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Informe de impacto de género y planeamiento urbanístico: cuando el TSJ de Madrid crea normas procedimentales

Desde su sentencia 322/2017, de 19 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el Plan General de Pedrezuela, exige que los planes urbanísticos incluyan, entre su documentación, un informe de impacto de género. La misma doctrina se ha reiterado más recientemente, con resultado anulatorio, en la STSJM 593/2018, de 17 de julio, sobre la modificación del Plan General de Madrid que ordena el suelo del estadio Wanda-Metropolitano.

Conviene, desde luego, que los planes urbanísticos incluyan la perspectiva de género en su regulación, pues sin duda que desde el urbanismo también se puede promover la igualdad de hombres y mujeres. Pero no es esa ahora la cuestión principal, sino en qué medida un tribunal de justicia puede imponer un requisito procedimental y documental (el informe de impacto de género) no exigido inmediatamente por la ley. Y esto es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

 Tal y como explica la propia Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid en 2017 (y reitera en 2018), la legislación general de igualdad no impone directamente un informe de impacto de género en la elaboración del planeamiento urbanístico. Y esta obligación tampoco resulta inmediatamente de la legislación urbanística madrileña: el artículo 43 de la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, de Suelo, exige que al proyecto de plan general acompañe una “memoria”, un “estudio de viabilidad” y un “informe de análisis ambiental”. Pero no exige específicamente un “estudio de impacto de género”.

A falta de una exigencia legal expresa del informe de impacto de género, el Tribunal considera que lo que existe es, en realidad, una laguna jurídica, que ha de integrarse con la aplicación supletoria del Derecho estatal que regula la elaboración de las disposiciones reglamentarias del Gobierno. El argumento es ciertamente alambicado y sorprendente. Se hace en cuatro pasos, con apariencia de enunciado lógico:

a) Razona la Sala, en primer lugar, que el plan general es una disposición de rango reglamentario que aprueba definitivamente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, a la aprobación definitivadel Plan General de Madrid le sería aplicable la ley que rige el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno madrileño: la Ley madrileña 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y la Administración

b) Pero visto que la Ley madrileña 1/1983 no exige un informe de impacto de género en la elaboración de los reglamentos autonómicos, la Sala de lo Contencioso-administrativo considera que estamos ante una laguna jurídica.

c) E identificada la laguna, la Sala procede, por mandato del art. 149.3 CE, a aplicar supletoriamente el Derecho estatal. Es así como entra en escena el art. 26.3 f) de la Ley 50/2007, de 27 de noviembre, del Gobierno, que actualmente sí prevé el informe de impacto de género para los reglamentos estatales.

d) En consecuencia: dado que en la elaboración de los reglamentos del Gobierno de España se tiene que incluir un informe de impacto de género, dado que esa regulación es aplicable supletoriamente a los reglamentos de la Comunidad de Madrid, y dado también que los planes son normas reglamentarias que aprueba definitivamente el Gobierno madrileño, se llega a la conclusión de que un proyecto de planeamiento urbanístico en la Comunidad de Madrid debe incluir un informe de impacto de género.

Ya dije al principio que tiene mucho sentido que los planes urbanísticos incluyan en su elaboración la perspectiva de género. Esto lo pueden hacer los ayuntamientos voluntariamente o lo puede imponer la ley. Menos razonable es que lo imponga inmediatamente un tribunal de justicia con argumentos tan heterodoxos como los expuestos. Y es que son muy cuestionables cada una de las premisas argumentales de la Sala:

Lo primero: el hecho de que la aprobación definitiva de un plan general corresponda a la Comunidad de Madrid no convierte al plan general en un reglamento autonómico. Sabemos lo que es una aprobación definitiva: un control de legalidad y de oportunidad supramunicipal ejercido por la Comunidad Autónoma sobre una norma municipal. Sólo eso. Tratar al plan general como un reglamento autonómico es, además de erróneo, muy peligroso en sus efectos posibles. Por ejemplo: considerado el plan general como un reglamento autonómico, ¿deroga para un término municipal concreto previos reglamentos generales de la propia Comunidad? Mejor no transitar caminos tan alambicados que pueden llevar a resultados absurdos.

En segundo lugar, ¿por qué se considera que Ley madrileña 1/1983 contiene una laguna al no exigir el informe de impacto de género? Como hace ya algunos advertía Larenz, la identificación de falsas lagunas jurídicases una de las técnicas más notorias para la expansión del poder judicial, a costa del principio de legalidad. Y eso es lo que tenemos delante. Si ni la Ley madrileña de suelo ni la Ley madrileña del Gobierno y la Administración imponen el informe de impacto de género puede ser, precisamente, porque por ahora no han considerado oportuna esa exigencia. Es posible que la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid esté equivocada, que le falte sensibilidad de género, o que, simplemente, sea un desastre. Pero ninguno de estos reproches autoriza al Tribunal Superior de Justicia a completar el listado de informes preceptivos fijado por las leyes. También a mí me parece que los planes deberían incluir expresamente un estudio sobre los impactos de segregación espacial resultantes de su ordenación. Pero entiendo que hoy por hoy no es una exigencia legal; y nada me autoriza a ver en esta falta de exigencia una laguna jurídica. Al Tribunal Superior de Justicia de Madrid le corresponde aplicar las leyes tal cual, en lo que dicen y en lo que no dicen. Crear lagunas jurídicas ficticias, para luego integrarlas mediante Derecho supletorio, no es juzgar. Es legislar.

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