Observatorio de Elecciones Municipales 2015

¿Cómo mejorar la calidad democrática de nuestros procesos electorales? (Ignacio Molina) y ¿Qué hay de nuevo en las listas electorales? (Patricia Correa)

¿Cómo mejorar la calidad democrática de nuestros procesos electorales?

Ignacio Molina

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UAM

Logo Elecciones Locales 2015En vísperas de que acudamos a votar la composición de los ayuntamientos para los próximos cuatro años, merece la pena hacer una reflexión sobre la calidad democrática de los procesos electorales que tienen lugar en España y de qué modo podría, en su caso, mejorarse.

Una primera aproximación formal resulta tranquilizadora pues los índices internacionales al uso puntúan bastante alto la regulación española relativa al sufragio pasivo (los requisitos para registrar partidos y presentar candidaturas no resultan discriminatorios) y al sufragio activo (todos los ciudadanos adultos pueden participar y no existen desincentivos para ejercer el derecho al voto) [1] . Si ahondamos un poco más, e incluimos en el análisis una segunda categoría de elementos no tan procedimentales (como el acceso efectivo a los medios de comunicación durante las campañas o los sesgos producidos por el sistema de financiación de partidos) ya son menos los motivos para estar satisfechos. No obstante, en esos aspectos existe al menos un debate político y periodístico por las quejas de los candidatos que se sienten perjudicados y, por tanto, alguna conciencia de la problemática existente.

Este post, sin embargo, quiere llamar la atención acerca de una tercera dimensión, algo más sofisticada y sobre la que casi nadie ha reparado en España: hasta qué punto los votantes son considerados ciudadanos inteligentes a quienes los partidos no pueden seguir tratando impunemente como menores de edad. Así dicho, parece una declaración ingenua de intenciones, pero algunas de las democracias más avanzadas han acertado en los últimos años a institucionalizar los mecanismos para intentar que las candidaturas se tomen más en serio las campañas. O, si se prefiere, para que no sean tanto los partidos, sino los mismos ciudadanos los que tengan protegida su posición antes de unas elecciones. Aunque hay probablemente más, los mecanismos más citados por los estudiosos para conseguirlo son básicamente dos: someter a todos los candidatos a debates organizados de forma independiente y auditar el rigor de los programas.

En efecto, en España son los propios partidos políticos quienes controlan completamente la celebración (o no) de debates electorales y, en caso de que éstos decidan hacerlos, imponen sus condiciones. Los periodistas, y sobre todo los electores, quedan desamparados frente a un formato que puede no ser neutral o llevar a que no se traten cuestiones incómodas para los candidatos pero importantes para estar bien informados antes de votar. Las posibilidades de avanzar aquí son evidentes e, independientemente de que pueda hacerse por medio de reformas legislativas o a través de una autorregulación efectiva, la sociedad española ha de exigir que los candidatos no puedan negarse a participar en debates serios y exigentes. Además, no serían los partidos, sino periodistas y expertos en el terreno de las políticas públicas (bajo el control de la junta electoral) quienes deberían organizar dichos debates [2].

En relación con el segundo mecanismo para mejorar la posición de los ciudadanos antes de acudir a las urnas –por medio de una evaluación rigurosa de las propuestas que ofrecen los distintos partidos-, es de justicia mencionar una iniciativa de la Fundación “Transforma España” que acaba de proponer un Decálogo del buen programa electoral [3] . Según ese ejercicio, pensado para las elecciones del próximo 24 de mayo, aunque aplicable de forma general a cualquier votación, el derecho al voto requiere la posibilidad de haber realizado antes una ponderación informada de las alternativas disponibles.

Los partidos pueden intentar engañarnos con promesas electorales excesivamente genéricas, inverificables, realizadas sin ningún tipo de estudio previo o incluso imposibles de llevar a cabo pero, al menos, deberíamos tener los medios para desenmascarar ese tipo de prácticas. Por supuesto, no se trata de condicionar el componente ideológico sustantivo de cada programa, sino de juzgar su concreción y factibilidad a través de un juicio independiente. En concreto, el Decálogo propuesto es el siguiente:

