuntamiento.

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La reestructuración del sector público a partir de la normativa de contratación pública y de disciplina presupuestaria

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Primer Premio del CEF 2019 / Derecho Constitucional y Administrativo

Silvia Díez Sastre y Ester Marco Peñas
Instituto de Derecho Local

Las normas relativas a la organización del sector público, la gestión de servicios públicos y el control del gasto público han experimentado un profundo proceso de europeización, que se ha intensificado con ocasión de la crisis económica. La libertad de los Estados miembros en la configuración y utilización de sus entidades instrumentales y en la selección de las formas de gestión de sus servicios se ha recortado progresivamente de la mano de dos sectores de regulación europea: por un lado, la contratación pública y, por otro lado, la disciplina presupuestaria. Ninguna de estas regulaciones establece mandatos específicos relativos a la auto-organización del sector público; es más, expresamente prevén la libertad de los Estados miembros para elegir el modo en que prestar sus servicios y ejercer sus competencias -sirva de ejemplo, el considerando 5 Directiva 2014/24/UE-. Sin embargo, su impacto en la conducta de las Administraciones territoriales es innegable. De forma indirecta crean incentivos dirigidos a reestructurar y, llegado el caso, reducir el número de entidades instrumentales. Asimismo, crean estímulos para acudir al mercado, en lugar de utilizar los propios medios, para satisfacer las necesidades públicas. La falta de un título competencial europeo en materia de organización administrativa y de gestión de servicios de los Estados miembros se suple, de este modo, a través del ejercicio de competencias relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior y de la economía.

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El surgimiento tímido del denominado Derecho local del cambio climático: competencias, fundamentos y límites

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El cambio climático es, indudablemente, uno de los mayores retosy problemas colectivosde naturaleza glocal que afronta la sociedad moderna en la era tecnológica. Las cuestiones que versan tanto sobre su aceleración -que ya con certeza científica se considera humanamente inducida- como sus impactos se han elevado a objeto de tratamiento diario por los medios de comunicación y, en algunos casos, a objetivos prioritarios de las agendas políticasde los distintos niveles de gobierno (internacional, europeo, estatal, autonómico y local). La creciente trascendencia de esta problemática se exterioriza de diversas formas con la finalidad, entre otras, de activar y consolidar la conciencia social y política en la materia. Basta con hacer referencia a algunas de ellas: huelgas de estudiantes, manifestaciones cívicas, movilizaciones constantes de organizaciones no gubernamentales, elaboración de documentales y obras de arte, paneles publicitarios, conversaciones cotidianas, talleres y cursos, programas de formación, proyectos de investigación, acuerdos internacionales.

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