Blog

Notificaciones defectuosas y derecho a interponer recurso (a propósito de la STC 112/2019, de 3 de octubre)

Hace unos días (el 31 de octubre de 2019), el Boletín Oficial del Estado publicaba la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre (ECLI:ES:TC:2019:112), en relación con un recurso de amparo interpuesto por la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.

En el inicial recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la luego recurrente en amparo alegó, entre otras cosas, que la resolución no le había sido notificada correctamente. La recurrente argumenta que no se trató de una verdadera notificación puesto que el acto de comunicación no contenía ni el texto íntegro del acto, ni las exigencias y garantías derivadas de la legislación del procedimiento administrativo común: la indicación de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que contra el mismo procede, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo. Recibido el recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el art. 69.c LJCA, lo inadmitió por considerar que el acto impugnado (del Director General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad y Política Social del Gobierno de la Región de Murcia) no agotaba la vía administrativa, al ser susceptible de recurso de alzada ante el Consejero competente. Contra la sentencia de inadmisión del Tribunal Superior de Justicia se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sala de lo contencioso-administrativo, por falta de interés casacional objetivo. Recurrida esta decisión a través de la interposición de recurso de amparo, en la Sentencia que estamos comentando, el Tribunal Constitucional declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, así como la providencia del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación por falta de interés casacional objetivo.

El Tribunal Constitucional otorga amparo a la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE (derecho de acceso a la jurisdicción), por inadmitir el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra un acto administrativo que fue defectuosamente notificado. La inadmisión del recurso contencioso-administrativo se fundamentaba en que no se había agotado la vía administrativa por no interponer el preceptivo recurso de alzada, puesto que la resolución impugnada no agotaba la vía administrativa. Frente a esto, el Tribunal Constitucional afirma que la resolución recurrida no fue notificada correctamente, dado que carecía de la necesaria indicación de los recursos procedentes frente a dicho acto y concluye en la sentencia afirmando que la ausencia de dicho contenido en el acto notificado no puede perjudicar al derecho a interponer recursos y acceder a la jurisdicción.

Si bien puede parecer que esta doctrina no es novedosa y es ya conocida y hasta consolidada, esta sentencia aporta algunos elementos de interés.

Una primera cuestión a destacar de la STC 112/2019 es que, a través de ella, el Tribunal Constitucional altera su doctrina anterior en relación con el incidente de nulidad de actuaciones como pieza necesaria para el agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo. El Tribunal considera que, en los casos en los que el recurso interpuesto contra la resolución que se estima lesiva de derechos fundamentales ha sido inadmitido por razones procesales que no son imputables a la falta de diligencia de la parte, no es preciso interponer un incidente de nulidad de actuaciones para cumplir el requisito que exige agotar la vía judicial antes de interponer el recurso de amparo (art. 44.1.a) LOTC).

También merece ser destacado que en esta sentencia el Tribunal Constitucional considera que reviste interés constitucional una cuestión que para el Tribunal Supremo carecía de un interés casacional. El Tribunal Constitucional sostiene, con carácter general, que la decisión sobre la admisión o no de una demanda, así como la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales de la misma, son cuestiones de estricta legalidad ordinaria. No obstante, admite el interés constitucional del asunto, porque se exceptúan de la regla anterior aquellos supuestos en los que la interpretación efectuada por el órgano judicial de esta normativa “sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, los casos en los que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican” (FJ 4.a).

Centrándonos ya en el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional considera que la inadmisión por no agotamiento de la vía administrativa supone una interpretación rigorista e irrazonable del art. 69.c LJCA. Ciertamente, este precepto establece la inadmisión del recurso cuando tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación y, entre estos actos, se encuentran los que no ponen fin a la vía administrativa, tal y como prevé el art. 25 LJCA. Sentado esto, el Alto Tribunal afirma que, antes de inadmitir, el Tribunal Superior de Justicia debería haber examinado si la resolución fue correctamente notificada, pues inadmite sin tener en cuenta si la Administración ofreció al interesado toda la información necesaria para que pudiera ejercer debidamente su derecho a recurrir. El Tribunal Superior de Justicia se limitó a constatar que el acto impugnado no era definitivo en vía administrativo y que el preceptivo recurso de alzada no fue interpuesto. Y, por ello, consideró que, en virtud de lo dispuesto en el art. 69.c) LJCA, el recurso contencioso-administrativo resultaba inadmisible “con independencia de su pretendida falta de notificación en forma a la demandante”.

Al no realizar este examen previo que verifique la correcta notificación en los términos establecidos por el art. 58 de la antigua LJPAC y el art. 40 de la actual LPAC (que exigen que la notificación de los actos administrativos indique, además de otros extremos, los recursos procedentes frente a dichos actos), el Tribunal Superior de Justicia está permitiendo que la Administración se pueda beneficiar de sus propias irregularidades, en perjuicio de los afectados por la resolución: “la decisión de inadmisión no guarda la debida proporcionalidad e incurre en un rigor excesivo, pues, al no examinar si la indebida actuación procesal de la recurrente podía tener su origen en los defectos en los que incurrió la administración al notificar el acto, no ha ponderado debidamente los intereses que la inadmisión del recurso sacrifica” (FJ 4.b). Esta forma de razonar “no puede considerarse acorde con las exigencias que impone el art. 24.1 CE” (FJ 4.b).

Por todo ello, el Tribunal Constitucional anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y ordena la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo (FJ 4.b). Esto supone que se ordena al Tribunal Superior de Justicia que dicte una nueva resolución admitiendo el recurso contencioso-administrativo, sin exigir la interposición del recurso de alzada previo y aunque se trate de un acto que no agota la vía administrativa.

Como valoración final de esta sentencia, resulta desde luego destacable que ponga el énfasis en la relevancia de la notificación en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y, en especial, que destaque la importancia de indicar los recursos procedentes a interponer frente al acto administrativo. Para dar cumplimiento a las garantías legalmente reconocida en la legislación básica de procedimiento administrativo, reside en la Administración la obligación de cumplir con la obligación de notificar de forma adecuada, de manera tal que, si incumple con esta obligación (o la cumple de manera incorrecta o insuficiente), no pueda resultar beneficiaria de dicha deficiencia. Por consiguiente, no cabe que los perjuicios y la carga de la diligencia resida en el destinatario del acto administrativo: no se le puede impedir acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa por no haber agotado previamente la vía administrativa a través del correspondiente recurso de alzada de cuya obligatoria interposición no tuvo conocimiento por faltar en la notificación del acto administrativo la información relativa al sistema de recursos que correspondían frente a dicho acto.

A esto hay que añadir que la Sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia no sólo a la LRJPAC (norma aplicable en el supuesto ahora enjuiciado), sino que también incluye una mención a la actualmente vigente Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que es expresamente citada. Esta referencia expresa a la LPAC, junto a la identidad entre el contenido del antiguo art. 58 LRJPAC y del actual art. 40 LPAC, permite entender que la doctrina sentada por esta sentencia se aplica tanto a las tradicionales notificaciones documentales, en papel, como a lasnotificaciones electrónicas. Igualmente, parece razonable entender que la necesidad de cumplir con estas garantías se ha de extender a todo tipo de actos que se deban notificar a los interesados. Así, la indicación de si los actos agotan o no la vía administrativa (a los que expresamente se refiere la sentencia, FJ 4, primer párrafo), pero también debería extenderse a los actos de trámite (y no sólo a los definitivos) y a la notificación de actos que afecten a terceros con intereses legítimos, así como, más allá de la notificación personal, a la notificación a través de publicación, cuando proceda.

Deja un comentario

*