Diego Marín-Barnuevo Fabo

El IIVTNU resulta inexigible en Madrid (Diego Marín-Barnuevo)

El IIVTNU resulta inexigible en Madrid

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Como es sabido, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunos preceptos del IIVTNU, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Ese fallo ha sido criticado por un amplio sector de la doctrina porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no prevé ese tipo de decisiones y, sobre todo, porque lejos de resolver el problema, genera más inseguridad jurídica de la existente antes de su pronunciamiento.

Han pasado más de cinco meses desde la declaración de inconstitucionalidad y el problema sigue sin solución, porque el Gobierno no ha impulsado la reforma legal necesaria para modificar la regulación del IIVTNU y concretar los supuestos en que “existe incremento de valor”. Ello está ocasionando enormes problemas a los Ayuntamientos y a los contribuyentes, que no saben bien cuál es la legalidad vigente y, en consecuencia, no saben bien cómo actuar.

Ante esa laguna legal evidente, el TSJ de Madrid decidió en una conocida sentencia de 19 de julio de 2017 (a la que han seguido más de 30 sentencias de igual contenido) que, ante la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLRHL, procedía anular todas las liquidaciones en las que dichos preceptos resultan de aplicación. Los argumentos utilizados son los siguientes:

  1. El TC ha afirmado que “no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento”. Por tanto, los órganos jurisdiccionales no pueden seguir interpretando las normas de forma que permita considerar no realizado el hecho imponible, como hacían antes de la declaración de inconstitucionalidad.
  2. El TC ha afirmado que “la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador”, lo que cierra la posibilidad de que los jueces utilicen criterios subjetivos para determinar en cada caso concreto si existió o no incremento de valor.
  3. A partir de esas premisas, concluye el TSJ que “la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”.

La argumentación del Tribunal parece jurídicamente impecable y, además, creemos que fortalece la eficacia de una declaración de inconstitucionalidad que, por su extraña formulación, había quedado suspendida o condicionada a la espera de una decisión del legislador que no termina de producirse.

Es cierto que la decisión deja especialmente desprotegidos a los Ayuntamientos, que, sin capacidad de modificar la normativa aplicable, sufren las consecuencias de la desidia del Gobierno y de la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional. Para paliar ese daño, además de la interposición de recurso de casación contra las sentencias citadas, sería comprensible que los ayuntamientos intentaran suspender la tramitación de procedimientos de revisión para evitar la intervención judicial en dichos conflictos. Y, también, parece lógico que en algún momento se plantearan la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial al Estado legislador, por ser el principal responsable de un gravísimo perjuicio económico que, sólo en el Ayuntamiento de Madrid, supone más de 500 millones de euros al año.

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