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ICIO y caducidad de la licencia

Por Auto de 11 de julio de 2018, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso 1869/2018 presentado por el Ayuntamiento de Recas (Toledo) por presentar interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en relación con la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

La cuestión que se plantea trata de determinar si, en aquellos supuestos en los que la obra no llega a realizarse por desistimiento del solicitante, el cómputo del dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de los ingresos realizados con motivo de la liquidación provisional a cuenta debe considerar el mero transcurso del plazo otorgado en la licencia para la realización de las obras, o si, por el contrario, se precisa un acto formal que declare la caducidad de la misma por parte del Ayuntamiento.

Los ingresos inicialmente debidos al practicarse la liquidación provisional se convierten en indebidos al no dar comienzo las obras y, por tanto, no producirse el hecho imponible, dando con ello lugar al nacimiento del derecho del solicitante a instar la devolución de ingresos indebidos, derecho sujeto al plazo de prescripción de 4 años previsto en la LGT.

No cabe duda de que, tal y como ha venido manteniendo la jurisprudencia, el plazo de prescripción de un derecho debe computarse desde el momento en que aquel pudo ejercerse. Sin embargo, no parece resultar suficiente esta tesis para resolver la cuestión litigiosa y de ello deriva el interés casacional.

La parte recurrente sostiene que, otorgada la licencia con un determinado plazo máximo para la realización de las obras, plazo de caducidad previsto por la normativa urbanística autonómica, el nacimiento del derecho a la solicitud de ingresos indebidos se inicia automáticamente por el mero transcurso del citado plazo.

El juzgado de instancia considera, por el contrario, que aunque en el condicionado de la licencia se fijase un determinado plazo de caducidad, para dar comienzo al plazo de solicitud de ingresos indebidos, la caducidad debió ser decretada formalmente por el Ayuntamiento.

Llama la atención el pronunciamiento del juzgado de instancia máxime si tenemos en cuenta que la propia  normativa autonómica en materia de urbanismo de aplicación al caso planteado, al regular la caducidad de las licencias, señala que éstas caducan  “por el transcurso del plazo otorgado en ellas sin necesidad de trámite o declaración administrativa alguna”. Es decir, la caducidad se produce ex lege vencido el plazo otorgado.

La declaración de caducidad de la licencia, aunque sea posible realizarla por el Ayuntamiento, como de hecho en ocasiones resulta habitual, no es conditio sine qua non para que aquella se hubiese producido. La caducidad se produce por ministerio de la ley una vez transcurrido el plazo otorgado. La posible actuación administrativa posterior tendrá, en todo caso, meros efectos declarativos de dicha caducidad. Por ello parece lógico pensar que, a los efectos del cómputo del dies a quo del plazo de prescripción del derecho a la solicitud de ingresos indebidos, deba tomarse en consideración el transcurso del plazo otorgado en la licencia para la realización de las obras puesto que es el momento a partir del cual dicho derecho pudo ejercerse por el solicitante.

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