Carmen NavarroDavid Alba

Políticas de Participación Ciudadana en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

El III Informe de la Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales (una colección de estudios de diagnóstico y análisis de las Foro_de_las_ciudadesactuaciones de los municipios madrileños que venimos desarrollando en el Instituto de Derecho Local desde 2016) aborda cuestiones de participación ciudadana. El documento elaborado por la profesora Carmen Navarro y David Alba se presentará el próximo miércoles 13 de junio en la Feria de Madrid en el marco de la tercera edición del Foro de las Ciudades, cuyo eje principal es la ciudad de los ciudadanos, proactivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que impulsan ciudades verdes, resilientes e innovadoras.

En él se hace balance de las políticas locales de participación ciudadana de los 25 municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, a partir de información recogida en las páginas web de los ayuntamientos, en estadísticas oficiales y en las entrevistas realizadas a los responsables técnicos e institucionales de una quincena de ellos. Se ofrecen resultados sobre la organización y recursos de estas políticas, el desarrollo de los mecanismos participativos, así como sobre el impacto, el nivel de actividad, los beneficios y las limitaciones de su implementación.

Para articular esta política, los ayuntamientos estudiados se han servido principalmente de un reglamento de participación ciudadana; reglamentos que en un alto porcentaje se han revisado muy recientemente o están en fase de revisión para la adaptación a los nuevos tiempos. Sin embargo, a la hora de planificar las acciones, son mayoría los consistorios que carecen de planes específicos que orienten su estrategia en este ámbito; más bien se remiten a las líneas generales de los programas de gobierno. En cuanto a los recursos, son pocos los municipios que reconocen no contar con personal dedicado a participación ciudadana y, en general, en los últimos dos años han aumentado tanto las plantillas como los presupuestos de las políticas de participación ciudadana.

En relación con el análisis de las actuaciones, encontramos que los objetivos prioritarios de la política se refieren a i) el impulso de los espacios estables de participación y ii) el apoyo y dinamización del movimiento asociativo local. En menor medida se consideran prioritarios procesos participativos sectoriales y nuevos canales de participación, principalmente, por medio de nuevas tecnologías.

Así, el impulso de los órganos estables es declarado de modo general como la prioridad principal (ej.: consejos de barrio o distrito, consejo de juventud, consejo de personas mayores, etc.). Se han identificado casi un centenar y medio de estos consejos sectoriales en el total de municipios estudiados, si bien no se puede hacer un balance preciso del grado de actividad de los mismos. Entre las novedades en su tratamiento, se está revisando la composición de estos órganos para hacer más fácil la participación del ciudadano a título individual (no organizado a través de asociaciones) y los órganos estables para el desarrollo de presupuestos participativos están ocupando terreno, a nivel de barrio o distrito.

Otro de los pilares de actuación es el apoyo a la participación colectiva de base asociativa. Todos los municipios tienen reglamentado el registro de las entidades o asociaciones ciudadanas y ponen a su disposición recursos -principalmente económicos- para el desarrollo de sus actividades, bien directamente adscritos a las políticas de participación ciudadana bien a las sectoriales de su actividad: deporte, cultura, juventud, medio ambiente, mayores, mujer, etc. Al igual que ocurría con el punto anterior, las acciones de apoyo a las asociaciones también se están reformulando, dando cabida a nuevos movimientos, no siempre organizados, que escapen de lógicas potencialmente negativas de institucionalización de estas entidades sociales.

En el capítulo de nuevas tendencias se ha detectado el refuerzo de los procesos de consultas y audiencias públicas, tanto presenciales como telemáticas, con diferentes abordajes y alcances, desde consultas para modificaciones en temas de festejos locales hasta decisiones sobre el destino de inversiones. Son éstos últimos, los procesos de presupuestos participativos, los que han ocupado gran parte de la atención de los departamentos municipales de participación ciudadana en los últimos años, por la influencia directa que tienen directamente sobre decisiones municipales y por lo que pueden entrañar de transformación de los barrios.

En resumen, el análisis nos ha enfrentado ante una rica variedad de situaciones, estrategias y formas de hacer. Los ayuntamientos desarrollan políticas diversas, lo hacen desde estructuras organizativas variadas y con apuestas económicas diferentes. Las entrevistas también nos han permitido ofrecer un cierto balance de las actuaciones de participación. En general, se considera que los distintos procesos participativos tienen un impacto medio en las decisiones municipales, apuntando a un impacto algo mayor en las consultas y procesos presenciales frente a los llevados a cabo por medio de internet e identificando el fenómeno de una cierta brecha digital. El apoyo e impulso del máximo nivel político a la política se considera el principal factor determinante del éxito de este tipo de actuaciones. Aun así, la fortaleza y calidad del tejido asociativo también se reconoce como elemento clave y valorado en segundo lugar, lo que resulta lógico en un contexto como el local en el que ambos se encuentran claramente relacionados, retroalimentándose mutuamente. Por otro lado, tanto la falta de recursos (dependiente directamente del apoyo oficial) como la falta de interés público para participar en los procesos se señalan como principales limitaciones. Entre los beneficios percibidos de estas políticas se apunta a la mejora de la toma de decisiones y de la formulación de políticas, que conllevan una mejora en la prestación de los servicios y, por otro lado, una mayor conciencia ciudadana que posibilita un mayor empoderamiento y desarrollo comunitario.

En definitiva, nos encontramos ante una política viva y dinámica, en la que podemos identificar un cierto resurgir después de años de caída tanto en su posición en la agenda política como en dotación de recursos. Parece con esto que el gobierno local sigue demostrando su mayor capacidad de innovación, de voluntad de mejora de sus procesos democráticos y de adaptación a los nuevos tiempos.

 

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