Diego Marín-Barnuevo Fabo

El IIVTNU resulta inexigible en Navarra (Diego Marín-Barnuevo)

El IIVTNU resulta inexigible en Navarra

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

 

Hace unos meses escribíamos una entrada en este blog en la que poníamos de manifiesto que el IIVTNU resulta inexigible en Madrid, basándonos en la interpretación mantenida por el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia de 19 de julio y en otras ulteriores. Ahora nos toca comentar una sentencia del TSJ de Navarra, que determina la inexigibilidad del IIVTNU en esa comunidad autónoma.

Plusvalía municipal

La sentencia de 6 de febrero de 2018, del TSJ de Navarra, dictada en un recurso de casación autonómico, ha vuelto a poner de manifiesto la paradójica situación en la que nos encontramos tras las sentencias del Tribunal Constitucional 26/2016, 37/2017, 59/2017 y 72/2017, en las que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos forales y estatales reguladores de la base imponible del IIVTNU, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

Esta nueva sentencia reitera que “entendemos que el inciso final del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional que aplicamos contiene una explicación de la causa de nulidad y fija al legislador un limite para la nueva configuración, pero no limita ni condiciona el alcance de la nulidad que se declara, que es radical (por vulneración de principios constitucionales) y “ex origine”, como explicita y delimita el apartado c) del Fundamento de Derecho 4 de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional

Y por ello concluye que la liquidación girada en aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine y ex radice, no puede ser reexaminada a la vista del resultado de prueba alguna (singularmente la pericial) para la que se carece de parámetro legal, pues, implicaría continuar haciendo lo que expresamente el TC ha rechazado en aquella Sentencia 26/2017. En el presente momento ante la inexistencia de dicho régimen legal, no es posible no solo determinar si existe o no hecho imponible, sino ni siquiera cuantificar la base imponible”.

Esta sentencia es extraordinariamente importante porque, al haber sido dictada en recurso de casación autonómico, vincula a todos los tribunales de Navarra que debían aplicar la Ley Foral 2/1995 de Navarra, en la que se regulaba el IIVTNU declarado inconstitucional por la STC 72/2017. Por tanto, todos los recursos pendientes de resolución judicial deberán resolverse conforme al criterio fijado en esta sentencia, lo que puede provocar nuevas impugnaciones por parte de contribuyentes que hubieran pagado el impuesto en los últimos años (siempre que la liquidación no fuera firme, lo que sucederá en caso de autoliquidaciones presentadas en los últimos cuatro años).

Pero, además, es importante porque reitera una interpretación judicial de las SSTC citadas que es razonable y puede inspirar el próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esta misma cuestión. Porque en estos últimos tres meses se han admitido a trámite más de sesenta recursos de casación contra sentencias dictadas por el TSJ de Madrid y otros Juzgados y Tribunales, cuya resolución es extraordinariamente importante al referirse a la vigencia o no de los preceptos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que regulan la base imponible del IIVTNU en el llamado territorio común.

En caso de que el Tribunal Supremo siguiera esta misma interpretación, los ayuntamientos se verían abocados a devolver cientos de millones de euros, cobrados en aplicación de un impuesto cuyas reglas de cuantificación han sido declaradas inconstitucionales y nulas.

Y en ese contexto, advertimos que el legislador estatal no ha sido capaz de modificar todavía la normativa declarada inconstitucional, lo que implicaría un vacío legal que impediría a los ayuntamientos liquidar e ingresar las cuotas correspondientes a un impuesto que constituye una de sus fuentes principales de sus ingresos. Recordemos que la previsión de ingresos por recaudación del IIVTNU en Madrid asciende a más de 500 millones de euros al año; y que en todo el territorio nacional se recaudan más de 2.000 millones de euros anuales.

Es cierto que el pasado 9 de marzo se publicó la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para modificar el impuesto, que prevé una aplicación retroactiva al momento de publicación de la STC 59/2017. Pero resulta difícilmente comprensible que el Gobierno no haya sido más activo en estos últimos meses para llevar a cabo la modificación legislativa exigida por el Tribunal Constitucional.

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