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La compleja relación entre expertos y ciudadanos en los procesos participativos: breves reflexiones para una investigación (Carlos Rico)

La compleja relación entre expertos y ciudadanos en los procesos participativos: breves reflexiones para una investigación

Carlos Rico Motos (cricomotos@gmail.com)

Universidad Pablo de Olavide

Transcurridos cuatro años desde la irrupción del 15-M en la esfera pública es posible afirmar sin cautelas que sus demandas de transparencia, regeneración y participación ciudadana han arraigado en la agenda política española, al ser asumidas no solo por las fuerzas emergentes sino también en el discurso de los partidos tradicionales. En este sentido, cabe esperar que los nuevos ayuntamientos constituidos tras las elecciones municipales del 24 de mayo se enfrenten al reto de articular ambiciosos cauces de participación ciudadana en la elaboración de sus políticas públicas. La cuestión no es en absoluto menor, ya que en muchos casos los acuerdos con los nuevos actores políticos que van a tener la llave del gobierno en numerosos consistorios pueden pasar por la puesta en marcha de este tipo de mecanismos como elemento de legitimación.

Estas demandas caen en terreno abonado. En las últimas décadas, los municipios españoles, en paralelo a otros países del entorno europeo, han sido testigos de una notable proliferación de experiencias participativas –consejos sectoriales, presupuestos participativos, foros deliberativos, jurados ciudadanos- que han servido como un auténtico “laboratorio” donde testar las virtudes atribuidas por algunos modelos democráticos a la implicación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Los principales hallazgos empíricos han sido recogidos en diversos estudios, si bien en ocasiones con una tendencia implícita a focalizar la atención en los casos de mayor éxito y reconocimiento, un sesgo que investigaciones más recientes (Font et al., 2014) han intentado controlar en aras a una visión más equilibrada de los pros y contras de este tipo de mecanismos.

En este contexto, una tesis especialmente interesante es la que sostiene que los procesos participativos favorecen una “democratización de la expertise”, en tanto que permiten a ciudadanos y asociaciones de la sociedad civil supervisar y cuestionar la aplicación del conocimiento técnico a lo largo del proceso de elaboración de las políticas públicas. La defensa normativa de esta posición resulta obvia: la intervención de los expertos –ya se trate de técnicos municipales o de consultores contratados- debe estar sometida a accountability para garantizar que el resultado del proceso participativo sea legítimamente imputable a la voluntad de quienes han sido protagonistas del mismo. De alguna forma, este tipo de planteamientos convergen con una corriente post-positivista que defiende la necesidad de avanzar hacia métodos de investigación participativa que incentiven la colaboración entre ciudadanos y expertos a la hora de resolver determinados problemas colectivos (Fischer, 1993).

Sin embargo, hay una llamativa carencia de trabajos empíricos en lo que respecta a la forma en la que los procesos participativos gestionan el imperativo técnico. ¿Pueden los ciudadanos cuestionar el saber experto que en ocasiones condiciona el destino de sus propuestas? ¿Se incorpora este de forma transparente? Solo nos aventuraremos aquí a apuntar la importancia del tipo de proceso participativo como factor explicativo. Así, mientras que las experiencias de presupuestos participativos suelen integrar la expertise en fases específicas que permiten el intercambio crítico de información y argumentos entre los técnicos y ciudadanos involucrados, otros procesos de carácter más temporal como los orientados a la elaboración de planes estratégicos o la gestión puntual de conflictos de convivencia en el ámbito municipal pueden dar lugar a intervenciones menos transparentes. Junto a ello, existen a menudo dinámicas ocultas que pueden terminar sesgando la interacción entre técnicos y participantes más allá del diseño y las reglas de la experiencia en cuestión.

Por otra parte, a una preocupación en términos de legitimidad democrática hay que sumar también una cuestión vinculada a la eficiencia, en tanto que la forma de aplicación de criterios técnicos –o su ausencia- puede afectar a la propia calidad de las propuestas ciudadanas y a su aceptabilidad por las autoridades locales. Estas son las cuestiones que ocupan una de las líneas de trabajo del proyecto “Cherry-picking: the results of participatory processes” (Plan Nacional de Investigación), que actualmente analiza una muestra de 39 iniciativas participativas desarrolladas en municipios de Andalucía, Cataluña y Madrid en el periodo 2007-2011. Ello en el entendido de que un mejor conocimiento empírico de estas cuestiones contribuirá a la puesta en marcha de mecanismos de participación más legítimos y eficientes en el ciclo municipal que se abrió el pasado 24 de mayo.

Referencias:

  • Fischer, F. 1993. “Citizen Participation and the Democratization of Policy Expertise: From Theoretical Inquiry to Practical Cases”, Policy Sciences, 26: 165-187.
  • Font, J., Della Porta, D. y Sintomer, Y. 2014. Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences. Rowman & Littlefield.

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