Blog

Plusvalía municipal a pesar de pérdida de valor y el recurso contencioso como carga (Germán Orón)

Plusvalía municipal a pesar de pérdida de valor y el recurso contencioso como carga

Germán Orón Moratal
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Jaume I de Castellón

 

Hay ocasiones en que se acude a los Tribunales para obtener una sentencia que resuelva un conflicto, precisamente porque no está claro a quién le corresponde la razón o el derecho. En otros casos, sin embargo, se acude para el reconocimiento o declaración de un derecho que es evidente que le corresponde al reclamante, pero que la contraparte no le reconoce si no hay decisión judicial, algo que es especialmente grave cuando esa contraparte es la Administración. Si destruir la presunción de legalidad de los actos administrativos es una necesidad para evitar determinados perjuicios, pues el recurso no es ningún derecho de los contribuyentes, hay casos en los que la carga que supone puede ser abusiva además de injustificada.


La pérdida de valor de la propiedad inmobiliaria en los últimos años ha provocado no pocos problemas en relación con la aplicación de los impuestos, y sin duda va a seguir generándolos, por ejemplo en las minusvalías en el IRPF para los vendedores, o en el valor de adquisición para los compradores a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y también en el conocido como impuesto municipal de plusvalías, en cuya aplicación podemos encontrar situaciones que dan lugar a recursos judiciales que debieran ser innecesarios.

El impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos está diseñado para hipótesis en las que el terreno se revaloriza o al menos mantiene su valor, y con independencia de que la acción urbanística de los poderes públicos haya incidido en el eventual incremento, dado que actualmente y en la mayoría de los casos son los propietarios quienes asumen los costes de urbanización.

Para evitar alguno de los efectos más desafortunados que ese diseño comporta, se han adoptado algunas medidas legales en los últimos años, como por ejemplo la exención en caso de dación en pago por personas físicas de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de la deuda, o en caso de similares transmisiones realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Exención aplicable únicamente si se trata de la vivienda habitual y se carece de otros bienes, y que evita que tenga que soportar el impuesto quien no ha podido pagar las cuotas del crédito hipotecario y que además se queda sin la vivienda, algo que clamaba al cielo.

En la mayoría de esos casos, el importe del préstamo que se pretende extinguir puede ser mayor al del valor de inmueble que se entrega, o lo que es lo mismo, se transmite el inmueble con un valor inferior al que se satisfizo en su adquisición.

Pero fuera de esos casos, también es moneda corriente en los últimos tiempos la venta de propiedad inmobiliaria con pérdidas, por la evidente devaluación de la construcción y del terreno sobre el que se asienta y que grava el impuesto. Sin embargo, las consecuencias legales del impuesto municipal de plusvalía prescinden de esa realidad, pues, en todo caso, las normas legales tienen como resultado que hay incremento de valor del terreno, esto es, que siempre hay ganancia y que debe gravarse, pues se trata de normas que pueden dar lugar a gravar plusvalías inexistentes, y además la misma regla legal de valoración dificulta probar que dicha plusvalía no ha existido y que en realidad hay una pérdida.

El Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de Donostia, planteó la cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015, publicada en el BOE de 30 de abril pasado, por tener dudas de que el régimen legal sea conforme al derecho de tutela judicial efectiva y al principio de capacidad económica. Con esta decisión, el magistrado, para hacer justicia, ha optado por un camino distinto al de otros Juzgados y Tribunales, que en reiteradas ocasiones ya han resuelto que en estos casos en que el valor de transmisión del terreno es inferior al de la previa adquisición se produce un supuesto de no sujeción, y por tanto es improcedente la aplicación del impuesto, precisamente por la inexistencia de incremento de valor.

La cuestión de inconstitucionalidad ha generado cierta preocupación por la pérdida de ingresos, no sólo en las entidades locales, por si prospera y pierden una fuente de financiación y además se ven en la situación de tener que reintegrar cantidades ya ingresadas, sino también en el sector profesional, por si no prosperase y en ese caso haya quien concluya que ya no es posible la no sujeción apreciada por muchos Tribunales, y el impuesto fuera exigible aun cuando el valor del terreno fuese inferior.

Los fundamentos del auto que plantea la cuestión de inconstitucionalidad están adecuadamente razonados, y es el Tribunal Constitucional quien debe pronunciarse sobre el fondo al haber admitido a trámite la misma, aun cuando no será sencillo justificar el gravamen de una capacidad económica inexistente. Mientras tanto sigue siendo necesario acudir a los Tribunales para que en estos casos no se aplique el impuesto.

Hasta el pronunciamiento por el Tribunal Constitucional podremos seguir viendo cómo hay Juzgados y Tribunales que siguen considerando que al no haber incremento de valor no se realiza el hecho imponible y por tanto no procede el gravamen, como así ha ocurrido; otros que quizá paralicen la tramitación de los asuntos pendientes hasta que se dicte la sentencia constitucional, y quizá otros Jueces, cada vez menos, sigan aplicando el vigente tenor de la ley, como hacen las distintas Administraciones locales que cuentan con este impuesto.

Ahora bien, una eventual confirmación de la constitucionalidad del impuesto, en los términos que está regulado, lo que sí evidenciaría es la discriminación que hasta ahora se está produciendo entre los que pueden y quieren acudir a los Tribunales, frente a quienes queriendo no pueden por el coste del procedimiento judicial, singularmente cuando es superior al importe del impuesto, pues el tributo siempre se exige por la Administración local que lo tiene establecido. Esto es, quedaría la situación como hasta ahora, eso sí, debiendo acudir a los Tribunales para probar que no ha habido incremento de valor del terreno y que estos admitan esa prueba, lo que podrán hacer como ya lo han hecho muchos.

Los Ayuntamientos liquidan el impuesto o exigen la autoliquidación del mismo, siempre con una suma a ingresar, y para que esta no sea definitiva se debe acudir a los Tribunales, lo que constituye una carga, no un derecho, que además comporta gastos. Por ello, y mientras no sea modificada la Ley, la cuestión de inconstitucionalidad, además, puede tener la virtud de acabar con la discriminación entre los que se pueden pagar el derecho a recurrir y acaban no pagando u obteniendo la devolución, y los que no se pueden pagar ese derecho a recurrir y comienzan y terminan soportando el impuesto.

(NOTA. Este artículo coincide sustancialmente con el publicado en el periódico Expansión el pasado 18 de noviembre.)

Deja un comentario

*