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Las elecciones a las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.

El 26 de mayo de 2019 se celebrarán las elecciones municipales y europeas, así como las de algunas Comunidades Autónomas, pero también las elecciones forales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.  La elección directa de los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos es una de las principales características de la autonomía vasca y justifica su destacado protagonismo institucional en un sistema complejo de pesos y contrapesos dentro de una estructura interna bastante original.

Efectivamente los Territorios Históricos difieren sustancialmente de las provincias de régimen común al ostentar una potenciada potestad de auto organización, aplicar el sistema de concierto económico tanto en normativa, como en desarrollo y ejecución, y ejercer una serie de importantes competencias exclusivas frente a las Instituciones Comunes, comunes a los Territorios Históricos, es decir, frente al Gobierno y Parlamento Vascos, pero también tienen un sistema electoral directo, a diferencia de las provincias de régimen común, que, como es sabido, disponen de un sistema electoral indirecto, o de segundo grado, lo que originó la reserva en este punto concreto de la Carta Europea de Autonomía Local de 1985 por el Estado Español en su ratificación efectuada en 1988.

Y esto es así, porque el artículo 37.5 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco dispuso que para la elección de los órganos representativos de los Territorios Históricos se atendería a criterios de sufragio universal, libre, directo, secreto y de representación proporcional con circunscripciones electorales que procurasen una representación adecuada de todas las zonas de cada territorio. En cumplimiento de este precepto, el primer problema que surgió es el relativo a una cuestión típica vasca: si las normas electorales debían aprobarse por las Instituciones Comunes o por los órganos forales. De hecho, las Leyes del Parlamento Vasco, desde la Ley de la Potestad Sancionadora hasta la Ley de Instituciones Locales de Euskadi parten siempre de esta dicotomía al intentar distribuir, en la medida de lo posible, las competencias entre ambos niveles.

La primera versión de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos atribuyó a éstos esta materia. El artículo 7 a) 1 decía que los Órganos Forales tenían competencia exclusiva, que ejercitarían de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, es decir, a través de normas forales, en normas electorales, organización, régimen y funcionamiento. La Ley del Parlamento Vasco 1/1987, de 27 de marzo, de elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos derogó, en lo referente a las normas electorales, el artículo citado 7 a) 1 de la Ley de Territorios Históricos y diseñó el sistema electoral foral que rige en la actualidad. Por ello, el próximo 26 de mayo se van a elegir, coincidiendo con las elecciones municipales, cincuenta y un Procuradores, Apoderados y Procuradores-Junteros en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente, mediante las circunscripciones electorales que creó esta Ley del Parlamento Vasco. La convocatoria de estas elecciones forales la realiza cada Diputado General y los cincuenta y un miembros de las Juntas Generales se distribuirán en proporción a la población de cada circunscripción electoral y, una vez atribuido a un número entero de apoderados, el número sobrante se repartirá en función de los mayores restos.

Estos órganos representativos electos se rigen en cuanto a su constitución, organización y funcionamiento por sus propios reglamentos, que tienen un contenido similar a los reglamentos parlamentarios. Ejercen la potestad normativa a través de las normas forales, siendo actualmente las normas forales fiscales impugnables ante el Tribunal Constitucional desde 2010, por el conocido como blindaje del Concierto Económico , avalado la STC 118/2016, de 23 de junio, aunque reconociendo su naturaleza reglamentaria en el fundamento jurídico 3 d), aprueban sus presupuestos, eligen al Diputado General de entre sus miembros en votación secreta (debería de ser votación pública lógicamente) , y ostentan las demás competencias atribuidas por las leyes, así como por las normas forales, por lo que más se parecen a un Parlamento que al Pleno de una Diputación.

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