Francisco Velasco Caballero

Sobre el Proyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Francisco Velasco Caballero)

Sobre el Proyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

Está en tramitación parlamentaria, en la Asamblea de Madrid, el proyecto de nueva Ley del Suelo. Fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad, y ahora están forjándose acuerdos en torno a enmiendas al articulado. Es probable, según el estado de cosas actual, que hacia primavera tengamos nueva Ley del Suelo. Con esta perspectiva, en un hilo de entradas que ahora se inicia, voy a ir destacando algunos elementos relevantes del proyecto de ley, y destacando dónde son imprescindibles las correcciones, muchas de ellas ya formuladas en forma de enmiendas al articulado.

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La elaboración del proyecto estaba justificada. La actual LSM de 2001 presentaba múltiples zonas oscuras e insuficiencias que no han sido superadas con el paso del tiempo. Más bien, sucesivos cambios normativos tanto del Estado como de la propia Comunidad de Madrid han ido añadiendo incongruencia y complejidad a la vigente LSM.

a) De un lado, la Asamblea de Madrid, normalmente a través de las leyes de acompañamiento a las de presupuestos anuales, ha introducido múltiples modificaciones parciales –aunque no secundarias- en el texto inicial de la LSM. Aquí se cuentan las modificaciones de ida y vuelta en los estándares urbanísticos del art. 36 LSM (así, en la fijación de un máximo edificatorio de cuatro alturas), la ampliación de las posibles modificaciones parciales del planeamiento (frente a las revisiones), o una incomprensible flexibilización del régimen de usos “excepcionales” del suelo no urbanizable de protección.

b) De otro lado, en paralelo a la LSM se ha ido formando un bloque normativo sobre los controles administrativos previos al ejercicio de actividades económicas que, simplemente, no casa con el sistema original de licencias urbanísticas regulado en los arts. 151 y siguientes de la LSM. La sustitución de las licencias de actividades por previas declaraciones responsables, inicialmente introducido por el Estado pero impulsado decididamente por la Ley madrileña Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, sumado a la decisión autonómica de favorecer la actividad de control de las entidades colaboradoras urbanísticas (siguiendo la estela de la iniciativa original del Ayuntamiento de Madrid), ha generado un cuerpo normativo sobre controles urbanísticos municipales que corre paralelo –y a veces contradice- la regulación de la LSM. Piénsese en el llamativo caso de las obras de acondicionamiento de locales comerciales, que no se rigen por la LSM sino, curiosamente, por la mencionada Ley 2/2011. Estas incoherencias justificaban una reforma. Otra cosa es que, como luego se verá, el proyecto de ley no haya atinado en las soluciones.

c) De lado del Estado, la Ley de Suelo de 2007-2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) había alterado de forma relevante las “condiciones básicas” sobre las que se asienta el Derecho urbanístico autonómico. La distinción estatal entre dos “situaciones básicas” del suelo (rural y urbanizado) y la irrupción de un régimen jurídico propio para la transformación urbanística (desconectado de la clase de suelo específica en que tenga lugar) ha producido claras dificultades aplicativas para una LSM que define el régimen jurídico del suelo en torno a su clasificación y categorización. Además, mediante la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas (hoy integrada en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2015), el Estado se ha apeado de la tradicional política de desarrollo urbanístico (que viene de la Ley del Suelo de 1956) y ha optado por la recuperación de la ciudad existente, lo que se ha plasmado en múltiples instrumentos técnico-urbanísticos (como las actuaciones de dotación, la eficiencia técnica de edificios o la previsión de complejos urbanísticos para la implantación superpuesta de usos dotacionales y lucrativos). Estos instrumentos estatales no tienen fácil encaje en una LSM aún dirigida a la generación de nuevo suelo urbanizado.

d) También, la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, había introducido ya un sistema general de evaluación ambiental estratégica de los planes que no casaba con la regulación procedimental de la LSM. Era necesaria una adaptación del procedimiento de elaboración de planes a las exigencias procedimentales ambientales.

Por lo dicho, hay razones suficientes para una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid. Cuestión distinta es si las necesidades ya apuntadas han encontrado respuesta adecuada en el proyecto de nueva LSM. En mi opinión, el notorio deseo de conservar la estructura normativa de la LSM-2001 ha dificultado la redacción de un texto legal armónico y aplicable. El mantenimiento formal de tres clases de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), más el mantenimiento de dos categorías de suelo urbano (consolidado frente a no consolidado) produce dificultades en la ejecución de las posibilidades de rehabilitación, regeneración y renovación que impulsa el TRLS 2015. Además, el mantenimiento de la actual tipología de planes urbanísticos, casi sin variación, provoca disfunciones a la hora de ordenar las “actuaciones sobre el medio urbano” que contempla el propio proyecto de LSM. Y lo mismo se puede decir del sistema de controles urbanísticos previos, por completo de espaldas a la realidad de las declaraciones responsables, hoy normalizadas para las obras en locales comerciales al amparo de la Ley madrileña 2/2012. Con todo, la crítica más intensa al proyecto se refiere al escaso respeto a la autonomía local, sobre todo en la renovación de la ciudad existente: el proyecto de LSM permite abiertamente a la Comunidad de Madrid definir y ejecutar, prácticamente al margen de los ayuntamientos, “actuaciones sobre el medio urbano”. Esta ampliación de los poderes autonómicos reduce notoriamente el ámbito de autonomía urbanística municipal existente. Traspasando incluso la línea de la validez constitucional. Tómense los parlamentarios estas advertencias en serio. Hoy que tanto hablamos de defender la Constitución (frente a otros) es conveniente mostrar también respeto constitucional en las propias iniciativas legislativas.

 

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