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Los contratos de prestación de servicios a las personas en la Ley 9/2017 de contratos del Sector público

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Los Estados miembros de la UE son libres (siempre que se respete los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre circulación) para organizar la prestación de servicios, como servicios de interés económico general, como servicios no económicos de interés general, o como una combinación de ambos, así como para decidir los medios más adecuados para la prestación de estos servicios (gestionarlos directamente o externalizarlos, mediante la encomienda a terceros). Esto permite afirmar la actual “indiferencia” del Derecho de la Unión Europea frente a la elección por los Estados miembros de la forma de gestión de los servicios públicos, lo que supone que la autonomía de las autoridades nacionales (estatales, autonómicas o locales, en nuestro caso) en la determinación de las modalidades de prestación de los servicios, se ha ampliado significativamente desde el punto de vista de la Unión Europea, siempre que no existan normas europeas de armonización en materia del mercado interior (en interpretación de la excepción prevista en el art. 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y conforme al principio de neutralidad respecto al derecho de propiedad en los Estados miembros (art. 345 TFUE).

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Residencias para mayores gestionadas indirectamente: ¿responsabilidad administrativa o civil?

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Los días 18 y 19 de octubre se celebró en el Ayuntamiento de Madrid el seminario “Público y privado en la atención social a los mayores” organizado por el IDL-UAM, la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid y los miembros del proyecto de investigación de la UAM “Aging Cities” (DER2016-75987-R). Uno de los temas tratados en el seminario fue qué régimen de responsabilidad debe aplicarse a los privados colaboradores de la Administración que gestionan residencias de mayores, cuando la colaboración se articula a través de un contrato público.

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ICIO y caducidad de la licencia

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Por Auto de 11 de julio de 2018, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso 1869/2018 presentado por el Ayuntamiento de Recas (Toledo) por presentar interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en relación con la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

La cuestión que se plantea trata de determinar si, en aquellos supuestos en los que la obra no llega a realizarse por desistimiento del solicitante, el cómputo del dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de los ingresos realizados con motivo de la liquidación provisional a cuenta debe considerar el mero transcurso del plazo otorgado en la licencia para la realización de las obras, o si, por el contrario, se precisa un acto formal que declare la caducidad de la misma por parte del Ayuntamiento.

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La LRSAL no ha modificado el sistema de fuentes de los funcionarios locales

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La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), en contra de lo que se mantiene frecuentemente, no ha modificado en absoluto el sistema de fuentes de los funcionarios locales al redactar el artículo 92.1 de la LBRL, que actualmente dice:

“Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución”.

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¿Re-municipalizar servicios? La opinión de los alcaldes

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Desde hace algunos años se oye hablar de un cierto agotamiento del modelo de la “Nueva Gestión Pública” como paradigma inspirador para la provisión de servicios públicos. Este modelo, surgido en los años ochenta en los países anglosajones y extendido después por todo el mundo, proponía una agenda de reformas fundada en la importación de técnicas propias de la gestión privada a la gestión pública a fin de modernizar la administración y mejorar la eficiencia y eficacia de su funcionamiento. La externalización – o provisión de servicios públicos por agentes privados- fue una de sus más populares recetas, pero incluía otras como los contratos programa, los incentivos al rendimiento, el estilo gerencial de liderazgo o las evaluaciones sistemáticas de servicios.

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Informe de impacto de género y planeamiento urbanístico: cuando el TSJ de Madrid crea normas procedimentales

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Desde su sentencia 322/2017, de 19 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el Plan General de Pedrezuela, exige que los planes urbanísticos incluyan, entre su documentación, un informe de impacto de género. La misma doctrina se ha reiterado más recientemente, con resultado anulatorio, en la STSJM 593/2018, de 17 de julio, sobre la modificación del Plan General de Madrid que ordena el suelo del estadio Wanda-Metropolitano.

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Audiencia en la elaboración de las ordenanzas locales: inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley 39/2015

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En su reciente STC 55/2018,  de 24 de mayo, el Tribunal Constitucional enjuició la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (LPAC). Había recurrido, por razones competenciales, la Generalitat de Cataluña.

Entre muchos de los preceptos impugnados estaban los referidos al ejercicio de la potestad reglamentaria por cualesquiera Administraciones públicas. Una de las normas impugnadas (art. 133.2 LPAC) establece que en el procedimiento de elaboración de reglamentos ha de mediar una audiencia a los ciudadanos afectados, al público en general y a las organizaciones más directamente interesadas.

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Nuevo impulso

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Hace ya seis años que escribí la primera entrada en este blog para saludar a todos los amigos del IDL y explicar los motivos por los que creábamos esa nueva sección. Desde entonces, hemos publicado más de cien entradas en el blog sobre distintas materias relacionados con la actualidad del Derecho Local.

En esta ocasión he querido escribir una breve entrada para comentar el cambio de diseño de nuestra página web. No es un cambio radical, como podréis apreciar, sino más bien una actualización del diseño de la web para hacerla más atractiva. Ahora bien, ese pequeño cambio refleja nuestro interés por seguir actualizándonos en todo lo que puede hacer más atractiva nuestra actividad investigadora y de divulgación.

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El Tribunal Supremo determina el alcance de la declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU

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Tribunal_SupremoEl Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 1163/2018, de 9 de julio, en la que resuelve uno de los múltiples recursos de casación admitidos a trámite como consecuencia de las dudas suscitadas en la interpretación del Fallo de la STC 59/2017, que declaraba los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLRHL inconstitucionales y nulos, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

La STS citada, previsible y razonable, rechaza las llamadas tesis maximalistas que entendían que los preceptos declarados inconstitucionales habían sido expulsados ex origine del ordenamiento jurídico y, por tanto, procedía anular todas las liquidaciones del IIVTNU impugnadas. Por el contrario, según el TS, la declaración de inconstitucionalidad es parcial en lo que se refiere al artículo 107 y total en lo que se refiere al artículo 110 TRLRHL.

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La obligación de la Administración de subrogarse en el personal de la empresa contratista

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La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), ha suscitado muchos interrogantes en torno a la figura jurídica de la sucesión de empresas y su aplicación a las Administraciones Públicas en determinados supuestos.MEySS

El objeto de esta entrada es analizar los efectos del art.130.3 LCSP y su posible colisión con otras normas o con la jurisprudencia consolidada sobre la subrogación empresarial en la Administración.

El art. 130.3 LCSP dispone que en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

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