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Elecciones Municipales

40 años de ayuntamientos democráticos: es hora de desmontar los incentivos para la corrupción

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Analistas políticos no sólo españoles sino del mundo entero comparten la opinión de que los problemas de corrupción son mucho más frecuentes en el nivel local de gobierno que en otros niveles como el regional o el nacional. Hay diversas razones o hipótesis que apoyan sólidamente esta opinión. Las redes de corrupción tendrían una mayor capacidad de penetración en las estructuras del gobierno local debido a factores tales como la mayor debilidad organizativa de la administración local (con empleados públicos que tienen un mayor grado de dependencia laboral respecto de las autoridades políticas y unos niveles de formación y profesionalidad menores que en otros ámbitos de gobierno, así como un tamaño de la organización mucho menor ) o la pre-existencia de redes clientelares tradicionales en las que se ha basado históricamente la estructura del poder local y que se convierten en canales privilegiados para el acceso de las tramas corruptas.

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La no política metropolitana en España

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España es un país con un alto grado de urbanización, pero concentrado en un territorio muy pequeño: las zonas urbanas densamente pobladas en la costa y en Madrid contrastan con un patrón de desarrollo de menor densidad en las zonas centrales del país. Hay doce ciudades con más de 300.000 habitantes, mientras que más del 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. A pesar de la evidencia del proceso de metropolitanización, el sistema político español no ha respondido a este fenómeno (Alba y Navarro, 2005).

En primer lugar, no hay una definición institucional de las áreas metropolitanas, a diferencia de países federales como Estados Unidos o Canadá donde el censo incluye una categoría estadística de ámbito metropolitano. El Instituto Nacional de Estadística no lo contempla: no sabemos cuántas áreas metropolitanas hay en España, o a través de qué criterios se definen. En este sentido, hay algunas iniciativas para delimitar las áreas metropolitanas a partir de la variable residencia-trabajo (ver Feria, 2018) y teniendo en cuenta la población, vivienda y territorio, como el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento.

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Diputaciones

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Desde su nacimiento con la Constitución de Cádiz de 1812 y el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, impulsado por Francisco Javier de Burgos y del Olmo —que dividió, con carácter provisional, el territorio nacional en 49 provincias o circunscripciones administrativas, posteriormente, en 1927, se convirtieron en 50, al dividirse Canarias en las dos provincias actuales; número que mantiene el artículo 25 TRRL, para facilitar la gestión de los asuntos públicos—, la provincia ha desempeñado distintas funciones, ha participado en la gestión de los asuntos públicos y en la prestación de los servicios,  ha adquirido un importante arraigo en nuestra sociedad pero nunca se le ha perdonado, mas bien se le acusa siempre, de haber sido la pieza fundamental de la organización territorial de un Estado unitario, centralizado y uniforme. De ahí que en el debate sobre la institución provincial aparezca, casi siempre, la cuestión de la estructura política del Estado.

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Evolución y cambios de los municipios españoles (1979-2019)

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Juan Ignacio Plaza Gutiérrez

El mapa municipal español ha crecido muy poco en los 40 años que median entre las primeras elecciones municipales de la etapa democrática tras la Dictadura y hoy; de 8.108 municipios de entonces se ha pasado a los 8.125 actuales, únicamente un 0,2%, aunque también es verdad que a mediados del siglo XX la planta municipal sobrepasaba por muy poco las 9.200 unidades que lo conformaban. Con todo, y tal y como se recoge en un reciente artículo publicado por el profesor Abel Albet, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España junto con Francia han sido los dos países europeos donde menor reducción de la planta municipal se ha producido desde mediados del pasado siglo hasta la actualidad. En términos de población, hoy el 61% de todos los municipios de España son inferiores a 1.000 habitantes y reúnen tan solo poco más de un 3% de toda la población del país. Frente a ellos, los de 10.000 a 100.000 habitantes (8,5% del total) y los de más de 100.000 (un 0,75%) concentran el 80% de toda la población española (el 40% cada uno de ellos). Los datos que proporciona el Informe elaborado en 2016 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reflejan muy significativamente el punto al que se ha llegado hoy en la evolución demográfica municipal en España de los últimos años. Según esta fuente, el 50% de los municipios está en riesgo más o menos severo de extinción a medio o largo plazo, enfrentándose a una realidad con tres frentes: la crisis demográfica en que está inserta España (y una parte de Europa también), la situación cada vez más crítica de las provincias más azotadas por la despoblación desde hace décadas y la situación tan preocupante de las áreas rurales. Y en este mismo informe se subraya, al mismo tiempo, el marcado “minifundismo demográfico” de los municipios españoles, donde en 14 provincias (de ambas Castillas y Aragón) más del 80% de todos sus municipios no pasan de 1.000 habitantes, lo que se refuerza con el hecho de que, además, en España entre el año 2000 y el 2016 creció un 38% el número de municipios de menos de 100 habitantes.

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La evolución del empleo público local en los últimos 40 años

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Más de 665.000 personas prestan sus servicios en la Administración local según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre del 2019. Personas con diferente vínculo y relación jurídica que hacen posible la materialización de las políticas y el cumplimiento de los fines de las Entidades locales. Este colectivo ha experimentado una gran evolución y transformación en los últimos 40 años.

Evolución de la estructura del empleo público local

Según la EPA y tal como muestra la figura 1, el empleo público local presentó su nivel histórico más elevado en 2011, alcanzando casi 672.000 personas prestando servicios para la Administración local. Después de la reducción producida por la crisis económica y presupuestaria de los últimos años, en el año 2019 se ha recuperado casi la totalidad de puestos. Desde el año 1987 hasta la actualidad se ha duplicado el número de personas que prestan servicios en la Administración local.

