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Es posible colaborar en la gestión del empleo público en el ámbito local

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Los departamentos de recursos humanos de las administraciones locales gestionamos el empleo público, es decir la selección de aquellas personas que se incorporan a la administración con el objeto de prestar a la ciudadanía los servicios, que la Ley de Bases de Régimen Local establece como esenciales y aquellos otros que cada municipio considera necesarios y estratégicos en base a su política municipal.

Los servicios públicos han de ser prestados con criterios de eficacia y eficiencia, a lo que habría que añadir la necesidad de hacerlo con ilusión y  vocación; sin embargo el servicio público no es un valor en alza entre la población en general y entre los jóvenes en particular. Esto pone en cuestión el sistema de valores del servicio público, tema que debe preocuparnos seriamente tanto a los que gestionamos los recursos humanos de las administraciones públicas, como a las instituciones académicas en todos sus niveles, pues son la cantera en la que se forman y capacitan los jóvenes, futuros candidatos y candidatas de los procesos selectivos.

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Las entidades urbanísticas de conservación no son para siempre

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De forma gráfica, aunque algo imprecisa, puede decirse que las entidades urbanísticas de conservación son las hermanas menos conocidas de las juntas de compensación. Como es sabido, las juntas de compensación actúan principalmente en el momento de la ejecución del planeamiento y su tarea básica es llevar a cabo la distribución del suelo y las obras de urbanización en un suelo determinado. Pero, una vez finaliza el proceso de urbanización, en ocasiones se encarga a las entidades de conservación precisamente eso: conservar lo urbanizado.

La regulación de estas entidades hay que buscarla en la legislación urbanística de cada comunidad autónoma. En Madrid se encuentran reguladas en los arts. 136 y 137 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM). También rigen de forma supletoria los artículos 24 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978 (RGU).

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El control del funcionamiento de contratos de servicios públicos. Algunas experiencias

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En otras entradas de este blog hemos tratado cuestiones sobre la provisión de servicios públicos por agentes privados. Aquí volvemos a abordarla, en esta ocasión aproximándola por el lado de los retos que plantea el control y seguimiento de los contratos.

Que una infinidad de servicios públicos – recogida de basuras, tratamiento de residuos, transporte público, mantenimiento de los espacios públicos, la educación, los servicios sociales- son gestionados por compañías del sector privado es una realidad incontestable y probablemente poco cambiante a futuro. Ello responde, según el ideario de la Nueva Gestión Pública (NGP), a la idea de aumentar la eficiencia, la eficacia y la calidad del servicio. Sin embargo, existen muchos trabajos que han demostrado que la externalización no es garantía para la mejora en estos tres aspectos. Los resultados insatisfactorios o las experiencias problemáticas suelen atribuirse a fallos del sector privado, como consecuencia del comportamiento oportunista de las empresas, que estarían más centradas en el beneficio económico que en la calidad del servicio. Estas afirmaciones, fieles o no a la realidad, llevan a algunos gobiernos a recuperar servicios previamente externalizados.

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El “plan anual normativo” de los ayuntamientos

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El art. 132 LPAC impone el deber de programar anualmente la actividad reglamentaria de cada Administración pública. Se trata de un deber propio del “ciclo” reglamentario, y por tanto previo al inicio de un concreto procedimiento normativo. Pero tras la STC 55/2018, este deber del art. 132 LPAC sólo obliga a la Administración General del Estado y no, por tanto, a las entidades locales.

A falta de deber inmediato en la LPAC, la existencia misma y el eventual contenido del  plan anual normativo es una opción legislativa autonómica o, con los límites de la ley autonómica, de cada entidad local, al amparo de sus potestades reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1 a) LBRL) y de programación (art. 4.1 c) LBRL). Dicho esto, se puede valorar positivamente la regulación voluntaria del plan anual normativo por cada entidad local. Por lo que aporta internamente a la organización local (programación y coordinación orgánica) y por lo que traslada hacia el exterior (seguridad jurídica). Cuestión distinta es la forma jurídica de ese deber procedimental, que tanto se puede contener en reglamentos orgánicoslocales como en instruccioneso directrices internas. La regulación del plan anual normativo en reglamentos orgánicos genera efectos vinculantescomo los de cualquier norma jurídica, y por tanto exigibles incluso por terceros ante los tribunales. Ello no obstante, una infracción de la regulación orgánica del PAN, dado su carácter extrínseco al procedimiento normativo stricto sensu, no afecta por sí a la validez de la ordenanza local resultante. La omisión del PAN podrá dar lugar a una declaración judicial de ilicitud de la omisión. Pero ni podrá determinar la invalidez de la ordenanza final, ni podrá dar lugar a una condena de hacer (pues una programación normativa a posterioricarece de todo sentido).

