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La Agenda Urbana Española, ¿oportunidad u oportunismo?

En su libro “El triunfo de las ciudades”, Edward Glaeser, experto en economía urbana de la Universidad de Harvard, afirmaba que “es más probable que la solución de los problemas urbanos proceda de la iniciativa local que de la política federal” (2011: 127). Sin embargo, llama la atención que en los últimos años estemos asistiendo a una proliferación de marcos de política para la solución de problemas urbanos promovidos, precisamente, por entes supralocales. En concreto, nos referimos a los procesos de “agenda urbana”.

Y es que este término, frecuentemente empleado como sinónimo de “política urbana”, se ha ido extendiendo. En 2016, Naciones Unidas elaboró la Nueva Agenda Urbana, solo unos meses después del lanzamiento de la Agenda urbana para la UE.En la misma línea, países de todo el mundo han puesto en marcha sus propias agendas, que se presentan como una nueva generación de políticas urbanas que adoptan la forma de marcos estratégicos y se basan en el empleo de instrumentos propios de lo que se conoce como “Nueva Gestión Pública”. Además, el despliegue de estas agendas urbanas, dado que no se formulan en clave normativa, exige un fuerte compromiso por parte de los actores concernidos. Los mecanismos que generan esa voluntad de adhesión son muy variados como, por ejemplo, la mera sintonía “ideológica” con los objetivos de la política, la oportunidad de lucirse o “colgarse una medalla”, o la expectativa de tener acceso a los recursos (en gran medida, económicos) asociados a la misma.

La reflexión en torno a estas cuestiones es pertinente como consecuencia de la reciente aprobación de la Agenda Urbana Española(AUE) en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 22 de febrero. Así, se da cumplimiento al compromiso asumido por el gobierno anterior en el marco del Acuerdo de Asociación de España para el periodo de programación 2014-2020 de los Fondos Europeos (2014: 228). Sin embargo, la AUE se ha ido alejando progresivamente de este origen para irse acercando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) de Naciones Unidas (Agenda 2030, 2015). De este modo, la consideración de la AUE como una de las 9 “políticas palanca” incluidas en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030para España, le ha otorgado mayor fuerza y visibilidad.

El documento de la AUE es el resultado de más de un año y medio de trabajo. El proceso ha sido coordinado desde el Ministerio de Fomento y ha contado con la participación de seis grupos de trabajo representantes de distintos ámbitos (Expertos multidisciplinares independientes – Ministerios – CC.AA. – Entidades Locales (FEMP) –Tercer Sector, Academia y Sociedad Civil – Sector privado). Se trata de un documento de carácter estratégicoy voluntario, que incorpora un decálogo de objetivos de desarrollo urbano. Estos objetivos estánalineados con las agendas supranacionales, pero sobre todo tienen vocación de inspirar a las agendas impulsadas a nivel autonómico y local. También, se define como un método de trabajo integrado y orientado a la acción, basado en la gestión por objetivos y en la promoción de alianzas entre actores públicos y privados.

Por otra parte, bien es cierto que la AUE nace en un contexto caracterizado por “la penuria endémica de las Haciendas Locales” (AUE, 2019: 39) y por la “insuficiente relación entre las decisiones tomadas por los diferentes niveles administrativos, las posibles duplicidades o ineficiencias, la inexistencia de procesos de planificación compartidos o integrados, la insuficiente financiación de políticas o servicios, o el desarrollo de sistemas de información compartidos para la gestión de políticas públicas” (AUE, 2019; 38). Por esta razón, incorpora un Plan de acción de la Administración General del Estado para la implementación de la agenda, que contiene una serie de actuaciones dirigidas a avanzar precisamente en el ámbito normativoy de la planificación, la financiación, la gobernanzay en laparticipación ciudadana, y en el intercambio y difusión de conocimiento.

A partir de este punto, la AUE cede el testigo a las ciudades, a las que provee de una serie de recursos para que puedan realizar por sí mismas su propio Plan de Acción. La idea es que este instrumento les ayude a superar las limitaciones del contexto, a promover en su territorio un desarrollo sostenible e integrado y a que se posicionen mejor a la hora de acceder a futuras oportunidades de financiación. Sin embargo, el escenario de incertidumbre que marcan las próximas elecciones nos obliga a esperar unos meses para conocer la acogida que finalmente tendrá este instrumento. Por ahora, lo que sí sabemos es que la AUE constituye un hito histórico que exige a las ciudades un firme compromiso, ya sea por oportunidad o por oportunismo.

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