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El margen competencial de las entidades locales en el ámbito del empleo

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Suele decirse que el principal potencial de las Administraciones Locales es que son la administración más próxima a los ciudadanos. Este rasgo es especialmente importante respecto de aquellas cuestiones o problemas que más preocupan a la ciudadanía. Entre estos, ocupa un lugar preponderante, sin lugar a dudas, el paro.

De acuerdo con el barómetro del CIS del mes de diciembre, el desempleo sigue siendo la principal preocupación para el 59,2% de los españoles, a gran distancia de las dos siguiente, la clase política (29,8%) y la corrupción (24,7%). Ésta es la lógica consecuencia de una crisis económica, la Gran Recesión, cuyos efectos se han dejado sentir especialmente en el mercado de trabajo y, con tal magnitud, que varios años después del inicio de la recuperación el desempleo sigue siendo uno de los principales retos de la sociedad española. Al margen de lo coyuntural, lo cierto es que las políticas de empleo se han situado como una materia principal para buena parte de los países de nuestro entorno.

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¿Se debe aplicar el artículo 86 LRJSP a los medios propios locales?

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El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece los requisitos que deben reunir los medios propios. Estos requisitos rigen sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios en el ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tal y como señala expresamente el artículo 32.1 LCSP. Por su parte, la D.F. 4.3 LCSP establece que, en lo no previsto en la Ley para los encargos a medios propios personificados, se aplicará lo dispuesto por la LRJSP. Estas referencias a la LRJSP en la regulación que establece la LCSP sobre los medios propios plantean la pregunta sobre la oportunidad de aplicar esta norma a la actividad de los medios propios en el ámbito local. Veamos cómo puede resolverse esta cuestión.

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Sobre tarifas y tributos: a vueltas con las contraprestaciones por el servicio público local de suministro domiciliario de agua

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Es difícil aventurar el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional que se habrá de dictar sobre los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que han intentado delimitar el respectivo campo de aplicación de las tasas y el de las tarifas dentro de la categoría más general de las prestaciones patrimoniales de carácter público, a las que se refiere el artículo 31.3 de la Constitución para someterlas al principio de reserva de ley con fundamento en su carácter coactivo.

La reforma acometida por la Ley 9/2017 afecta de lleno a la Ley de Haciendas Locales. Y como en el fondo lo que se ventila es nada menos que el concepto de tributo, también se ven afectadas la propia Ley General Tributaria y la Ley de Tasas y Precios Públicos. La cuestión resulta extraordinariamente controvertida, a la vista de la copiosísima litigiosidad especialmente en relación con las contraprestaciones devengadas por el servicio público local de suministro domiciliario de agua. Sin duda la controversia tiene en parte origen en los vaivenes del legislador y ello tiene necesariamente reflejo en una jurisprudencia igualmente azarosa.

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Las dimensiones del poder urbano

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En los últimos años, la cuestión urbana ha irrumpido con fuerza en el ámbito político. Los números hablan por sí mismos: más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. En el caso de Europa, las ciudades concentran casi el 70% de la población, el 70% de los puestos de trabajos y servicios, generan el 85% del PIB de la Unión Europea y también la mayor parte de las externalidades negativas asociadas a los procesos de urbanización y desarrollo económico. Dicho de otro modo, las ciudades se han convertido en lugares estratégicos a la hora afrontar los retos (sociales, económicos, ambientales, territoriales y de gobernanza) del desarrollo sostenible.

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La contratación laboral en las Administraciones Públicas tras la STC 122/2018

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Recientemente el Tribunal Constitucional ha declarado, en su sentencia 122/2018, la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicionales vigésima sexta, apartado primero a) y b); y trigésima cuarta, apartado segundo, en el inciso “ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva”, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

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Los contratos de prestación de servicios a las personas en la Ley 9/2017 de contratos del Sector público

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Los Estados miembros de la UE son libres (siempre que se respete los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre circulación) para organizar la prestación de servicios, como servicios de interés económico general, como servicios no económicos de interés general, o como una combinación de ambos, así como para decidir los medios más adecuados para la prestación de estos servicios (gestionarlos directamente o externalizarlos, mediante la encomienda a terceros). Esto permite afirmar la actual “indiferencia” del Derecho de la Unión Europea frente a la elección por los Estados miembros de la forma de gestión de los servicios públicos, lo que supone que la autonomía de las autoridades nacionales (estatales, autonómicas o locales, en nuestro caso) en la determinación de las modalidades de prestación de los servicios, se ha ampliado significativamente desde el punto de vista de la Unión Europea, siempre que no existan normas europeas de armonización en materia del mercado interior (en interpretación de la excepción prevista en el art. 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y conforme al principio de neutralidad respecto al derecho de propiedad en los Estados miembros (art. 345 TFUE).

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Residencias para mayores gestionadas indirectamente: ¿responsabilidad administrativa o civil?

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Los días 18 y 19 de octubre se celebró en el Ayuntamiento de Madrid el seminario “Público y privado en la atención social a los mayores” organizado por el IDL-UAM, la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid y los miembros del proyecto de investigación de la UAM “Aging Cities” (DER2016-75987-R). Uno de los temas tratados en el seminario fue qué régimen de responsabilidad debe aplicarse a los privados colaboradores de la Administración que gestionan residencias de mayores, cuando la colaboración se articula a través de un contrato público.

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ICIO y caducidad de la licencia

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Por Auto de 11 de julio de 2018, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso 1869/2018 presentado por el Ayuntamiento de Recas (Toledo) por presentar interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en relación con la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

La cuestión que se plantea trata de determinar si, en aquellos supuestos en los que la obra no llega a realizarse por desistimiento del solicitante, el cómputo del dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de los ingresos realizados con motivo de la liquidación provisional a cuenta debe considerar el mero transcurso del plazo otorgado en la licencia para la realización de las obras, o si, por el contrario, se precisa un acto formal que declare la caducidad de la misma por parte del Ayuntamiento.

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La LRSAL no ha modificado el sistema de fuentes de los funcionarios locales

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La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), en contra de lo que se mantiene frecuentemente, no ha modificado en absoluto el sistema de fuentes de los funcionarios locales al redactar el artículo 92.1 de la LBRL, que actualmente dice:

“Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución”.

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¿Re-municipalizar servicios? La opinión de los alcaldes

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Desde hace algunos años se oye hablar de un cierto agotamiento del modelo de la “Nueva Gestión Pública” como paradigma inspirador para la provisión de servicios públicos. Este modelo, surgido en los años ochenta en los países anglosajones y extendido después por todo el mundo, proponía una agenda de reformas fundada en la importación de técnicas propias de la gestión privada a la gestión pública a fin de modernizar la administración y mejorar la eficiencia y eficacia de su funcionamiento. La externalización – o provisión de servicios públicos por agentes privados- fue una de sus más populares recetas, pero incluía otras como los contratos programa, los incentivos al rendimiento, el estilo gerencial de liderazgo o las evaluaciones sistemáticas de servicios.

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