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El Tribunal Supremo determina el alcance de la declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU

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Tribunal_SupremoEl Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 1163/2018, de 9 de julio, en la que resuelve uno de los múltiples recursos de casación admitidos a trámite como consecuencia de las dudas suscitadas en la interpretación del Fallo de la STC 59/2017, que declaraba los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLRHL inconstitucionales y nulos, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

La STS citada, previsible y razonable, rechaza las llamadas tesis maximalistas que entendían que los preceptos declarados inconstitucionales habían sido expulsados ex origine del ordenamiento jurídico y, por tanto, procedía anular todas las liquidaciones del IIVTNU impugnadas. Por el contrario, según el TS, la declaración de inconstitucionalidad es parcial en lo que se refiere al artículo 107 y total en lo que se refiere al artículo 110 TRLRHL.

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La obligación de la Administración de subrogarse en el personal de la empresa contratista

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La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), ha suscitado muchos interrogantes en torno a la figura jurídica de la sucesión de empresas y su aplicación a las Administraciones Públicas en determinados supuestos.MEySS

El objeto de esta entrada es analizar los efectos del art.130.3 LCSP y su posible colisión con otras normas o con la jurisprudencia consolidada sobre la subrogación empresarial en la Administración.

El art. 130.3 LCSP dispone que en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

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Publicación del libro: “Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” (Tirant lo Blanch, 2018), dirigido por Mª Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo

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9788491900481Los procesos de globalización en los que se desenvuelven hoy en día las sociedades conducen irremediablemente a que la actividad de los poderes públicos tenga que desarrollarse en un contexto cada vez más complejo y fragmentado. Descentralización, múltiples escalas territoriales, o necesidad de superación de los enfoques sectoriales son algunas de las notas que encontramos presentes en todos los ámbitos de la actividad administrativa. Con más intensidad en el espacio transformado por la urbanización, sobre todo en las áreas urbanas más densamente pobladas. Una especie de microcosmos en el que se encuentran la mayor parte de los desafíos de las sociedades contemporáneas, sociedades eminentemente urbanas, donde se ensayan nuevos modos de intervención pública. Los principios de integración y sostenibilidad favorecen el surgimiento de nuevas modalidades que nos enfrentan a la toma en consideración de lo que se ha dado en llamar “el tránsito del gobierno a la gobernanza”, y junto a él, al fenómeno global que sin duda va a tener mayor repercusión sobre los núcleos urbanos de todo el mundo, el cambio climático. En torno a estos dos grandes bloques temáticos, gobernanza y cambio climático, se ha organizado la selección de temas y autores que conforman la presente publicación. En todos ellos se evidencia la necesidad de un marco jurídico claro y riguroso que favorezca una nueva gestión basada en la acción concertada y coordinada en todos los niveles y escalas de los plurales factores que confluyen, no siendo ya ni útiles ni suficientes las aproximaciones de carácter específicamente urbanístico e inmobiliario. Los estudios que aquí se recogen sirven para reflexionar al respecto, y facilitar ese tránsito.
En esta obra colectiva participan las investigadoras del Instituto de Derecho Local: Sofia Simou y Moneyba González Medina, con sendos artículos dedicados a los retos de la movilidad sostenible y la gobernanza urbana en el marco del “Desarrollo Urbano Sostenible Integrado”.
Más información:

Políticas de Participación Ciudadana en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

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El III Informe de la Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales (una colección de estudios de diagnóstico y análisis de las Foro_de_las_ciudadesactuaciones de los municipios madrileños que venimos desarrollando en el Instituto de Derecho Local desde 2016) aborda cuestiones de participación ciudadana. El documento elaborado por la profesora Carmen Navarro y David Alba se presentará el próximo miércoles 13 de junio en la Feria de Madrid en el marco de la tercera edición del Foro de las Ciudades, cuyo eje principal es la ciudad de los ciudadanos, proactivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que impulsan ciudades verdes, resilientes e innovadoras.

