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El nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el ámbito local

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El 22 de julio de 2016 entró en vigor la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Esta modificación de la LJCA supuso también un cambio en el régimen del recurso de casación, pues desapareció este recurso para la modificación de doctrina, así como en interés de la ley, dando lugar al nacimiento del actual recurso de casación.

Anteriormente, la mayoría de los asuntos que entraban en la casación no trataban la materia local, pues sus importes no alcanzaban la cuantía casacional. En pocas ocasiones llegaban asuntos de interés o ámbito local al Tribunal Supremo y, cuando lo hacían, eran mediante el recurso de casación en interés de la ley, tras numerosas discusiones doctrinales y resoluciones contradictorias. Pues bien, esta situación parece haber cambiado a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva casación. A continuación, se muestran los resultados del análisis de los recursos de casación admitidos a trámite en el pasado año (2018) que están relacionados con el ámbito local. Se trata de identificar algunas pautas o patrones comunes en estos recursos.

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¿Vinculan a las Administraciones autonómicas y locales las respuestas a las consultas que emite la Dirección General de Tributos?

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Desde hace años existen notables dudas acerca de la extensión de los efectos vinculantes de las consultas a otras Administraciones diferentes de la que emitió la contestación. En particular, la cuestión se ha centrado habitualmente en el alcance que haya de darse a las contestaciones evacuadas por la Dirección General de Tributos. Esto es, ¿están obligadas las Administraciones tributarias autonómicas y locales a seguir el criterio expresado por el citado órgano?

A mi juicio la respuesta es claramente negativa, si bien no puede obviarse la existencia de algunas opiniones doctrinales abiertamente contrarias a esta conclusión, así como un acatamiento en los hechos, difícilmente cuantificable pero perceptible en la práctica, del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. De hecho, este centro directivo ha manifestado expresamente que sí han de vincular sus contestaciones a las entidades locales (contestación de 27 de julio de 2018, V2258-18). Así pues, cumple argumentar suficientemente mi postura, tal y como haré a continuación.

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Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (II Parte)

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Como señalamos en el anterior comentario, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolución recursos de casación en los que se suscitan cuestiones de gran calado en relación con las tasas locales.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos catalanes, y con una evidente finalidad extrafiscal, modificó la Ordenanza Fiscal correspondiente a la Tasa por la prestación de servicios generales, para incluir el gravamen de las actuaciones derivadas de la inspección y el control de las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda en Cataluña.  Su hecho imponible está constituido por la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, de inspección de edificios y viviendas, efectuada a instancia particular o de oficio, que detecte el uso anómalo de las viviendas, así como las órdenes de ejecución que se pudieran derivar.  La tasa se devenga una vez declarada por resolución firme en vía administrativa la situación anómala de la vivienda por mantenerla desocupada más de dos años sin causa justificada.  La Ordenanza Fiscal regula distintos supuestos de exención, y una importante bonificación del 90 por 100 de la cuota aplicable a los sujetos pasivos que acrediten tener un patrimonio neto inferior a 500.000 euros y bienes por valor inferior a 2 millones de euros.

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Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (I Parte)

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La reforma del recurso de casación  en el ámbito contencioso-administrativo, operada por la D. F. Tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio,  ha  implicado un cambio de paradigma en su configuración y, en lo que aquí interesa,  ha ampliado  significativamente el número de resoluciones sobre tributos locales que tienen acceso a la  casación. La regulación anterior limitaba extraordinariamente el acceso al Tribunal Supremo de las cuestiones relacionadas con la Hacienda local[véase, FERNÁNDEZ MONTALVO, R. (2014), Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Hacienda local]. Actualmente, el vigente recurso de casación contencioso-administrativo constituye un instrumento procesal volcado en la función hermenéutica del Derecho Público, administrativo y tributario, en el que la noción de “interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia”se erige en  la piedra angular del nuevo modelo casacional  (véase, el ATS de 19 de junio de 2017 -Rec. Nº. 273/2017-).

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Convenios urbanísticos y fútbol. Requisitos para considerarlos ayudas de estado. Sobre la STGUE de 22 de mayo de 2019.

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I. Encuadre previo. La posible configuración de los actos de gestión de bienes públicos como ayudas públicas de estado.

La determinación de un precio preferencial en la disposición de los bienes patrimoniales o de la utilización del dominio público a favor de un determinado sujeto que realice actividades o servicios de carácter económico puede constituir una ayuda de Estado y, por tanto, resultar incompatible con el principio de competencia en el mercado fijado por el art. 107 TFUE, cuando ocasione distorsiones injustificadas en el funcionamiento eficiente de cualquier sector del mercado interior. El concepto de ayuda ilegal comprende no solo las prestaciones positivas, (v.gr.: subvenciones), sino también intervenciones que, bajo diversas formas, aligeran las cargas que normalmente pesan sobre los presupuestos de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tienen la misma naturaleza e idénticos efectos, como puede ser ese precio preferencial (p.e., una valoración injustificada en la compensación de valores en una permuta).

