Blog

EL CONCEPTO DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE CAUSAS ECONÓMICAS JUSTIFICATIVAS DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El concepto de insuficiencia presupuestaria para determinar la existencia de causas económicas justificativas de los despidos colectivos en las Administraciones Públicas

María de Sande Pérez-Bedmar

Universidad Autónoma de Madrid

El Tribunal Supremo ha anulado, en su Sentencia de 19 de mayo de 2015, parte del artículo 35.3 del Reglamento que regula los despidos colectivos en el sector público, por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo.

La Disposición Adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores, introducida por la reforma laboral de 2012, es la previsión legal al amparo de la cual se pueden efectuar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio del sector público. Esta norma legal contiene una definición específica de causa económica justificativa de los despidos en las Administraciones Públicas: se entenderá que concurren causas económicas en las Administraciones Públicas (ex art. 3.2 LCSP) cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

El desarrollo reglamentario de la norma se produjo mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Este contiene una regulación detallada del concepto de insuficiencia presupuestaria a fin de entender cuándo concurren causas económicas en las Administraciones Públicas. Para determinar la existencia de causas económicas, y sólo para las Administraciones Públicas en sentido estricto, el art. 35.3 del reglamento establece una regulación más detallada. Así, se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria por la concurrencia de las siguientes circunstancias:

– Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario;
– y que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios anteriores.

Y acaba con una última y muy importante precisión en el art. 35.3 in fine, y es que, a estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.
Para el sector público administrativo, la Ley, como vemos, no se refiere a pérdidas actuales o previstas, sino a insuficiencia presupuestaria; la cuestión estriba en determinar cómo se interpreta dicha insuficiencia, bien porque se produce un incremento en los gastos o porque se da una disminución de los ingresos. Ambas posibilidades provocan desajustes y los mecanismos extintivos irían encaminados a permitir la recuperación de la estabilidad presupuestaria.

El art. 35.3 del Reglamento ha pretendido especificar la causa económica, objetivándola o tratando de introducir un elemento o criterio más objetivo para entender que se está dando una situación de insuficiencia presupuestaria. Al definirse en el art. 35.3 la insuficiencia presupuestaria, se incluye, tanto el déficit presupuestario, como la minoración de los créditos (5% o 7%); es esta última previsión la que planteaba dudas por no ajustarse exactamente a lo previsto por la Ley.
La cuestión estriba en determinar si una situación de déficit es asimilable, sin más, a una insuficiencia presupuestaria, teniendo en cuenta que ésta no se exige en general sino en términos muy concretos, en relación a la insuficiencia para mantener el servicio público.

Pues bien, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del Reglamento de 2012, por considerar contraria a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado. Para el Tribunal, los dos criterios que se introducen en el artículo 35.3 del Reglamento para determinar si hay insuficiencia presupuestaria (el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores) pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados. Pero, “lo que la norma legal de referencia -esto es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores- configura como causa justificativa del despido colectiva no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la ‘insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente’”.

Para el Tribunal Supremo, “esta importante adjetivación está literalmente ausente en el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella”.

“Más aún –añade la sentencia–, este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal”.

Más allá, de los reproches de ilegalidad que puedan hacerse a la regulación contenida en el art. 36 del Reglamento, la propia previsión legal suscitaba desde el principio dudas interpretativas. Si la insuficiencia presupuestaria se entendía en el momento de la confección del presupuesto (eliminando la provisión de una determinada partida), la pregunta que surgía era si la mera decisión del órgano es suficiente para determinar la existencia de causa, o si, más bien, habría que entender que la causa económica opera en el momento de la ejecución del presupuesto. Ahora, a la luz de la STS (Sala III), reúne mayor sentido apuntar esta crítica a la posibilidad de que sea la voluntad del órgano administrativo competente la determinante de la concurrencia de la insuficiencia presupuestaria: si en la ley se prevé la insuficiencia presupuestaria sobrevenida, no cabe entender incluida la que estaba inicialmente prevista al confeccionar el presupuesto.

Deja un comentario

*