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Contratación Pública

La reestructuración del sector público a partir de la normativa de contratación pública y de disciplina presupuestaria

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Primer Premio del CEF 2019 / Derecho Constitucional y Administrativo

Silvia Díez Sastre y Ester Marco Peñas
Instituto de Derecho Local

Las normas relativas a la organización del sector público, la gestión de servicios públicos y el control del gasto público han experimentado un profundo proceso de europeización, que se ha intensificado con ocasión de la crisis económica. La libertad de los Estados miembros en la configuración y utilización de sus entidades instrumentales y en la selección de las formas de gestión de sus servicios se ha recortado progresivamente de la mano de dos sectores de regulación europea: por un lado, la contratación pública y, por otro lado, la disciplina presupuestaria. Ninguna de estas regulaciones establece mandatos específicos relativos a la auto-organización del sector público; es más, expresamente prevén la libertad de los Estados miembros para elegir el modo en que prestar sus servicios y ejercer sus competencias -sirva de ejemplo, el considerando 5 Directiva 2014/24/UE-. Sin embargo, su impacto en la conducta de las Administraciones territoriales es innegable. De forma indirecta crean incentivos dirigidos a reestructurar y, llegado el caso, reducir el número de entidades instrumentales. Asimismo, crean estímulos para acudir al mercado, en lugar de utilizar los propios medios, para satisfacer las necesidades públicas. La falta de un título competencial europeo en materia de organización administrativa y de gestión de servicios de los Estados miembros se suple, de este modo, a través del ejercicio de competencias relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior y de la economía.

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Del contrato administrativo al contrato público estratégico en cuarenta años

By | Especial Blog 40 años de Elecciones Municipales | No Comments

La evolución de la contratación pública en los últimos cuarenta años es uno de los mejores ejemplos de la profunda europeización que ha experimentado el Derecho administrativo desde la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas. La toma de conciencia de las instituciones europeas de la importancia económica de la contratación pública se ha materializado en una intensa jurisprudencia y un continuo proceso de creación normativa que ha ocasionado un fuerte impacto en el ordenamiento jurídico nacional. Ese impacto puede observarse, al menos, en tres planos: sistemático, conceptual y organizativo.

 

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“Guía de Integridad en la Contratación Pública”

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La “Guía de Integridad en la Contratación Pública Local”, publicado por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, presenta las claves de la actual regulación de la contratación pública, así como las medidas necesarias para garantizar la integridad y la transparencia a lo largo de todas las fases de la contratación.

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La obligatoriedad de las instrucciones de la OIRESCON

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El pasado 28 de febrero se aprobó la primera instrucción dictada por la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIRESCON). Su contenido se dedica a una de las cuestiones más controvertidas en materia de contratación pública: la interpretación del alcance del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). No interesa ahora, sin embargo, analizar los criterios que ha preferido la Oficina para aplicar el precepto referido -aunque, sin duda, suscitarán numerosos comentarios e interpretaciones-. En este momento el principal interés de la instrucción reside, a mi juicio, en la determinación del alcance de su fuerza vinculante que, a su vez, marca la posición institucional de la OIRESCON en la organización administrativa de la contratación pública.

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Doctrina

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  • “La subida del salario mínimo interprofesional para 2019. Incidencia y actuaciones a realizar en los contratos públicos. Análisis de la solución planteada por la Abogacía del Estado”, Martínez Fernández, J.M.

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Contratación pública y riesgo en términos de Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010)

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La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, toma como elemento determinante de la existencia de un contrato de concesión, de obras o de servicios, que el concesionario asuma el denominado “riesgo operacional”. La toma en consideración de la distribución del riesgo, además de para la calificación del contrato, tiene trascendencia en otros ámbitos como, por ejemplo, su incidencia en los niveles de déficit y deuda públicos (en aplicación del Sistema Europeo de Cuentas, SEC-2010, aprobado por el Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013).

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