1. Explicar de manera clara, concisa y sencilla la visión ideológica y las prioridades en los diferentes ámbitos de gobierno.
2. Concretar las medidas propuestas con información suficiente para valorar la adecuación, viabilidad y credibilidad de las mismas.
3. Contener la cuantificación económica de las principales medidas electorales que impliquen gasto y explicar el cuadro de financiación para su ejecución.
4. Identificar y explicar las principales reformas constitucionales y legales necesarias para implementar esas medidas.
5. Incorporar los principios de conducta ética y las medidas contra la corrupción que se proponen aplicar a sus cargos públicos, identificándose los mecanismos para garantizar su cumplimiento.
6. Explicar las propuestas sobre la organización institucional, y de la estructura y gestión administrativa, así como la estrategia de selección de los cargos públicos.
7. Contemplar la política de rendición de cuentas a la ciudadanía, estableciendo los procesos para la evaluación de su cumplimiento, y la explicación de las modificaciones.
8. Abrir la elaboración del programa a la participación de la sociedad y al asesoramiento de expertos reconocidos e independientes.
9. Contemplar diferentes formatos y canales para hacer el programa accesible y comprensible a los diferentes colectivos de la sociedad.
10. Difundirlo facilitando el contraste entre las propuestas de los diferentes partidos y evitando argumentos y discursos demagógicos.

Lo interesante es que, bien sea de acuerdo con este Decálogo o tal vez con otro tipo de medidas más o menos similares, sí que resulta posible medir la calidad de los programas. De hecho, ya se hace en varios países; por ejemplo, Países Bajos, EEUU, Canadá o Australia, al tiempo que se debate vivamente sobre ello en otros como el Reino Unido. La casuística es variada pero todos los referentes existentes coinciden en otorgar a una autoridad independiente la capacidad de realizar un doble trabajo de auditoría: antes de las elecciones, sería una especie de control previo sobre la elaboración y el contenido de los programas y, posteriormente, una evaluación de su cumplimiento. Una autoridad que en unos casos es pública y en otros se ha creado a iniciativa de la sociedad civil (a la que los partidos se someten de manera voluntaria aunque con la sanción social del descrédito si no lo hicieran). Y que, desde luego, no sólo juzga a los partidos de gobierno sino también a los de la oposición, a quienes se puede controlar siguiendo sus enmiendas, pactos o posicionamientos a lo largo de la legislatura.

Como subraya la Fundación Transforma España, los programas electorales explicitan el proyecto político y los compromisos futuros de gobierno, de forma que deberían constituir el fundamento en el que se basase el voto (aunque hoy en día, la confianza de la ciudadanía responde más bien a una desdibujada simpatía hacia unas siglas o un líder). Mejorar la confección los programas electorales a partir de unos requisitos mínimos y someter los mismos a debates y a control externo a partir de instancias independientes puede pues afirmarse como una vía de gran potencial para avanzar en la calidad de nuestra democracia. Y, considerando lo que nos jugamos el domingo que viene, fortalecer la confianza ciudadana en nuestros ayuntamientos.

Notas:

[1] Por ejemplo, en la edición 2014 del Índice de Calidad de la Democracia del SGI (Sustainable Governance Indicators) realizado por la Fundación Bertelsmann, España alcanza un 10 en sufragio activo y 9 en sufragio pasivo: www.sgi-network.org/2014/Democracy/Quality_of_Democracy/Electoral_Processes

[2] Léase, en este sentido, a Joan Navarro “Las campañas se nos quedan viejas”, EL PAÍS, 15 de mayo de 2015: http://politica.elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/1431631360_400453.html

[3] http://ftransformaespana.es/las-publicaciones/decalogo-de-un-programa-electoral

 

¿Qué hay de nuevo en las listas electorales?

Patricia Correa

Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora del GREP “Elites y Partidos Políticos”

Logo Elecciones Locales 2015En los últimos tiempos se ha abierto un nuevo debate en la opinión pública sobre las características y motivaciones de la elite política. Preguntas sobre la cantidad de mujeres en las listas electorales, la presencia de imputados en causas de corrupción o incluso sobre la situación económica personal de los cargos públicos, aparecen habitualmente en la prensa durante el momento de elaboración de las candidaturas electorales para las diferentes convocatorias, no siendo las municipales de 2015 una excepción. Los nuevos partidos surgidos en este contexto han sabido dar respuesta a estas demandas y han hecho de ellas parte de su ideario, pues no admiten imputados en sus listas y tratan de dar más visibilidad a sus candidatas posicionándolas en los primeros puestos de salida. Los partidos tradicionales todavía están a medio camino en estos aspectos, tienen también más candidatas encabezando las listas pero no han tomado medidas estatutarias sobre la presencia de imputados en las listas.

