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El TS cambia (otra vez) su criterio sobre la potestad tarifaria

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Veleta de un tejadoA finales de junio se dictó la STS 909/2019, en la que el Tribunal Supremo revisó de forma explícita su doctrina acerca de la denominada potestad tarifaria.

El recurso de casación lo formuló una empresa concesionaria de la gestión del servicio insular de transferencia y tratamiento de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Muro, a la que, en vez de abonarle las facturas correspondientes, se le compensó de oficio la deuda con otras deudas que el Consell Insular de Mallorca mantenía con el propio Ayuntamiento.

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La reestructuración del sector público a partir de la normativa de contratación pública y de disciplina presupuestaria

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Primer Premio del CEF 2019 / Derecho Constitucional y Administrativo

Silvia Díez Sastre y Ester Marco Peñas
Instituto de Derecho Local

Las normas relativas a la organización del sector público, la gestión de servicios públicos y el control del gasto público han experimentado un profundo proceso de europeización, que se ha intensificado con ocasión de la crisis económica. La libertad de los Estados miembros en la configuración y utilización de sus entidades instrumentales y en la selección de las formas de gestión de sus servicios se ha recortado progresivamente de la mano de dos sectores de regulación europea: por un lado, la contratación pública y, por otro lado, la disciplina presupuestaria. Ninguna de estas regulaciones establece mandatos específicos relativos a la auto-organización del sector público; es más, expresamente prevén la libertad de los Estados miembros para elegir el modo en que prestar sus servicios y ejercer sus competencias -sirva de ejemplo, el considerando 5 Directiva 2014/24/UE-. Sin embargo, su impacto en la conducta de las Administraciones territoriales es innegable. De forma indirecta crean incentivos dirigidos a reestructurar y, llegado el caso, reducir el número de entidades instrumentales. Asimismo, crean estímulos para acudir al mercado, en lugar de utilizar los propios medios, para satisfacer las necesidades públicas. La falta de un título competencial europeo en materia de organización administrativa y de gestión de servicios de los Estados miembros se suple, de este modo, a través del ejercicio de competencias relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior y de la economía.

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El surgimiento tímido del denominado Derecho local del cambio climático: competencias, fundamentos y límites

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El cambio climático es, indudablemente, uno de los mayores retosy problemas colectivosde naturaleza glocal que afronta la sociedad moderna en la era tecnológica. Las cuestiones que versan tanto sobre su aceleración -que ya con certeza científica se considera humanamente inducida- como sus impactos se han elevado a objeto de tratamiento diario por los medios de comunicación y, en algunos casos, a objetivos prioritarios de las agendas políticasde los distintos niveles de gobierno (internacional, europeo, estatal, autonómico y local). La creciente trascendencia de esta problemática se exterioriza de diversas formas con la finalidad, entre otras, de activar y consolidar la conciencia social y política en la materia. Basta con hacer referencia a algunas de ellas: huelgas de estudiantes, manifestaciones cívicas, movilizaciones constantes de organizaciones no gubernamentales, elaboración de documentales y obras de arte, paneles publicitarios, conversaciones cotidianas, talleres y cursos, programas de formación, proyectos de investigación, acuerdos internacionales.

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El TC avala (con un criterio cuestionable) las nuevas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario

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A comienzos de junio se publicó la STC 63/2019, en la que se desestimó –con una celeridad poco habitual– el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados contra determinados preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que califican como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (PPCPNT) a las contraprestaciones exigidas por servicios públicos prestados de manera indirecta o de forma directa a través de personificación privada. El fallo, como se verá, es claro y su argumentación, como trataré de justificar, cuestionable.

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El nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el ámbito local

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El 22 de julio de 2016 entró en vigor la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Esta modificación de la LJCA supuso también un cambio en el régimen del recurso de casación, pues desapareció este recurso para la modificación de doctrina, así como en interés de la ley, dando lugar al nacimiento del actual recurso de casación.

Anteriormente, la mayoría de los asuntos que entraban en la casación no trataban la materia local, pues sus importes no alcanzaban la cuantía casacional. En pocas ocasiones llegaban asuntos de interés o ámbito local al Tribunal Supremo y, cuando lo hacían, eran mediante el recurso de casación en interés de la ley, tras numerosas discusiones doctrinales y resoluciones contradictorias. Pues bien, esta situación parece haber cambiado a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva casación. A continuación, se muestran los resultados del análisis de los recursos de casación admitidos a trámite en el pasado año (2018) que están relacionados con el ámbito local. Se trata de identificar algunas pautas o patrones comunes en estos recursos.

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¿Vinculan a las Administraciones autonómicas y locales las respuestas a las consultas que emite la Dirección General de Tributos?

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Desde hace años existen notables dudas acerca de la extensión de los efectos vinculantes de las consultas a otras Administraciones diferentes de la que emitió la contestación. En particular, la cuestión se ha centrado habitualmente en el alcance que haya de darse a las contestaciones evacuadas por la Dirección General de Tributos. Esto es, ¿están obligadas las Administraciones tributarias autonómicas y locales a seguir el criterio expresado por el citado órgano?

