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Las elecciones del 24 de Mayo y la lucha contra la corrupción en los ayuntamientos (Fernando Jiménez Sánchez))

Las elecciones del 24 de Mayo y la lucha contra la corrupción en los ayuntamientos

Fernando Jiménez Sánchez

Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia

 

Logo Elecciones Locales 2015Los problemas de corrupción son mucho más frecuentes en los niveles locales y regionales de gobierno que en el nacional. Hay al menos cuatro razones diferentes que explican esta especial vulnerabilidad ante la corrupción de los niveles sub-nacionales de gobierno. En primer lugar, es fácil encontrar recursos materiales para la corrupción en estos niveles de gobierno. Las instituciones regionales y locales toman decisiones relevantes en campos tales como el planeamiento territorial y las licencias de construcción, la adjudicación de contratos públicos de bienes, obras y servicios, la distribución de subvenciones públicas para muchas actividades diferentes, o el empleo público. La tentación para intercambiar muchos de estos recursos públicos por apoyo social o electoral o directamente por pagos ilícitos está siempre presente.

En segundo lugar, los corruptores potenciales pueden acceder con mayor facilidad a los gobiernos locales y regionales que a las administraciones nacionales. En líneas generales, el grado de profesionalización de los empleados públicos en el nivel regional y particularmente en el nivel local es menor que en el ámbito nacional o federal y las oportunidades de formación de aquellos empleados son también menores. Como consecuencia, las administraciones públicas territoriales suelen tener un grado mayor de politización y las barreras para protegerse de corruptores potenciales son más débiles.

Una tercera razón tiene que ver con lo que Andersson y Erlingsson (2012: p. 36) dicen sobre el caso sueco: “es más difícil descubrir las irregularidades en el nivel sub-nacional”, puesto que los mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas funcionan mucho peor que en el nivel nacional. El funcionamiento de los mecanismos de control es más difícil en general: a veces los controles internos se desactivan por motivos políticos, los controles externos funcionan con mayor dificultad ante tantas unidades que controlar y otros actores como los medios de comunicación prestan mucha menos atención a estos niveles que al nacional.

Por último, en muchos territorios es posible encontrar redes clientelares en acción. A veces tales redes son de tipo tradicional y se estructuran en torno a notables o caciques locales que tienen una gran influencia en la comunidad. Otras están formadas a partir de conexiones entre grupos de viejos amigos. Y con mucha frecuencia encontramos redes de patronazgo que giran en torno a algunas organizaciones locales o regionales de partido. Estas redes clientelares se convierten muchas veces en un canal para las influencias corruptas sobre los gobiernos locales y regionales, siendo mucho más infrecuente encontrar estas redes en ámbitos nacionales.

Al mismo tiempo, también es igualmente cierto que en estos niveles de gobierno la variabilidad de experiencias es enorme y podemos encontrar múltiples ejemplos de enorme integridad en el funcionamiento de muchos gobiernos locales.

El caso español parece confirmar esta opinión internacional generalizada. En efecto, la mayor parte de los escándalos de corrupción en los 30 años del período democrático en España han afectado principalmente al ámbito local. La gran mayoría se han producido en áreas de políticas públicas como la contratación pública y el urbanismo.

Durante estos últimos años los indicadores de la percepción de la corrupción y de la confianza en los gobiernos locales se han deteriorado gravemente. El Cuadro 1 muestra el empeoramiento de la percepción de la corrupción con datos del Eurobarómetro. Entre 2005 y 2013, hay un 17% más de ciudadanos españoles que creen que la corrupción está extendida en los ayuntamientos llegando a sumar el 91% de la población. Como vemos, este deterioro no ha sido tan intenso en otros países de nuestro entorno como Francia o Italia.

