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– Las elecciones locales como procesos de deliberación pública: discutir sobre proyectos, no sobre personas (Elena García Guitián)

Las elecciones locales como procesos de deliberación pública: discutir sobre proyectos, no sobre personas

Elena García Guitián

Universidad Autónoma de Madrid

Logo Elecciones Locales 2015En el contexto actual, en el que se da por hecho que nos hallamos ante una seria crisis institucional, la celebración de elecciones locales constituye uno de los procesos de participación ciudadana más importantes, que, sin embargo, tiende a menospreciarse. La utilización de una simplista dicotomía: “democracia representativa” versus “democracia participativa”, oscurece el hecho de que los procesos electorales generan espacios de deliberación pública y participación ciudadana muy inclusivos, porque involucran a la mayoría de los ciudadanos.


Estas elecciones, en particular, deberían servir para abordar un serio debate sobre los gobiernos locales, tanto para contrastar las diferentes visiones sobre su papel en un sistema político multinivel como es el nuestro, como para permitir comparar el modelo defendido en los distintos proyectos políticos, que debe desarrollarse en las condiciones impuestas por un escenario de crisis muy condicionado por decisiones adoptadas en otros niveles de gobierno.
Sin embargo, como ha sucedido en muchas ocasiones, en el debate público se tiende a presentar las elecciones como un ensayo de las generales o a subordinarlas (con la excepción de las de algunas ciudades importantes) a las de las Comunidades Autónomas, porque se centra en anticipar cuál va a ser la nueva articulación del sistema de partidos que hay en España, y en discutir una colección de medidas llamativas que compiten por atraer la atención de los votantes.
En relación con la primera de las cuestiones, son las primeras elecciones en las que dos partidos pequeños pueden conseguir tantos votos como los tradicionalmente mayoritarios (PP, PSOE), y se prueba la capacidad de expiación y renovación de estos últimos. Pero esto propicia que la atención se dirija intencionadamente hacia los procedimientos de elección, mediante propuestas de reforma de los sistemas electorales, articuladas sobre la marcha, en las que prima el deseo de evitar escenarios en los que ningún partido obtenga mayoría clara para gobernar y esté obligado a pactar o a formar gobiernos de coalición.
Se orientan, por tanto, a alcanzar dos objetivos, que no son cuestiones de ámbito local sino que afectan a todo el sistema político: recuperar la confianza ciudadana en los políticos, y contrarrestar la extendida sensación de crisis de representación política. Por eso las discusiones enfatizan el perfil personal de los candidatos: de qué manera están vinculados con el pasado reciente y han sabido rectificar, y hasta qué punto están comprometidos con lo que les exige la sociedad en temas como la corrupción o la transparencia. Los candidatos de los partidos que han gobernado intentarán así vender sus activos personales, y los de los nuevos, su compromiso con el proyecto del partido.
Paradójicamente, los que están proponiendo cambios en el sistema electoral son los que han obtenido más beneficio con las particularidades del sistema existente, pero que ahora, con un cambio en el voto ciudadano y en la oferta de los partidos elegibles, deja de favorecerles. Y los efectos que buscan pasan por incorporar “elementos presidencialistas”, que contribuyen a una mayor personalización de la política y a primar un modelo de primacía de los ejecutivos y una concepción de la política como buena gestión.

Estas estrategias se presentan, en general, como una propuesta de mejora de la representación, pues favorecerían una relación directa del representante con los representados, que a priori garantizaría que tiene en cuenta sus demandas (su “responsividad”). Sin embargo, adoptan una visión simplista que equipara calidad de la representación a existencia de unas reglas adecuadas de elección de los candidatos, aunque la realidad es que no existe ningún modelo que sea “más democrático” (ya que todos dan un peso relativo diferente a los elementos que deben inspirarlo, teniendo en cuenta las peculiaridades del contexto en el que debe funcionar). Esa visión estrecha no tiene en cuenta que la calidad de la representación depende además del juicio sobre la representatividad de los candidatos y del contenido de sus acciones a lo largo de su mandato, y de que en nuestras sociedades existen también otras formas de representación social y funcional que complementan la representación electoral y que tienen que jugar un papel en los procesos de decisión políticos. Por eso las propuestas de cambio de los diferentes elementos del sistema electoral deberían hacerse a partir del diseño de un modelo de gobierno más amplio, en el que se tengan en cuenta los equilibrios institucionales y la relación con los grupos sociales.
Esta cuestión crucial, la reflexión sobre el modelo de gobierno local en nuestra democracia, está ausente en el debate electoral y, por tanto, en el debate público, aunque debería plantearse como cuestión política determinante para que con su voto los ciudadanos participen en la elección del modelo político, y no solo en la selección de candidatos atractivos (que avanza hacia un modelo de democracia de audiencia o de mercado) o la adopción de medidas singulares (por muy atractivas que sean). Porque si se evita, el proceso electoral no generará ningún efecto deliberativo que mejore la calidad democrática.
Lo que importa es el proyecto (que a lo mejor solo se puede desarrollar en coalición, sobre un pacto que puede incluir apoyar a un candidato para gobernar que no es el primero de ninguna lista), que en estos momentos debería partir de la reflexión sobre el modelo de gobierno local, en el que se especifiquen sus equilibrios institucionales internos, los procesos de toma de decisiones (que van a condicionar los mecanismos de participación ciudadana y la relación con las organizaciones más representativas social y funcionalmente), así como sus relaciones con los otros niveles de gobierno. Porque, como señala Rosanvallon, las elecciones legitiman la formación de un gobierno de mayoría, pero no la de todas sus políticas.

En un momento en el que se habla de crisis institucional, la renovación no puede realizarse con propuestas cosméticas o de control (de la corrupción, transparencia); es el momento de contribuir a que la ciudadanía asuma la complejidad que han adquirido los procesos políticos en todos los niveles de gobierno, y favorecer un debate público en el que se planteen las diferencias entre apoyar uno u otro modelo de gobierno en cada una de ellas. De esta forma las elecciones, también las locales, podrán considerarse procesos deliberativos muy inclusivos en los que los ciudadanos participen en la construcción de un juicio político que contribuya a mejorar la calidad de nuestras democracias.

 

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