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El nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el ámbito local

El 22 de julio de 2016 entró en vigor la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Esta modificación de la LJCA supuso también un cambio en el régimen del recurso de casación, pues desapareció este recurso para la modificación de doctrina, así como en interés de la ley, dando lugar al nacimiento del actual recurso de casación.

Anteriormente, la mayoría de los asuntos que entraban en la casación no trataban la materia local, pues sus importes no alcanzaban la cuantía casacional. En pocas ocasiones llegaban asuntos de interés o ámbito local al Tribunal Supremo y, cuando lo hacían, eran mediante el recurso de casación en interés de la ley, tras numerosas discusiones doctrinales y resoluciones contradictorias. Pues bien, esta situación parece haber cambiado a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva casación. A continuación, se muestran los resultados del análisis de los recursos de casación admitidos a trámite en el pasado año (2018) que están relacionados con el ámbito local. Se trata de identificar algunas pautas o patrones comunes en estos recursos.

Durante el año 2018 se interpusieron un total de 1.316 recursos de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de los cuales 1.161 han sido admitidos a trámite y 155 se han desestimado. Por lo que podemos concluir que en este periodo de tiempo la Sección de Admisión ha resuelto un 88,2 % de los recursos que han sido interpuestos, en lo que se refiere a la propia admisión del recurso y no a su resolución. Llama además la atención que, atendiendo a los autos de admisión de los recursos interpuestos en el 2018, la gran mayoría de veces es directamente un Ayuntamiento quien aparece como parte recurrente ante una sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia, alegando la infracción del Derecho Estatal.

Con respecto a las materias de que tratan los recursos podemos destacar que, por orden descendente en cuanto al número de recursos que tratan dicha materia, son las siguientes: 1) tributos y administración tributaria (por lo general referido a tributos locales, sobre todo en relación con el IIVTNU); 2) Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (referidos en la mayoría de los casos a una liquidación relativa al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas). Podemos observar que la gran mayoría de recursos de casación admitidos a trámite trataban sobre Tributos y Administración Tributaria; en concreto, la materia más habitual que tratan estos recursos son los “Tributos Locales”. De 1.060 recursos de casación admitidos a trámite entre el 22 de enero de 2.018 y el 17 de diciembre del mismo año, 409 de ellos trataban materia local o guardaban interés para la administración local y, entre estos, más de 300 trataban sobre Tributos Locales.

Después, en un número mucho más reducido podemos encontrar: contratos públicos (en su gran mayoría tenían a un Ayuntamiento o Diputación Provincial como recurrente en casación); gestión de servicios públicos (en todos los supuestos que se han analizado, estábamos ante casos de gestión directa); aguas (donde en muchas ocasiones podíamos observar como es la propia AGE la que hace de parte recurrente en casación) y función pública y personal (en todos los casos analizados era parte, ya sea como recurrente, recurrido, o simplemente como interesado/implicado, una persona física).

Deben mencionarse también algunas materias que se han tratado eventualmente en los recursos de casación analizados, pero que sólo han aparecido en muy contadas ocasiones: urbanismo (en la mayoría de los casos, la parte recurrente era algún ayuntamiento); subvenciones y ayudas; sucesiones/donaciones/patrimonio (realmente las sentencias que se han analizado correspondientes al periodo de 2018, solo trataron materia de sucesiones); medio ambiente; expropiaciones forzosas y presupuestario.

Para finalizar, me parece importante señalar el papel fundamental de la jurisprudencia a la hora de resolver problemas relativos a los entes locales. En el Derecho español se considera a la jurisprudencia una fuente de derecho indirecta, debiendo estar conformada por al menos dos sentencias de los órganos judiciales del Estado, relevantes para una determinada materia dentro del derecho, que interpretan cierta norma en el mismo sentido. En nuestro ordenamiento, existe un gran número de pronunciamientos judiciales sobre el ámbito local lo que dificulta enormemente realizar una síntesis de la jurisprudencia en este ámbito. La actuación de los Entes Locales genera una gran conflictividad, debida al extenso ámbito de competencias que nuestro ordenamiento les otorga, lo que se traduce en un alto número de recursos interpuestos ante los distintos juzgados y, por ende, también un alto número de resoluciones judiciales. Es por ello, que la jurisprudencia aparece como un “instrumento ideal” para analizar y resolver estos conflictos y establecer pautas y criterios de actuación para los Entes Locales.

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