A mi juicio la respuesta es claramente negativa, si bien no puede obviarse la existencia de algunas opiniones doctrinales abiertamente contrarias a esta conclusión, así como un acatamiento en los hechos, difícilmente cuantificable pero perceptible en la práctica, del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. De hecho, este centro directivo ha manifestado expresamente que sí han de vincular sus contestaciones a las entidades locales (contestación de 27 de julio de 2018, V2258-18). Así pues, cumple argumentar suficientemente mi postura, tal y como haré a continuación.

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Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (II Parte)

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Como señalamos en el anterior comentario, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolución recursos de casación en los que se suscitan cuestiones de gran calado en relación con las tasas locales.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos catalanes, y con una evidente finalidad extrafiscal, modificó la Ordenanza Fiscal correspondiente a la Tasa por la prestación de servicios generales, para incluir el gravamen de las actuaciones derivadas de la inspección y el control de las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda en Cataluña.  Su hecho imponible está constituido por la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, de inspección de edificios y viviendas, efectuada a instancia particular o de oficio, que detecte el uso anómalo de las viviendas, así como las órdenes de ejecución que se pudieran derivar.  La tasa se devenga una vez declarada por resolución firme en vía administrativa la situación anómala de la vivienda por mantenerla desocupada más de dos años sin causa justificada.  La Ordenanza Fiscal regula distintos supuestos de exención, y una importante bonificación del 90 por 100 de la cuota aplicable a los sujetos pasivos que acrediten tener un patrimonio neto inferior a 500.000 euros y bienes por valor inferior a 2 millones de euros.

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Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (I Parte)

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La reforma del recurso de casación  en el ámbito contencioso-administrativo, operada por la D. F. Tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio,  ha  implicado un cambio de paradigma en su configuración y, en lo que aquí interesa,  ha ampliado  significativamente el número de resoluciones sobre tributos locales que tienen acceso a la  casación. La regulación anterior limitaba extraordinariamente el acceso al Tribunal Supremo de las cuestiones relacionadas con la Hacienda local[véase, FERNÁNDEZ MONTALVO, R. (2014), Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Hacienda local]. Actualmente, el vigente recurso de casación contencioso-administrativo constituye un instrumento procesal volcado en la función hermenéutica del Derecho Público, administrativo y tributario, en el que la noción de “interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia”se erige en  la piedra angular del nuevo modelo casacional  (véase, el ATS de 19 de junio de 2017 -Rec. Nº. 273/2017-).

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Convenios urbanísticos y fútbol. Requisitos para considerarlos ayudas de estado. Sobre la STGUE de 22 de mayo de 2019.

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I. Encuadre previo. La posible configuración de los actos de gestión de bienes públicos como ayudas públicas de estado.

La determinación de un precio preferencial en la disposición de los bienes patrimoniales o de la utilización del dominio público a favor de un determinado sujeto que realice actividades o servicios de carácter económico puede constituir una ayuda de Estado y, por tanto, resultar incompatible con el principio de competencia en el mercado fijado por el art. 107 TFUE, cuando ocasione distorsiones injustificadas en el funcionamiento eficiente de cualquier sector del mercado interior. El concepto de ayuda ilegal comprende no solo las prestaciones positivas, (v.gr.: subvenciones), sino también intervenciones que, bajo diversas formas, aligeran las cargas que normalmente pesan sobre los presupuestos de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tienen la misma naturaleza e idénticos efectos, como puede ser ese precio preferencial (p.e., una valoración injustificada en la compensación de valores en una permuta).

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Ciudades españolas, nuevo ciclo

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Las ciudades y los municipios españoles se preparan para afrontar el undécimo mandato de la democracia reconquistada en abril de 1979. Las urnas ya han orientado. Falta alcanzar acuerdos en aquellos consistorios donde ninguna opción alcanzó mayoría para gobernar en solitario.  Porque, como se sabe, son los grupos corporativos y los concejales quienes elijan a los alcaldes. La cita está prevista para las doce del mediodía del próximo sábado 15 en toda España. En numerosas localidades ha sido necesario poner a funcionar y engrasar la cultura de pactos, muy necesaria en los tiempos que corren, cuando las sociedades, a la hora de ser consultadas, emiten mensajes en el sentido de que sus representantes dialoguen y se entiendan para compartir y colegiar responsabilidades, para tomar determinaciones sólidas y bien sustanciadas con tal de hacerlas viables y duraderas.

En ese escenario, a todos los actores se les asigna un papel con un mandamiento común: algo hay que ceder para gestionar los recursos e intentar que los propósitos, pese a las dificultades o las limitaciones, cristalicen. A las partes, a los pactistas, se les exige también lealtad, base indispensable para los avances sociales y la consecución de los logros. Esa cultura, en fin, solo irá notándose a medida que haya pruebas tangibles de un funcionamiento que anteponga los intereses generales a los partidistas y que favorezca que la población se identifique con proyectos, acciones y actuaciones hasta hacerlas suyas y palpar señales de progreso, antes que palpar el estancamiento y acentuar la desafección hacia la política, aumentando la incredulidad y la pérdida de los valores que hayan podido aglutinar.

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