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El TS cambia (otra vez) su criterio sobre la potestad tarifaria

Veleta de un tejadoA finales de junio se dictó la STS 909/2019, en la que el Tribunal Supremo revisó de forma explícita su doctrina acerca de la denominada potestad tarifaria.

El recurso de casación lo formuló una empresa concesionaria de la gestión del servicio insular de transferencia y tratamiento de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Muro, a la que, en vez de abonarle las facturas correspondientes, se le compensó de oficio la deuda con otras deudas que el Consell Insular de Mallorca mantenía con el propio Ayuntamiento.

El fondo de la cuestión versaba acerca de la naturaleza jurídica de las cantidades que recibía la concesionaria por la prestación del servicio público, en el período comprendido entre la reforma del art. 2 LGT por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la aprobación de las nuevas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (PPCPNT), creadas en virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. De acuerdo con la doctrina reiterada y sólidamente fundada del TS (STS 23 de noviembre de 2015, rec. 4091/2013), que se resumía en que la forma de prestación del servicio público (gestión directa o indirecta) no alteraba la naturaleza jurídica de la contraprestación exigida, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares llegó a la conclusión de que se trataba de una tasa.

Pues bien, en la presente sentencia el Alto Tribunal modifica expresamente el criterio que sostuvo en 2015, realizando una novedosa (y, en mi opinión, desafortunada) interpretación de la doctrina de la STC 102/2005, sobre tarifas portuarias, en la que el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que las contraprestaciones que los usuarios abonan por la prestación de esos servicios públicos, gestionados en régimen de concesión, habían de ser calificadas como tasas. En efecto, el TS reinterpreta esa sentencia a la luz de la reciente STC 63/2019 (que ya critiqué aquí), de suerte que el Tribunal Supremo otorga “relevancia constitucional” (FD 8º) al citado artículo segundo de la LGT, a pesar de que, como es notorio, presenta exclusivamente rango de ley ordinaria. A mi juicio resulta equivocada esta afirmación puesto que, si existe un concepto constitucional de tributo, no puede estar determinado por el contenido de una norma legal. Al contrario, serán las leyes las que, en su caso, tendrán que ajustarse a las exigencias que emanan de la Constitución. En consecuencia, es inexacto entender que la STC 102/2005 se fundamentó en el entonces tenor legal del art. 2 LGT. No puede ser así porque la contradicción entre la allí enjuiciada Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habría dado lugar a un supuesto de inconstitucionalidad sino de derogación (lex posterior derogat priori).

En cualquier caso, se ha de informar al público interesado de la existencia de una nueva doctrina del Tribunal Supremo, que reemplaza a la anterior, que transcribo literalmente a continuación: “tras la reforma del art.2.2.a de la LGT, efectuada por la DF 58ª de la Ley de Economía Sostenible, que suprimió el segundo párrafo de dicho precepto de la LGT, existe una opción discrecional para la Administración entre la configuración de la contraprestación como tasa o como precio y la opción por una modalidad de gestión directa o indirecta, si bien tal opción está limitada y legalmente predeterminada cuando el objeto de la actividad o servicio implica ejercicio de autoridad, supuesto en los que se impone la gestión directa por la propia Administración o mediante un organismo autónomo” (FD 9º).

Así pues, también para las situaciones anteriores a la vigencia de la Ley 9/2017, pero posteriores a la entrada en vigor la Ley 2/2011, se rehabilita la potestad tarifaria.

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