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El Tribunal Supremo considera que la liquidación definitiva del ICIO está vinculada al contenido de la liquidación provisional

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El ICIO es un impuesto regulado con poco acierto en los artículos 100 a 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una de las principales manifestaciones de esa desafortunada regulación consiste es denominar “liquidación provisional” a lo que realmente constituye un “ingreso a cuenta”, que tiene unas reglas de cuantificación específicas distintas de las establecidas para la liquidación definitiva. Esa irregularidad fue denunciada hace tiempo por la doctrina y ha sido señalada también por una abundante jurisprudencia.

Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 13 de diciembre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:4303), dictada en recurso de casación de la LO 7/2015, parece no haber advertidos todas las consecuencias jurídicas que derivan de esa diferente naturaleza, porque ha determinado que “la Administración gestora del impuesto no puede introducir en la liquidación definitiva, partidas o conceptos que, figurando en el presupuesto aportado por el interesado, no se incluyeron, pudiendo haberse hecho, por tanto, en la liquidación provisional. En particular, no pueden rectificarse en perjuicio del sujeto pasivo los conceptos, partidas, equipos o instalaciones no incorporadas a la liquidación provisional cuanto tal rectificación empeora la situación jurídica del interesado”.

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El margen competencial de las entidades locales en el ámbito del empleo

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Suele decirse que el principal potencial de las Administraciones Locales es que son la administración más próxima a los ciudadanos. Este rasgo es especialmente importante respecto de aquellas cuestiones o problemas que más preocupan a la ciudadanía. Entre estos, ocupa un lugar preponderante, sin lugar a dudas, el paro.

De acuerdo con el barómetro del CIS del mes de diciembre, el desempleo sigue siendo la principal preocupación para el 59,2% de los españoles, a gran distancia de las dos siguiente, la clase política (29,8%) y la corrupción (24,7%). Ésta es la lógica consecuencia de una crisis económica, la Gran Recesión, cuyos efectos se han dejado sentir especialmente en el mercado de trabajo y, con tal magnitud, que varios años después del inicio de la recuperación el desempleo sigue siendo uno de los principales retos de la sociedad española. Al margen de lo coyuntural, lo cierto es que las políticas de empleo se han situado como una materia principal para buena parte de los países de nuestro entorno.

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¿Se debe aplicar el artículo 86 LRJSP a los medios propios locales?

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El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece los requisitos que deben reunir los medios propios. Estos requisitos rigen sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios en el ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tal y como señala expresamente el artículo 32.1 LCSP. Por su parte, la D.F. 4.3 LCSP establece que, en lo no previsto en la Ley para los encargos a medios propios personificados, se aplicará lo dispuesto por la LRJSP. Estas referencias a la LRJSP en la regulación que establece la LCSP sobre los medios propios plantean la pregunta sobre la oportunidad de aplicar esta norma a la actividad de los medios propios en el ámbito local. Veamos cómo puede resolverse esta cuestión.

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Sobre tarifas y tributos: a vueltas con las contraprestaciones por el servicio público local de suministro domiciliario de agua

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Es difícil aventurar el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional que se habrá de dictar sobre los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que han intentado delimitar el respectivo campo de aplicación de las tasas y el de las tarifas dentro de la categoría más general de las prestaciones patrimoniales de carácter público, a las que se refiere el artículo 31.3 de la Constitución para someterlas al principio de reserva de ley con fundamento en su carácter coactivo.

La reforma acometida por la Ley 9/2017 afecta de lleno a la Ley de Haciendas Locales. Y como en el fondo lo que se ventila es nada menos que el concepto de tributo, también se ven afectadas la propia Ley General Tributaria y la Ley de Tasas y Precios Públicos. La cuestión resulta extraordinariamente controvertida, a la vista de la copiosísima litigiosidad especialmente en relación con las contraprestaciones devengadas por el servicio público local de suministro domiciliario de agua. Sin duda la controversia tiene en parte origen en los vaivenes del legislador y ello tiene necesariamente reflejo en una jurisprudencia igualmente azarosa.

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Las dimensiones del poder urbano

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En los últimos años, la cuestión urbana ha irrumpido con fuerza en el ámbito político. Los números hablan por sí mismos: más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. En el caso de Europa, las ciudades concentran casi el 70% de la población, el 70% de los puestos de trabajos y servicios, generan el 85% del PIB de la Unión Europea y también la mayor parte de las externalidades negativas asociadas a los procesos de urbanización y desarrollo económico. Dicho de otro modo, las ciudades se han convertido en lugares estratégicos a la hora afrontar los retos (sociales, económicos, ambientales, territoriales y de gobernanza) del desarrollo sostenible.

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La contratación laboral en las Administraciones Públicas tras la STC 122/2018

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Recientemente el Tribunal Constitucional ha declarado, en su sentencia 122/2018, la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicionales vigésima sexta, apartado primero a) y b); y trigésima cuarta, apartado segundo, en el inciso “ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva”, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

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