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El TS declara la legalidad de la tasa de móviles de Madrid

El TS declara la legalidad de la tasa de móviles de Madrid

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-UAM

La reciente STS de 20 de mayo (rec. 3937/2014) ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, contra la STSJMadrid de 7 de octubre de 2014 (rec. 284/2013), que anuló el artículo 5 de la “Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil”, aprobada el 21 de diciembre de 2012.

En síntesis, la sentencia de instancia entendió que debían anularse los siguientes parámetros utilizados para el cálculo de la cuota tributaria:

i) Consideró que no era correcta la determinación de €/m2 básico en la suma de 83,51 euros, que resulta de aplicar una tasa de rentabilidad del 4% al valor medio del mercado del suelo del municipio de Madrid (2.087,80 euros/m2).

ii) Entendió que no se ajustaba a Derecho el coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de servicios de comunicaciones prestados por el obligado tributario, que se expresa en un porcentaje determinado para cada operador en función de su número de líneas de prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y móviles activas en el municipio a la fecha de devengo.

iii) Tampoco se consideró adecuado el factor “CV”, esto es, el recargo que pondera tanto el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares en fachadas de edificios, construcciones y suelo urbano, como la mayor intensidad de tráfico que permiten cursar tales recursos.

iv) Por último, tampoco consideró debidamente justificada la utilización del ancho medio empleado para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal.

Frente al criterio del órgano “a quo”, tras exponer la evolución de su doctrina al respecto, la Sala del TS sostiene que:

i) Ante la postura del TSJMadrid que rechazó la referencia al valor del suelo urbano que se realizó en la modificación de la ordenanza, se afirma que “a los efectos del aprovechamiento o beneficios derivados de la ocupación de la vía pública para la prestación del servicio de telefonía de que se trata, no resulta relevante la calificación urbanística del suelo que se ocupa”.

ii) En cuanto al coeficiente de ponderación de servicios móviles, frente a la tacha apreciada en instancia relativa a que no se tuvo en cuenta la superficie efectivamente ocupada, el TS entiende que se trata “de disociar la valoración de la utilidad derivada de las ocupaciones por servicios de telecomunicaciones distinguiendo las telefonías fija y móvil, siendo necesario cuantificar esta última a través del método general del artículo 24.1.a) TRLHL. Y, a estos efectos, el reiterado artículo de la Ordenanza utilizaba un método indiciario admisible porque la exclusión del régimen especial del artículo 24.1.c) afecta a los servicios de móviles y no a los operadores que los prestan”.

iii) Respecto del factor “CV”, igualmente se rechazó en primera instancia por no considerar la superficie efectivamente ocupada, si bien la Sala sostiene que, en tanto que se trata de elementos de red que sirven para optimizar el uso, estamos ante una cuestión “susceptible de ser tenida en consideración al cuantificar la tasa por cuanto repercute en el aumento del valor de mercado de la utilidad obtenida por los operadores que emplean los referidos elementos tecnológicos”.

iv)  En lo que se refiere al ancho medio utilizado para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal, frente a la consideración del TSJ de que la utilización de valores medios atenta contra el principio de utilización óptima de los recursos, así como supone el gravamen de una “superficie teóricamente reservada”, el TS sostiene que el verdadero significado del referido “ancho medio” es el de un “ancho mínimo” derivado de un estándar urbanístico de obligado cumplimiento, con lo que “se trata de una reserva real y obligada que comporta la indisponibilidad del recurso en esas dimensiones, tanto para la Corporación como para terceros”.

En definitiva, se trata de una importante sentencia que contiene criterios relevantes para la determinación de una cuota tributaria que, hasta la fecha, ha resultado ser muy controvertida.

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