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El Tribunal Supremo permite la impugnación del valor catastral al recurrir la liquidación del IBI cuando existan circunstancias sobrevenidas

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 196/2019 (Rec. n.º 128/2016), de 19 de febrero, se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar la valoración catastral de un inmueble (no recurrida en su momento y, por tanto, firme) con ocasión de la impugnación de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que es posible dicha impugnación indirecta en determinados supuestos excepcionales (cuando existan circunstancias sobrevenidas) en los que el principio de seguridad jurídica debe ceder ante otros principios (como, por ejemplo, el de justicia tributaria). Ello con la finalidad de que la base imponible del Impuesto se ajuste a la verdadera capacidad económica puesta de manifiesto a través de la titularidad del inmueble (en los términos del art. 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

 

Como sabemos, en este ámbito, existe un reparto de competencias entre la Administración catastral -encargada del censo de inmuebles, incluida su valoración- y la Entidad local –encargada de la gestión tributaria-. No obstante, aun siendo así, no podemos negar la incidencia que la determinación del valor catastral tienen en la liquidación del Impuesto (al constituir la base imponible del mismo), señalando el Tribunal Supremo al respecto que la valoración catastral “no puede permanecer inamovible cuando situaciones sobrevenidas, tales como declaraciones judiciales y/o jurisprudenciales o cambios legislativos, que reflejan o incluso pueden llevar a la certidumbre sobre la incorrección del valor catastral, que al tiempo de su determinación eran circunstancias desconocidas por inexistentes, y que, por ende, ni tan siquiera pudieron ser alegadas por los interesados, permiten que pueda discutirse su validez al impugnar la liquidación cuya base imponible venga determinada por dicho valor, sin que pueda tener amparo jurídico que se siga girando liquidaciones y resulten inexpugnables escudándose la Administración en la distinción enunciada entre gestión catastral y gestión tributaria, cuando resulta incorrecta la base imponible que se aplica y con ello se vulnera el principio de capacidad económica al gravarse una riqueza inexistente o ficticia, como puede ser que se haga tributar como urbano, lo que es rústico” (la cursiva es nuestra).

En concreto, en esta Sentencia se analiza una de estas situaciones sobrevenidas: el bien inmueble había sido clasificado como urbano y así constaba en la notificación de la correspondiente valoración catastral. Consecuentemente, el Ayuntamiento giró las liquidaciones del IBI conforme a esta clasificación. No obstante, se trataba de un inmueble urbano no consolidado para el que no se había aprobado plan de desarrollo urbanístico. Conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y las sentencias de varios tribunales superiores de justicia, el suelo que no tenga aprobado aún el plan para su desarrollo urbanístico se debe clasificar como rústico.

El Tribunal Supremo concluye que si una jurisprudencia posterior a la notificación individualizada de los valores catastrales evidencia que el suelo no estaba clasificado correctamente, el sujeto pasivo del IBI podrá discutir la valoración catastral con ocasión de la impugnación de las liquidaciones de ese impuesto (impugnación indirecta), permitiéndose que ante estas situaciones excepcionales, el sistema general que distribuye las competencias entre gestión catastral y gestión tributaria pueda reinterpretarse y pulir su rigidez para que, en sede de gestión tributaria y en su impugnación judicial, quepa entrar a examinar la conformidad jurídica de dicho valor catastral, en su consideración de base imponible del gravamen, en relación con la situación jurídica novedosa que afecta al inmueble al que se refiere la valoración catastral y a esta misma, que no fue impugnada en su momento.

Ello se justifica en que en el momento de la notificación de la ponencia y el valor catastral, el sujeto pasivo no pudo conocer dicha jurisprudencia posterior, por lo que no le era exigible impugnar directamente el valor catastral. Al respecto se señala que, en estas situaciones, en las que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, no puede aducirse la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los valores catastrales, pues “no es admisible jurídicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas”.

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