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Ciudades españolas, nuevo ciclo

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Las ciudades y los municipios españoles se preparan para afrontar el undécimo mandato de la democracia reconquistada en abril de 1979. Las urnas ya han orientado. Falta alcanzar acuerdos en aquellos consistorios donde ninguna opción alcanzó mayoría para gobernar en solitario.  Porque, como se sabe, son los grupos corporativos y los concejales quienes elijan a los alcaldes. La cita está prevista para las doce del mediodía del próximo sábado 15 en toda España. En numerosas localidades ha sido necesario poner a funcionar y engrasar la cultura de pactos, muy necesaria en los tiempos que corren, cuando las sociedades, a la hora de ser consultadas, emiten mensajes en el sentido de que sus representantes dialoguen y se entiendan para compartir y colegiar responsabilidades, para tomar determinaciones sólidas y bien sustanciadas con tal de hacerlas viables y duraderas.

En ese escenario, a todos los actores se les asigna un papel con un mandamiento común: algo hay que ceder para gestionar los recursos e intentar que los propósitos, pese a las dificultades o las limitaciones, cristalicen. A las partes, a los pactistas, se les exige también lealtad, base indispensable para los avances sociales y la consecución de los logros. Esa cultura, en fin, solo irá notándose a medida que haya pruebas tangibles de un funcionamiento que anteponga los intereses generales a los partidistas y que favorezca que la población se identifique con proyectos, acciones y actuaciones hasta hacerlas suyas y palpar señales de progreso, antes que palpar el estancamiento y acentuar la desafección hacia la política, aumentando la incredulidad y la pérdida de los valores que hayan podido aglutinar.

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El Tribunal Constitucional y la protección de los datos ideológicos frente a los partidos políticos

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Apenas tres días después de la celebración de las últimas elecciones locales, europeas y para gran parte de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia, de 22 de mayo de 20189, que anula el art. 58.bis.1 de la LOREG, que fue modificado por la Disposición Final 3ª (apartado 2) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). El recurso fue interpuesto por el Defensor del Pueblo.

El reproche que se hacía a este precepto es que podría permitir a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallan el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados de las redes sociales) sin su consentimiento previo.

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El alarmante envejecimiento de los empleados públicos de la Administración local española

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Diferentes crisis económicas han afectado a nuestro país en las últimas décadas. Ello ha provocado que desde el año 1993 las Leyes de Presupuestos Generales del Estado hayan limitado, de una u otra forma, el acceso al empleo público, como fórmula para restringir el gasto público.

Así, por ejemplo, durante los años 90 el legislador suspendió, como regla general, la obligación de que las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente debieran ser incluidas forzosamente en la oferta pública de empleo del año siguiente. Excepcionalmente sí podían ser convocadas plazas en algunos sectores de la Administración que se consideraban estratégicos, como, por ejemplo, las pertenecientes a las carreras judicial y fiscal, el personal de Instituciones Penitenciarias o, entre otros, el personal sanitario. Asimismo, durante estos años también se restringió la contratación de personal temporal, salvo autorización excepcional del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Hacienda.

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Las consultas tributarias vinculantes emitidas por el Estado y los tributos locales

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1) La regulación de los efectos vinculantes de las contestaciones a consultas tributarias escritas en la Ley General Tributaria

Las contestaciones a las consultas tributarias son manifestaciones formales de un criterio administrativo interpretativo a los efectos de aplicación de la norma, efectuadas por el órgano competente, y dirigidas a producir efectos. Dichos efectos, cuando se trata de consultas escritas, se regulan en el art. 89.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT):

“La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.

En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta.

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta”.

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La STC ¿definitiva? sobre la responsabilidad objetiva de la Administración

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Desde la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 el sistema español de responsabilidad de las Administraciones Públicas se ha descrito como un sistema de carácter objetivo. Esto implica que, para apreciar que la Administración es responsable, no es necesario que concurra o se acredite la existencia de dolo o culpa por su parte (elemento subjetivo). El anclaje normativo actual de la responsabilidad administrativa se encuentra en el art. 106.2 CE y en los arts. 32 y siguientes LRJSP.

Esta configuración se ha considerado tradicionalmente un gran avance en las garantías del ciudadano frente a la Administración, pues acreditar que la Administración (o sus agentes) han actuado dolosa o culposamente puede ser muy gravoso, cuando no imposible, para el particular reclamante.

No han faltado las críticas a esta objetividad, por entender que amplía desmesuradamente el ámbito por el que la Administración debería responder, de forma que se convierte en una especie de “asegurador universal”. Uno de los argumentos para ello ha sido que el art. 106.2 CE no obliga a que la responsabilidad de las Administraciones sea objetiva, por dos razones: (i) se refiere a “toda lesión” que sea “consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, pero no excluye que deba concurrir culpa; y (ii) se remite a los “términos establecidos por la ley” para la configuración del derecho de los particulares a ser indemnizado.

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