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Servicios y políticas locales. Externalización y reinternalización: un camino de ida y vuelta.

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Un repaso a los últimos 40 años permite advertir cómo la gestión de los servicios públicos, en general y los locales, en particular, han pasado de las manos de los particulares, al sector público, volviendo después, otra vez, a las manos de los particulares. Esto es, en este ámbito, como ha dicho Hellmutt Wollmann, asistimos a una lógica pendular, que oscila desde la transferencia del servicio público a un proveedor externo, del sector privado (por outsourcing, contratación), a favorecer el proceso inverso: el “retorno” a la gestión pública, tanto en el caso de que la “propiedad” vuelva a ser pública como en el caso de que la gestión vuelva a las manos del sector público, mediante un proceso igual y opuesto al de outsourcing, llamado insourcing (reinternalización).

Durante bastante tiempo (con especial intensidad a partir de años ochenta del siglo pasado, hasta ya iniciado el presente) se fueron ampliando los servicios públicos y se impuso su gestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, imponiéndose la lógica conforme a la cual las Administraciones Públicas debían actuar como responsables de la garantía de la prestación de los servicios públicos en condiciones de calidad, igualdad y continuidad, pero descargándose de las tareas de prestación de tales servicios, que deberían ser encomendados a sujetos privados, que estarían en mejores condiciones de llevarlos a cabo. Desde hace ya unos años, sobre todo coincidiendo con la crisis económica que comenzó en torno a 2008, el péndulo parece haber vuelto a oscilar. La organización, o mejor, la reorganización y racionalización de todo el sector público han ocupado una posición central en el debate social, político y jurídico tanto español, como en países de nuestro entorno, así como entre las medidas a adoptar para recortar el gasto público.

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Los Gobiernos locales: del municipio constitucional a la ciudad global.

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1. La evolución del marcogeneral.

El art. 140 CE identifica a los municipios con dos cualidades esenciales: la garantía de su autonomía y su organización directamente democrática. Además, el municipio, como las demás entidades locales, se inscribe en el conjunto de la organización territorial del Estado (art. 137 CE), lo que plantea su relación con las CCAA; En fin, la reforma del art. 135 CE al incorporar el principio de estabilidad presupuestaria, ha completado el cuadro con los criterios de eficacia y eficiencia.

Sobre el cuadro normativo básico de la LBRL de 1985, han incidido sucesivamente el denominado “Pacto local“ para mejorar la gobernabilidad (1999), la “modernización” para incorporar el régimen diferenciado para las grandes ciudades (2003),la “simplificación” para eliminar trabas al ejercicio de actividades privadas (2009)  y la “racionalización y sostenibilidad” en el contexto de la crisis económica (2013). Completa el marco normativo básico la LOREG y la legislación de haciendas locales. Además, la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL) ratificada por España en 1988 incorpora un refuerzo de los principios de autonomía y democracia local.

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Las elecciones a las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.

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El 26 de mayo de 2019 se celebrarán las elecciones municipales y europeas, así como las de algunas Comunidades Autónomas, pero también las elecciones forales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.  La elección directa de los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos es una de las principales características de la autonomía vasca y justifica su destacado protagonismo institucional en un sistema complejo de pesos y contrapesos dentro de una estructura interna bastante original.

Efectivamente los Territorios Históricos difieren sustancialmente de las provincias de régimen común al ostentar una potenciada potestad de auto organización, aplicar el sistema de concierto económico tanto en normativa, como en desarrollo y ejecución, y ejercer una serie de importantes competencias exclusivas frente a las Instituciones Comunes, comunes a los Territorios Históricos, es decir, frente al Gobierno y Parlamento Vascos, pero también tienen un sistema electoral directo, a diferencia de las provincias de régimen común, que, como es sabido, disponen de un sistema electoral indirecto, o de segundo grado, lo que originó la reserva en este punto concreto de la Carta Europea de Autonomía Local de 1985 por el Estado Español en su ratificación efectuada en 1988.

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Evolución del modelo de financiación local

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La mayoría de los trabajos dedicados al estudio de la financiación local se refieren a la misma como “un mal endémico”, como si existiera un problema cualitativo y cuantitativo que el legislador no hubiera sido capaz de resolver. En nuestra opinión, esa crítica podría estar justificada hace treinta o cuarenta años, pero los cambios producidos en los últimos años permiten dudar de la veracidad de esta afirmación en el momento actual, sin perjuicio de que existan algunos problemas puntuales que justificarían alguna modificación legislativa.

Como es sabido, la Constitución española de 1978 reconoció expresamente los principios de autonomía local y suficiencia financiera en sus artículos 137 y 142, que han condicionado todas las reformas legales producidas desde 1978 orientadas a establecer el modelo de financiación de las entidades locales.

La primera ley que sentó las bases de un nuevo modelo de financiación local inspirado en dichos principios fue la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que reguló las líneas generales del nuevo modelo de hacienda Local.

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Cuarenta años de democracia local: un breve análisis de resultados

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Francisco Velasco y Carmen Navarro

 

El sistema electoral local es, en su configuración jurídica, relativamente estable desde 1985.  A partir de este sistema normativo relativamente estable se pueden identificar y valorar los rendimientoso resultados políticos reales del sistema electoral. De forma gráfica, la evolución del voto a los distintos partidos ha sido la siguiente:

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