En él se hace balance de las políticas locales de participación ciudadana de los 25 municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, a partir de información recogida en las páginas web de los ayuntamientos, en estadísticas oficiales y en las entrevistas realizadas a los responsables técnicos e institucionales de una quincena de ellos. Se ofrecen resultados sobre la organización y recursos de estas políticas, el desarrollo de los mecanismos participativos, así como sobre el impacto, el nivel de actividad, los beneficios y las limitaciones de su implementación.

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El Tribunal Supremo abre la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo sin agotar la vía administrativa previa

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Uno de los más conocidos privilegios de la Administración es su derecho a revisar sus propios actos antes de ser sometidos a control judicial. En virtud de este principio, los administrados deben agotar la vía de impugnación en sede administrativa para interponer recurso contencioso-administrativo.Impuesto Plusvalia

Es cierto que muchas veces ese recurso administrativo es totalmente inútil, porque la Administración carece de competencia para estimar el recurso interpuesto. Así sucede, por ejemplo, cuando el motivo de impugnación es la ilegalidad de un reglamento o la inconstitucionalidad de una ley. En esos casos también se consideraba preceptivo agotar la vía administrativa, porque, como afirmaba el Tribunal de instancia, «los recursos administrativos no son necesarios o no, inútiles o no, sino que son preceptivos o no conforme la regulación legal de la materia.

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¿Puede haber residencias privadas de mayores sobre suelo dotacional público?

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SueloDotacionalAereo

Los establecimientos de mayores (residencias, pisos tutelados, centros de día, centros de mayores) serán una necesidad acuciante dentro de unos años. Piénsese solamente en un dato: el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,4 % de la población, pasará a ser del 24,9% dentro de quince años (en 2029) y del 34,6 % dentro de cincuenta años (en 2066).

La fuerte demanda de establecimientos de mayores se cubrirá con oferta pública y con oferta privada (concertada o no). No cabe duda de que los establecimientos públicos se podrán ubicar en el suelo que los planes urbanísticos califican como “dotacional público” para “equipamiento de bienestar social” o similar. Y los establecimientos privados podrán ubicarse en suelo privado que tenga la calificación urbanística de “residencial comunitario” o de “dotacional privado”. Pero aquí surge ya la pregunta: ¿podrán ubicarse establecimientos privados de mayores sobre parcelas municipales con la calificación urbanística de suelo dotacional público?

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¿Se deben someter las ordenanzas fiscales a procesos previos de consultas públicas?

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No es fácil interpretar las leyes administrativas generales en su relación con las entidades locales, porque el legislador no siempre tiene en cuenta las singularidades locales, pero es todavía más difícil cuando se trata de las Haciendas locales por su especialidad.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) establece que, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de un reglamento, se debe sustanciar una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

Ordenanza fiscal

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El IIVTNU resulta inexigible en Navarra (Diego Marín-Barnuevo)

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El IIVTNU resulta inexigible en Navarra

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Hace unos meses escribíamos una entrada en este blog en la que poníamos de manifiesto que el IIVTNU resulta inexigible en Madrid, basándonos en la interpretación mantenida por el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia de 19 de julio y en otras ulteriores. Ahora nos toca comentar una sentencia del TSJ de Navarra, que determina la inexigibilidad del IIVTNU en esa comunidad autónoma.

Plusvalía municipal

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Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal… (César Martínez)

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Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal…

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Esta norma es fruto de la negociación con las entidades locales, que desde comienzos de año venían reclamando, entre otras cuestiones, la habilitación legal necesaria para destinar el superávit de 2017 a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

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El nuevo modelo de control interno del Ayuntamiento de Madrid (Francisco Javier Sánchez Rubio)

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El nuevo modelo de control interno del Ayuntamiento de Madrid

Francisco Javier Sánchez Rubio

Director de la Oficina de Contabilidad y Control Financiero del Ayuntamiento de Madrid

El próximo uno de julio entra en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. La Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, aprovechando su necesaria adaptación, se ha fijado el objetivo de diseñar un modelo de control interno ajustado no solo a la nueva normativa sino también a las exigencias que se demandan en la actualidad a los órganos de control interno.

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