César Martínez Sánchez

Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal… (César Martínez)

Se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, pero esto es solo un remedio temporal…

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Esta norma es fruto de la negociación con las entidades locales, que desde comienzos de año venían reclamando, entre otras cuestiones, la habilitación legal necesaria para destinar el superávit de 2017 a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

OBRAS-MEJORA-PINTURA-PICADO-PATIO-CEIP-COLEGIO-FREGACEDOS-10-copia-1

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará “a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda”.

Frente a la regla general anterior, existe una regla especial, establecida en la disposición adicional sexta de la LOEPSF, en virtud de la cual aquellas entidades locales que cumplan determinados requisitos podrán destinar el superávit a “financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible”.

Esta autorización excepcional se realizó exclusivamente para el ejercicio 2014, si bien se previó en la mencionada disposición que en relación con ejercicios posteriores a 2014, “mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo”.

Como no se ha aprobado aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se ha procedido a la promulgación del citado decreto-ley a fin de prorrogar la posibilidad de destinar el superávit de 2017 a la realización de este tipo de inversiones. Al igual que se hizo en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que ya han transcurrido los primeros tres meses del año, se va a permitir que aquellos gastos que lleguen a la fase de autorización en 2018, puedan ejecutarse completamente en 2019.

Junto a lo anterior, la norma ha modificado la definición de IFS que aparece en la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Las modificaciones más relevantes son las siguientes:

  • Inclusión en la letra “A” del programa “160. Alcantarillado”.
  • Inclusión en la letra “B” de los siguientes programas:

o   “132. Seguridad y Orden Público”.

o   “135. Protección civil”.

o   “136. Servicio de prevención y extinción de incendios”.

o   “231. Asistencia social primaria”.

o   “321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria”.

o   “323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial”.

o   “332. Bibliotecas y Archivos”.

o   “333. Equipamientos culturales y museos”.

o   “342. Instalaciones deportivas”.

o   Inclusión en el programa “933. Gestión del patrimonio” de las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

  • Modificación del umbral para solicitar autorización previa a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, de forma que ahora el gasto ha de ser superior a 15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local.
  • Se ha posibilitado la financiación de gastos de mobiliario y enseres que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas autorizados. Igualmente se ha ampliado la posibilidad de realizar inversiones en vehículos, de suerte que será posible para aquellos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros.

En definitiva, este decreto-ley va a servir para resolver la parálisis en la que se encontraban muchos municipios que habían cerrado 2017 con superávit (destacando entre todos la ciudad de Madrid, con un superávit de 1.120 millones de euros). Sin embargo, aún resta una reflexión más profunda acerca del sentido y la oportunidad de la actual obligación de destinar todo el superávit a la amortización anticipada de deuda, así como acerca de la actual configuración de la regla de gasto.

Leave a Reply