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Las Corporaciones Locales cumplen (y son las únicas)

Por César Martínez Sánchez

En las últimas semanas se han publicado las cifras oficiales relativas al endeudamiento y al déficit de las distintas Administraciones públicas. Las cifras son bien elocuentes y, en todo caso, colocan a las Entidades Locales en muy buen lugar. En efecto, en lo que se refiere al nivel de endeudamiento que recogen las estadísticas del Banco de España, las Corporaciones Locales son las únicas que han logrado reducir su volumen de deuda a lo largo de 2013. Así, a finales del cuarto trimestre de 2013 se situó en el 4,1% sobre el PIB, frente al 4,2% con el que se cerró el primer trimestre. Por el contrario, la Administración Central aumentó cuatro puntos porcentuales su endeudamiento, pasando del 77,7% al 81,7%. Por su parte, la deuda de las Comunidades Autónomas fue la que, en términos relativos, experimentó una mayor subida pasando del 18,6% al 20,2%.

En cuanto al déficit, de conformidad con los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las Entidades Locales fueron las únicas (junto con la Seguridad Social) que cumplieron con el objetivo de déficit que se había establecido, a pesar de que era ciertamente exigente. Así, no solo cerraron el ejercicio 2013 en equilibrio presupuestario (que era el objetivo impuesto), sino que además presentaron un superávit del 0,41% respecto del P.I.B., que ha venido a compensar -ofreciendo un resultado final ajustado- las notables desviaciones del resto de Administraciones. Así, la Administración Central ha presentado un déficit del 4,33% (excluidas las ayudas al sector financiero) claramente superior al 3,80% previamente fijado. Por el contrario, la Seguridad Social sí ha cumplido holgadamente su objetivo, al haber cerrado el ejercicio con un déficit del 1,16%, frente al 1,40% que se estableció como meta. Por su parte, las Comunidades Autónomas, a pesar de haber reducido en 2013 sus números rojos a diferencia de la Adminsitración Central, no han alcanzado las cifras esperadas, toda que vez que han presentado un déficit del 1,54% frente al 1,30% que constituía su objetivo.

Hasta aquí los datos, claros y contundentes. Las consecuencias jurídicas y, sobre todo, políticas que de ellos se desprendan son notablemente más inciertas y, quizás, nos ocuparemos de ellas en una entrada posterior.

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