Cuadro 1: Evolución de la percepción de la corrupción 2005-2013

País Año Local Regional Nacional
España 2005 74% 73% 74%
2009 89% 90% 91%
2013 91% 91% 95%
Comparación 2005-2013   + 17% +19% +21%
Italia 2005 81% 81% 84%
2009 89% 86% 89%
2013 92% 92% 93%
Comparación 2005-2013   +11% +11% +9%
Francia 2005 71% 73% 81%
2009 79% 80% 83%
2013 75% 75% 76%
Comparación 2005-2013   +4% +2% -5%

Fuente: Eurobarómetros 245(2005), 325 (2009), y 397 (2013)

Por lo que se refiere a la confianza que suscitan los ayuntamientos, el Gráfico 1 muestra cómo esta confianza ha sido siempre más alta para los gobiernos locales, pero se observa también el hundimiento de la misma a partir de diciembre de 2009. Lamentablemente el CIS no ha vuelto a preguntar por la confianza en el propio ayuntamiento desde esa fecha, pero cabe suponer que ha seguido desplomándose a juzgar por lo que ha ocurrido con los demás indicadores de confianza institucional en nuestro país.

Gráfico 1: Confianza en los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno central 1994-2009

Gráfico Jiménez 1

Fuente: Estudios CIS en los que se emplea el indicador de confianza en el propio ayuntamiento. El indicador pide valorar entre 0 y 10. El gráfico muestra los valores medios.

En concreto, uno de los indicadores más preocupantes es el de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Si bien este indicador ha caído en toda Europa, su caída en España ha sido notablemente más intensa como refleja el Gráfico 2.

 Gráfico 2: Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España y en Europa, 2004-2013

Gráfico Jiménez 2

Fuente: Eurobarómetro (suma de los “muy” y “bastante” insatisfechos).

Todos los elementos comentados muestran una situación de malestar político muy preocupante de la que no escapan tampoco los gobiernos locales. La profundidad de esta crisis política y el riesgo de que surjan amenazas gravísimas para la estabilidad democrática deberían empujar a partidos y líderes políticos a emprender reformas serias que consigan poco a poco revertir la situación y recuperar la confianza de los ciudadanos en la política democrática. Esto se aplica también al ámbito de la política local que, precisamente por su mayor cercanía con los ciudadanos, es un escenario vital para la introducción de estas reformas.

El objetivo de estas reformas consiste en reducir las oportunidades para la corrupción. Las instituciones públicas se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con grave quebranto del interés general: se contratan trabajadores públicos despreciando los principios del mérito y la capacidad y sometiéndolos, por encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los ha colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la mejor oferta para los intereses de la Administración, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para otros fines (financiación del partido de gobierno, etc.), aunque para ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos; se otorgan subvenciones o licencias no para quien acredita merecerlas con justicia, sino en función de los intereses cortoplacistas y clientelares de la autoridad otorgante; etc.

Se trata de poner fin a la colonización política de las administraciones públicas. Para ello es crucial reforzar e incentivar la imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas de las irregularidades posibles mediante la protección de los denunciantes y la puesta en marcha de canales seguros y efectivos para hacer llegar tales denuncias, al tiempo que se definen mejor las carreras profesionales y se asegura el valor del mérito en las mismas. Junto a ello también es necesario desarrollar programas de prevención adaptados a cada organismo público para la gestión adecuada de los conflictos de interés que garanticen un funcionamiento de estos organismos con la máxima integridad.

Para terminar, la clave de las reformas anticorrupción pasa por imposibilitar que quienes dirigen una administración pública puedan hacer un uso patrimonial de la misma para construir o alimentar redes clientelares de apoyo social o financiero. Se trata de que quienes se encuentran en esa posición no tengan la posibilidad de caer en una tentación tan poderosa. De ahí que la voluntad política de quienes ponen en marcha estas reformas sea una de las claves para su éxito. Los ciudadanos españoles parecen estar más preparados y dispuestos que nunca para apoyar en las urnas a quienes promuevan firmemente esta agenda de reformas. Cabe esperar que buena parte de nuestros líderes locales la asuman.

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