Tras la incorporación del criterio de paridad electoral en la LOREG, los partidos han modificado sus criterios de selección incluyendo, algunos de ellos, el cumplimiento de estos criterios e incluso algunos reforzando todavía más la presencia de mujeres, pero no solamente los han modificado en la práctica, sino que han institucionalizado esta pauta incorporándola como requisito en sus estatutos. Así pues, la intensidad varía desde la simple alusión al cumplimiento de la norma, en partidos como ERC, PSOE, PNV, BNG; la inclusión de criterios que garanticen el equilibrio entre hombres y mujeres en partidos como IU, Compromís, CC y Podemos o la total omisión en partidos como PP, C’s, CDC, UDC, UPyD y UPN. Ahora las preguntas giran en torno a cuántas candidatas encabezan las candidaturas, mirándose no solo a su presencia siguiendo la ley de paridad sino a sus posibilidades de conseguir el escaño al posicionarlas como primeras en las listas electorales. Entre las 51 capitales de provincia más Ceuta y Melilla, ninguno de los partidos supera a las 16 candidatas encabezando candidaturas. En el gráfico 1 observamos como, de entre los partidos de ámbito estatal, Podemos es el que mayor porcentaje presenta, seguido de cerca por el PP y C’s, curiosamente dos de los partidos que no hacen alusión alguna a la paridad en sus estatutos. Destaca también el hecho de que otras formaciones que incorporan la paridad o la garantía de equilibrio entre hombres y mujeres en las listas, como el caso de Compromís y CC, no presenten a ninguna mujer encabezando candidaturas. Parece ser que aquellos que parecen promover mayor equilibro, pese a que posiblemente lo logren, siguen incluyendo a más hombres en el primer puesto.

Gráfico 1 Presencia de mujeres encabezando las candidaturas en las capitales de provincia en elecciones municipales de 2015

Gráfico Patricia Correa

Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de datos de las candidaturas provinciales de la Junta Electoral Central.

Nota: Los porcentajes se han calculado sobre el total de provincias españolas para los Partidos de Ámbito Estatal y sobre el total de provincias de la región a la que pertenecen en el caso de los Partidos de Ámbito no Estatal. Podemos se presenta bajo diferentes nombres (Ganemos, Ahora, Som, etc.) y en coalición con IU y otros partidos en varias regiones.

Otra cuestión que está al orden del día en los medios de comunicación es la inclusión o no de personas imputadas por causas de corrupción. Aquí sí hay un cambio sustancial en los estatutos de los partidos tradicionales y los nuevos partidos. Tanto en los estatutos de UPyD, como C’s y Podemos se especifica que todo individuo imputado o acusado por casos de corrupción no formará parte de ninguna candidatura electoral del partido. El resto de partidos no mencionan en sus estatutos ninguna restricción al respecto en las candidaturas, algunos de ellos sí establecen la expulsión del partido: PSOE, PP, IU, EAJ-PNV, CDC y UDC. Observamos como los partidos tradicionales que han sufrido en sus filas casos de corrupción, sean de ámbito estatal o no, han establecido medidas para resolver dichas situaciones. En cambio, aquellos partidos que no se han visto afectados atribuyen la expulsión de la afiliación muchas veces a cuestiones que pueden afectar a la imagen del partido o vayan en contra de su ideario o código ético, pero sin especificar que sea por haberse cometido un delito asociado a la corrupción. Pese a que muchos partidos han decidido no incluir candidatos acusados de corrupción en sus listas electorales para estas municipales, y así lo han hecho saber en los medios de comunicación, todavía no se ha incorporado estatutariamente una solución a estos problemas en la mayoría. Solamente los nuevos partidos surgidos durante la crisis política y económica han tomado medidas firmes al respecto, haciendo de este tema uno de sus leitmotiv.

Estos dos aspectos reflejan una clara separación entre los nuevos partidos y los tradicionales. Los nuevos partidos pueden considerarse un desafío para los partidos tradicionales que han visto cuestionadas tanto sus decisiones políticas como orgánicas. Prueba de ello son los resultados de las elecciones europeas de 2014 y andaluzas de 2015. Muchos de los partidos celebraron sus congresos a finales de 2011 o durante 2012 (PSOE, PP, IU, PNV, CDC, ERC,CC, Compromís), otros en 2013 (UPyD, UDC, BNG, UPN) y algunos en 2014 (C’s, Podemos). Es esperable, pues, que en los futuros congresos se observen cambios en los partidos tradicionales hacia posiciones más cercanas a las de los nuevos partidos, no solamente en la práctica o posicionamiento, sino también en sus regulaciones internas. El debate se ha modificado, la profesionalización ya no es el único requisito, ahora la ciudadanía exige otros criterios para aprobar la decisión de los partidos sobre sus candidaturas. Esto, combinado con la pérdida de apoyo electoral, que acostumbra a ser uno de los motivos de crisis interna en un partido, hacen más plausibles los cambios orgánicos en esta dirección.

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